Hay cosas que cuesta trabajo creer. Hay otras que, por más que uno no quiera, se presentan con una crudeza tal, que sería inhumano ignorarlas. Lo que se vive en Culiacán y, en general, en el estado de Sinaloa, recientemente, es uno de esos casos.
Una balacera entre grupos de delincuencia organizada, aparentemente “La chapiza” contra otra fracción rival, en una zona que parece ser residencial, con armas largas y de alto calibre, disparándose entre camionetas blindadas, como si fuera una película bélica o un videojuego de guerra. Todo grabado y subido a redes sociales, presumido como si fuera un logro. Sin pudor. Sin vergüenza. Sin consecuencias.
¿Y el Estado mexicano? ¿Y las autoridades? ¿Y la justicia? ¿Y el gobierno? ¿Dónde están? Ya no hablemos de contención del hecho; no se previene, ni siquiera, que estos videos se difundan. Los grupos de delincuencia organizada ya hasta se manejan con “marketing” y nadie hace nada.
Vivimos en un país que se desangra todos los días; las cifras son espeluznantes y las víctimas incontables. Y lo más grave: la normalización. La sociedad ya no se indigna. En 24 horas, comparten el video, opinan en redes y, al día siguiente, volvemos a la rutina, hasta la próxima masacre.
Algo en este caso merece que nos detengamos a reflexionar. No porque sea el único, sino porque simboliza el propio descaro. Esto es una muestra de lo que hemos tolerado con tal de no ver de frente la realidad.
La realidad es esta: la delincuencia organizada se ha apoderado de regiones enteras de nuestro país; y la omisión, la negligencia e incluso la complicidad por parte del Estado es una vergüenza, ya no solo nacional, sino a los ojos del mundo.
Sin embargo, nos encontramos ante la comodidad del señalamiento dentro de la burocracia. Es muy fácil para los gobernadores de los estados señalar con el dedo a la Federación. Sí, claro, muchos de estos hechos delictivos son competencia de la Federación, pero la prevención del delito, la protección ciudadana, la institucionalidad, es responsabilidad, también, del gobierno estatal y municipal.
Sinaloa es el ejemplo más claro. ¿Dónde está Rubén Rocha Moya? ¿Qué tiene que pasar para que el gobernador dé la cara? ¿Qué tan grande tiene que ser la masacre para que entienda que su estado está sobajado por la delincuencia organizada o, en su defecto, para que cese en la complicidad?
Estamos hablando de un hecho en el que se utilizaron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, en calles habitadas, en zonas donde viven familias enteras, niños y adultos mayores. No fue un enfrentamiento aislado y lejano. No fue una persecución que simplemente se dio. Fue una batalla abierta, una guerra callejera, sin presencia del Estado, sin intervención alguna de los cuerpos de Seguridad Pública y Ciudadana. ¿Y Rocha? Bien, gracias.
¿Qué se va a hacer en Sinaloa? ¿Cuál es la estrategia de seguridad del gobierno local? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Dónde está la coordinación? ¿Y la voluntad política? Lo que hay es miedo, desinterés y entera complicidad.
No nos engañemos. Para que los grupos de delincuencia organizada operen con este nivel de libertad, alguien tiene que permitírselo. O, al menos, tienen que hacerse de la vista gorda.
Desde que Rocha Moya asumió la gobernatura, la violencia en Sinaloa ha empeorado. No solo en números, sino en formas. La delincuencia ya no se esconde, se exhibe, se burla y se impone. No es posible que circulen videos de gente armada, de retenes ilegales, de “levantones” a plena luz del día, y los suban como si fuesen “influencers”. Y la autoridad no aparece, no actúa, ni siquiera estorba.
Solo en el primer cuatrimestre del 2025, se han registrado aproximadamente 511 homicidios en los que la delincuencia organizada estuvo involucrada. Es decir, un promedio de 4.26 homicidios dolosos diarios, solo en Sinaloa. Y esto, solo lo que se cuenta respecto de las cifras oficiales. ¿Cuántos más habrá ocultos?
Y no es porque no haya recursos, herramientas jurídicas o elementos; lo que no hay es voluntad, carácter y compromiso. Y eso, en un país como México, es una traición.
Sí lo he reconocido, y lo vuelvo a hacer, se han visto los esfuerzos del nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por reestructurar la estrategia nacional. Pero también se requiere del compromiso de los estados. Quien no protege a su propia gente, no merece gobernar. Punto.
¿De qué sirven los gobernadores, si no gobiernan?
No es casualidad que los estados más golpeados por la violencia sean también aquellos donde los gobernadores han renunciado a su responsabilidad y deber. Después de todo, nadie ignora lo que sucede en Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Chiapas. Lo sabe la prensa. Lo saben los ciudadanos. Lo sabe el gobierno.
Señores gobernadores: ustedes fueron electos para proteger a su gente. Para garantizar la paz.
Para enfrentar a la delincuencia. Y si no pueden: ¡Renuncien! No hay más.