Duele aceptarlo, pero el “paro” que mantiene paralizado al Poder Judicial de la Ciudad de México se ha convertido en el arma que hiere a quienes jura proteger: la ciudadanía. Nadie discute que el salario de los trabajadores de los juzgados sea una injusticia. Nadie niega que el mero vistazo a la nómina es un insulto. Sin embargo, la pregunta es obligada: ¿a quién se castiga cuando se suspenden audiencias, se vencen términos y se deja en pausa la vida de miles de justiciables? Desde luego, no al gobierno.
Una madre soltera, que espera años para que un juez fije la pensión alimenticia de sus hijos. Cuando por fin llega la fecha, el “paro” la borra del calendario. ¿Será ese golpe aquello que doblegue a las autoridades? La respuesta es no. Ellos continúan cobrando íntegro su sueldo y utilizando la indiferencia como regla de trato. El dolor lo paga el ciudadano, ese que jamás saldrá en la portada del periódico o en el noticiero de la mañana.
Esto no es nuevo. Pensemos en la CNTE: cierres de escuelas, bloqueos de carreteras y plantones en el Zócalo capitalino. Los niños sin clases, los padres sin certeza, el país sin futuro. Todo esto, cosa que no sirvió de absolutamente nada. El resultado se produjo hasta que los manifestantes amenazaron con tirar las elecciones al Poder Judicial del 1 de junio de 2025. La lección es clara: el gobernante solo se inmuta cuando el problema explota en su oficina, no cuando estalla en la calle.
Por eso debe sostenerse que parar tribunales equivale a regalar vacaciones al gobierno capitalino. Los procesos penales se pausan y los delincuentes se burlan, porque la justicia no camina.
Hay otras rutas, rutas que pegan en donde duele. Que se actúe en contra, exclusivamente, de las dependencias e instituciones gubernamentales; que los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia desahoguen exclusivamente las diligencias de los particulares y beneficio de los particulares; mientras que aquello que corresponda al beneficio de gobierno sea pausado. Se debe atacar con cachetadas con “guante blanco”, no con acciones que afecten al pueblo.
Lo mismo aplica para las víctimas que bloquean las avenidas principales desesperadas por la indiferencia de las instituciones de procuración de justicia. ¿Por qué reventar el tránsito de miles? Cierren mejor el tránsito del Fiscal y, entonces, los escucharán. Después de todo, lo que a ellos no les afecta, no les interesa.
Esto no es un regaño al trabajador, al contrario, ha de defendérselo. Pero un derecho mal ejercido se convierte en injusticia. El “paro” judicial ha provocado grandes estragos: abogados sin avances, víctimas sin medidas de protección, gente inocente privada de la libertad, entre otras cosas. El enfoque debe ser distinto.
Sé que muchos servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México comparten esta rabia. Saben que la máquina se lubrica con su esfuerzo diario. Tienen, por tanto, un poder enorme: exhibir la apatía gubernamental sin sacrificar al usuario.
Protestar es un arte de precisión, no un bombardeo aleatorio.
Al Ejecutivo de la Ciudad de México le digo: si lastiman a los servidores públicos mediante injusticias, producirán ingobernabilidad. Y a los manifestantes les digo: dejen de tomar rehenes civiles y enfoquen sus fuerzas en los verdaderos responsables. Solo así ganarán la simpatía popular y obtendrán lo que merecen: un salario digno y respeto institucional.
No debemos olvidar que cada audiencia suspendida equivale a una historia rota. Son personas que mucho han soportado injusticias. Cada día de “paro” es un día ganado para los que lucran con la burocracia, y un día perdido para el ciudadano.