El fiscal de hierro

México de luto

Si los que tienen la sagrada función de defender la seguridad del Estado mexicano no pueden caminar con seguridad por la vía pública, entonces el ciudadano común ya no tiene ninguna posibilidad de subsistir.

La brutal e inesperada ejecución del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es prueba plena de que el crimen organizado no va a detenerse ante nada y ante nadie, pues no solo arrasa con el ciudadano común, sino que ahora también contra los servidores públicos.

¿Hasta dónde pretende llegar el crimen organizado? ¿Hasta qué grado llegan para que un servidor público —electo para hacer valer la ley y proteger a la ciudadanía—, sea abatido descaradamente ante decenas de testigos?

El asesinato de Manzo deja profundamente claro que existen diversos funcionarios del gobierno estatal que se encuentran coludidos con el crimen organizado y fue esto lo que produjo esta tragedia.

No es la primera vez que se ve en nuestro país; tal vez en esta ocasión se dio mayor visibilidad; sin embargo, lo cierto es que muchos que han alzado la voz han caído en manos de quienes silencian.

No hace mucho vivimos tragedias similares, como los jóvenes empleados de Clara Brugada que perecieron, también, en público y a la vista de muchos.

Por eso yo me pregunto: si quienes tienen un cargo público están en este riesgo constante y latente, ¿qué podemos esperar todo el resto de los mexicanos? Si los que se supone que nos cuidan están siendo acribillados, ¿qué esperanza tiene la ciudadanía?

El frío asesinato del alcalde de Uruapan no es un hecho aislado. Es la evidencia irrefutable de que vivimos bajo el temor absoluto de la amenaza constante de la delincuencia, que los diarios esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no son suficientes si los gobiernos estatales no abrazan la misma lucha o tienen la misma convicción que algunos pocos las tienen para combatir el crimen organizado.

Michoacán es de aquellos estados que ya registra varios alcaldes muertos o bajo amenaza; mientras tanto, el gobierno michoacano pretende distraer al pueblo con discursos de combate a la delincuencia, a la inseguridad y a la impunidad. Todas son solo promesas, porque los resultados apuntan tan solo a calles llenas de sangre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su gabinete no han cesado en apostar en utilizar la fuerza del Estado para combatir la criminalidad, pero es claro que el crimen organizado reta al poder público de la presidenta con estas acciones de violencia; por ende, el Estado mexicano debe doblar la apuesta contra el crimen organizado, utilizar todas las herramientas del Estado para abatir, desmantelar y destruir a todos aquellos que participen de manera directa e indirecta con el crimen organizado, sin importar el color del partido político al que pertenezcan.

De esta manera obtendrán resultados. La fórmula es muy simple: si los que tienen la sagrada función de defender la seguridad del Estado mexicano no pueden caminar con seguridad por la vía pública, entonces el ciudadano común ya no tiene ninguna posibilidad de subsistir; por ende, debe existir un espíritu de cuerpo, de unión y de cooperación entre todos aquellos funcionarios públicos para que estos puedan combatir la delincuencia y de ahí cuidar la seguridad de los más desprotegidos, que son los ciudadanos mexicanos.

Por esto, es imperativo que el gobierno, al reconocer la magnitud del problema, modifique de forma radical la realidad, que garantice seguridad y que destruya la vulnerabilidad de los mexicanos utilizando como medio toda la fuerza del Estado y dando el mismo trato a los criminales que ellos nos dan.

Necesitamos entender, de verdad, que la justicia no es un favor, es una exigencia, un derecho y una obligación.

La seguridad y el Estado de derecho no son valores opcionales y es el gobierno federal, pero fundamentalmente los gobiernos estatales, los que están obligados a proporcionarlos.

Si no pueden, dejen el puesto y permitan que alguien que tenga el compromiso lo tome.

Ya no puede haber más alcaldes abatidos, ya no puede haber periodistas callados, ya no puede haber abogados acribillados, ya no puede haber miramientos; se solicita que se desate la fuerza del Estado contra el crimen organizado.

Que no haya más ciudadanos, sean servidores públicos o no, que duerman con miedo en sus propios hogares.

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