A once meses de haber asumido el cargo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha modificado el rumbo de la política de seguridad en México. El viraje es evidente: de la inacción heredada del “abrazos, no balazos”, pasamos a la reactivación de investigaciones que, aunque conocidas y denunciadas durante años, habían quedado sepultadas en los escritorios de la Fiscalía General de la República.
La oposición ya había alzado la voz desde hace más de cuatro años sobre la ilegal introducción de hidrocarburos y sus derivados al país. Sin embargo, ninguna denuncia prosperó. El silencio institucional fue tan estridente como el daño económico que representaba este saqueo. Hoy, con el respaldo de la presidenta y los cambios impulsados por Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, finalmente se encienden las luces de la justicia en un terreno plagado de impunidad: las aduanas.
Las recientes detenciones de exfuncionarios de la administración pasada marcan un parteaguas. La política del perdón indiscriminado queda atrás. Por primera vez en mucho tiempo, el mensaje parece claro: no habrá intocables, no importa el partido ni la investidura. La señal enviada es tan contundente como necesaria: la justicia no puede seguir condicionada a cálculos políticos.
Pero en este relato, los reflectores suelen apuntar solo hacia arriba. Y es justo en ese punto donde conviene detenernos. ¿Dónde están los verdaderos héroes? No en los discursos ni en los boletines oficiales, sino en los pasillos de las fiscalías, en las oficinas saturadas de expedientes y en los operativos donde se juega la vida.
Cinco meses atrás, César Oliveros Aparicio, excoordinador General de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, asumió la responsabilidad de encabezar, junto con su equipo, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Desde ahí, ministerios públicos, policías y fiscales trabajan a marchas forzadas, lejos de las cámaras, enfrentando presiones, riesgos y amenazas. A ellos debemos el reconocimiento mayor. Porque son la prueba viviente de que el país no está condenado a la derrota: todavía hay servidores públicos que creen en la ley y que, con voluntad, hacen que funcione.
El mérito no es menor. Esos héroes anónimos nos recuerdan que la justicia, cuando se ejerce con decisión, es la fuerza más poderosa del Estado mexicano. Sin embargo, esta batalla apenas comienza. La red de omisiones, complicidades y encubrimientos que permitió el saqueo del sexenio pasado sigue intacta en muchos rincones. No basta con detener a unos cuantos nombres visibles; la justicia debe alcanzar a todos, sin distingo de partido ni cargo.
La presidenta ha dado un manotazo firme sobre la mesa, pero la verdadera prueba será sostenerlo en el tiempo. Los ciudadanos no solo pedimos esperanza: exigimos continuidad, profundidad y resultados. Porque un país no se transforma con discursos, sino con justicia que se cumple y se siente en cada rincón.