El 1 de junio de 2025, México se encarará con un hecho histórico y sin precedentes: la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Esto que, en teoría, debería representar un avance en la democracia, en realidad se traduce en un insulto al Estado de derecho y a la propia ética, esto en virtud de que la boleta electoral estará plagada de nombres que, lejos de inspirar confianza, deberían provocar temor, indignación y vergüenza.
Entre estos candidatos figuran individuos con antecedentes tales que deberían causar su inmediata descalificación para ocupar un cargo dentro del Poder Judicial. Algunos de estos sujetos se encuentran directamente relacionados con notorios personajes del narcotráfico; otros han sido señalados en múltiples ocasiones por tener vínculos con la delincuencia organizada y por su participación en actos de corrupción durante su paso por el servicio público.
Pero el asunto no termina allí. Hay algunos de estos candidatos que han sido destituidos de sus antiguos cargos por conductas ilícitas, por abusos de poder e, incluso, por agresiones sexuales. Algunos han sido protegidos por estructuras políticas que hoy los impulsan, con todo el cinismo, a ocupar cargos judiciales que requieren no solo una trayectoria, sino una ética inquebrantable.
Es más, hay incluso quienes han sido identificados como miembros activos de organizaciones religiosas que aún están siendo investigadas por delitos sexuales cometidos en agravio de menores, tanto en México como en Estados Unidos.
Todos los anteriores, increíblemente, son aspirantes actuales en búsqueda de ocupar cargos que conllevan una gran responsabilidad. Esta situación genera una importante preocupación, profunda y generalizada, sobre la independencia e integridad del Poder Judicial en el futuro próximo. Nos enfrentamos al riesgo de un sistema que no solo carezca de imparcialidad, sino que se convierta en cómplice de la impunidad.
Y entonces viene la parte más amarga: esta situación no es solamente atribuible al Ejecutivo o a un grupo político determinado.
No. Es el resultado de una peligrosa reforma al Poder Judicial que fue avalada por la mayoría del Congreso, celebrada en plazas públicas e incluso respaldada por amplios sectores de la ciudadanía que, en medio de una narrativa populista, fueron convencidos de que votar jueces era sinónimo de justicia.
Es denigrante que la actual administración y estos posibles nuevos juzgadores pretendan ofender nuestra inteligencia con esta terna plagada de personajes oscuros, sin formación jurídica sólida, sin experiencia judicial comprobable y, lo más preocupante, sin la más mínima calidad moral. Pero es aún más doloroso saber que fue el mismo pueblo mexicano el que avaló esta grotesca transformación institucional.
Ni hablar. La democracia implica responsabilidad y, si el pueblo votó por la demagogia, ahora deberá enfrentar las consecuencias. Tal vez tengamos que encontrar resignación y asumir que esto será lo que vendrá a partir del 1 de junio y lo que le depara el futuro a México. Pero esa resignación no significa silencio. Esa resignación no nos impide exponer que estamos frente a una burla, frente a un circo creado por aquellos que, controlando juzgadores, pretenden controlar el destino de este país.
Es indignante que se permita la candidatura de personas con historial delictivo, con relaciones evidentes con la delincuencia organizada, con expedientes administrativos y carpetas de investigación por abuso del poder. Es ofensivo escuchar en los medios que una persona directamente vinculada a un líder del narcotráfico sea considerada como candidata para impartir justicia en un juzgado en materia penal en el estado de Chihuahua. Es grotesco ver cómo se escuda a quienes ya deberían estar enfrentando a la justicia, no representándola.
México, dueles.
Duele ver cómo la administración de justicia se ve amenazada por la inclusión de personas notoriamente incapacitadas para desempeñar un cargo como lo es el de juzgador, no solo por la falta de inteligencia y preparación, sino por su trayectoria manchada.
Duele ver que, en lugar de avanzar hacia un sistema de justicia más transparente y hacia el Estado de derecho, nos hundimos en un proceso electoral que abre la puerta a los peores perfiles. Duele ver cómo la legalidad se doblega ante la popularidad, cómo el derecho es sacrificado para permitir un espectáculo, como la esperanza de justicia se convierte en un ejercicio de cinismo colectivo.
El 1 de junio no será una fiesta democrática.
Será el día en que veremos, quizá con impotencia, cómo la justicia en México se desmorona.