El pasado 4 de agosto, en Reynosa, Tamaulipas, a plena luz del día y en una vialidad concurrida, un comando atacó con explosivos y ráfagas de fuego a Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República (FGR). Una granada, un vehículo en llamas, detonaciones a quemarropa y un servidor público sin vida al lado de su camioneta. Esta es la escena que México presenció, otra vez, con impotencia.
Me pregunto: ¿Qué ha pasado con la autoridad? ¿Dónde está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Dónde está la Guardia Nacional? Y, sobre todo, ¿dónde está la Fiscalía General de la República? Cuando nada evita un atentado como este, ni siquiera cuando el sujeto pasivo es la Federación, ¿qué podemos esperar los particulares?
Lo que ocurrió en Reynosa confirma una realidad incontrovertible: la delincuencia organizada ha normalizado el poseer armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y utilizarlas contra las propias instituciones, y ha decidido que el horario de oficina también es de su propiedad. No es un exceso decir que vivimos bajo un Estado de delincuencia; la realidad es la prueba.
Esto no es un hecho aislado. Hace semanas, dos colaboradores de la jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada, fueron asesinados en Calzada de Tlalpan, con precisión y descaro similar al suceso narrado en párrafos anteriores. México volvió a ver la misma escena: ejecución a plena luz del día, sin consecuencias y sin miedo a represalias.
Yo recuerdo otros tiempos. Cuando tuve el honor de servir a mi patria como subprocurador de la República, la consigna era clara: la ley se ejerce, no se declama.
A finales de 1989, en la persecución e investigación de Francisco Flavio Quijano Santoyo, “El Avispón Verde”, por asaltos a camiones de vino, nuestros agentes lo siguieron hasta la cafetería La Habana. Hubo fuego cruzado. Dos de nuestros elementos cayeron cumpliendo con su deber. Esa noche, en el funeral, vi lentes oscuros y lágrimas en el rostro de muchos de los compañeros.
Ese mismo sábado, reunidos todos en el auditorio de la Procuraduría General de la República, rompí el protocolo: no quería discursos, ni lágrimas, ni tiempo perdido, quería un propósito, necesitaba acción. Lo dije sin rodeos: “Me da pena ver tanto cobarde llorando sin hacer nada. A partir de hoy, por cada uno de los nuestros, diez de ellos”.
La delincuencia no se combate con discursos y mucho menos con abrazos. Se le hace frente, se les pone mano dura y se les da un manotazo en la mesa. Por lo tanto, lo sucedido en Reynosa amerita represalias diez veces más efectivas, más eficientes.
Por eso, me dirijo a ustedes, los de abajo: agentes del Ministerio Público, policías de investigación, policía preventiva, servidores públicos. Ustedes son el Estado, los que tocan las puertas, los que hacen presencia física, los que hacen frente directamente. El poder se ejerce, no se ostenta. Son ustedes, los de abajo, los verdaderos servidores públicos, los verdaderos encargados de la procuración de justicia en nuestro país, los verdaderos garantes de la persecución del delito.
Dejen de escudarse en el famoso y desgastante cuento de “es que no me han ordenado”; las órdenes las da ya la ley. Deben ser ustedes quienes pongan un alto, no sus jefes, no los políticos, ustedes, quienes deben levantarse y negarle a la delincuencia su ilimitado permiso de levantarles la mano.
Señores, por cada uno de ustedes, diez de ellos.
A los de arriba les digo: el día que el hartazgo llegue a sus subordinados, será aquel en el que se les acabe su negocio de voltear hacia el otro lado; será ese el día en que se cumpla su falso discurso sobre la impunidad que lleva rebuznando el Ejecutivo desde hace más de seis años.
A la memoria del licenciado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna no se le debe honrar con lutos burocráticos y significativos, sino con resultados medibles.
La hora de la ley es ahora; la hora de recuperar el gobierno de México de las manos de la delincuencia es ahora.
Por eso, por cada uno de los nuestros, diez de ellos.