Es un hecho que los servicios financieros con aplicaciones en el celular han marcado y seguirán marcando la tendencia en el futuro para tener acceso a la inclusión financiera; son ya más de 46 millones de contratos en el sistema financiero mexicano bajo esta modalidad, además que en el otro lado de la moneda, las sucursales poco a poco empiezan a disminuir y transformar su presencia en la banca comercial.
Si bien la pandemia aportó al crecimiento de la inclusión financiera por esa vía, al analizarse a detalle, en México estos casi 20 meses que se han vivido con el COVID-19 la inclusión financiera ha tenido un retroceso a nivel nacional, pero lo más triste es que en las entidades con mayor atraso económico como son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con pandemia o sin ella, se mantuvo sin avances la inclusión financiera. Tlaxcala y Zacatecas también son considerados entre las cinco entidades con muy baja inclusión financiera, de acuerdo con el índice de Inclusión Financiera realizado por Citibanamex.
Si bien podrán tener ya, al término de este sexenio, presencia de sucursales bancarias en todos los municipios del país, esto de acuerdo con el compromiso hecho por la Asociación de Bancos de México (ABM) al principio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso no significa necesariamente que la población se acercará a ellas, o que optarán por dejar de usar el efectivo por manejar servicios financieros de manera digital, ya que una de las grandes barreras es también la falta de educación financiera y en esas entidades también falta que exista un mayor dinamismo de la economía.
Porque sucursales bancarias y servicios financieros en una población en donde no hay fuentes de empleo formales, es decir actividad económica o que vive básicamente de remesas que les envía su familia desde el extranjero, poco ayudará a la inclusión financiera a reducir la pobreza o que tengan más acceso al crédito, por lo que el crecimiento de la economía es una de las partes clave, en la que el gobierno federal debe enfocarse y promover junto con la iniciativa privada, tarea que con las circunstancias actuales se ve difícil, por lo que no nos extrañe que el rezago de la inclusión financiera en las entidades y municipios con menor desarrollo económico siga sin cambios los próximos años, aún con nuevas y flamantes sucursales bancarias en sus calles.
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Y en el otro lado de la moneda, solo para que se den una idea del arduo trabajo del área de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que en algunos temas colabora con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –centro del debate en los últimos días–, el año pasado la vicepresidencia de la CNBV de procesos preventivos atendió 133 mil 786 requerimientos de información formulados por las autoridades hacendarias, federales, judiciales y administrativas, lo que significó 5.4 millones de oficios dirigidos a entidades financieras y 160 mil oficios de respuesta a las autoridades, así como un total de 121 mil 227 requerimientos concluidos al cierre de 2020; de ese tamaño es el trabajo del organismo supervisor y regulador, procesos que no pueden ponerse en pausa ni de broma, porque si bien hay temas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) o bloqueo de cuentas, también en esa área de la CNBV se encargan de rastrear cuentas tanto de aquellos padres deudores de pensiones alimentarias como embargos de cuentas por procesos laborales; en fin, la lista es larga y un área fundamental para millones de personas, trabajo que es realizado por un compacto grupo de funcionarios públicos que no han tirado la toalla y siguen al pie del cañón; muy bien por ellos, esperemos que los cambios en el regulador no afecten esta dinámica de trabajo y sean para mejorar. Por lo pronto, la moneda está en el aire.