La reciente decisión por parte de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de desechar la solicitud de desaforar al diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, investigado por una presunta agresión sexual en agravio de su hermanastra, evidencia la incongruencia del actuar de la mayoría parlamentaria.
Mientras que, en casos previos, como lo fue el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Federación no titubeó en crear, fabricar y perseguir, con hechos e información falaz, a dicho exservidor público, en una clara y evidente persecución política. Ahí sí se dio el desafuero en San Lázaro, ahí sí el Grupo Parlamentario de Morena puso sus fuerzas y poder al servicio de una persecución política.
Con Cuauhtémoc Blanco, la Cámara de Diputados optó por protegerlo, argumentando supuestas deficiencias técnicas en la investigación. Esto no es nuevo, y lo he dicho antes, que con los miembros de Morena la impunidad se ha vuelto regla de trato.
Es evidente que las acusaciones contra García Cabeza de Vaca, por cierto, como ya he dicho, falsas, dieron pie a una investigación por supuestos delitos fiscales y financieros, que, si fueran ciertos, serían graves, pero no afectarían de manera directa e inmediata la integridad de una o varias personas. Por el contrario, la investigación en contra de Blanco se origina de presuntos hechos con apariencia de delito que, de acreditarse como ciertos, atentan contra bienes jurídicos tutelados fundamentales y contra derechos humanos de primer grado, como lo es la integridad psicosexual de una persona.
Por ende, resulta paradójico que Morena, partido que se indigna por casos como el de García Cabeza de Vaca, ahora se muestre complaciente y protector de uno de los suyos que, por el momento, resulta ser probable responsable de hechos con apariencia de delitos sexuales. Más aún cuando, en el caso del exgobernador de Tamaulipas, diversas instancias judiciales han concluido que, efectivamente, todo se trata de una persecución política por parte del Estado; mientras que, en el caso del exgobernador de Morelos, el señalamiento proviene de su propio entorno familiar y la investigación se sigue por las propias autoridades del estado que éste gobernó.
Es conocido que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúa con diligencia e inmediatez cuando se trata de investigaciones relacionadas con delitos fiscales y financieros, pues no es secreto que utilizan éstas como herramientas de presión política. Sin embargo, cuando se trata de delitos sexuales y violencia de género contra la mujer, y particularmente dentro del propio entorno familiar, el camino para obtener justicia parece imposible. Lo que permite concluir que esos diputadas y diputados que votaron en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco han optado por quitar valor y minimizar la gravedad de los hechos que se investigan.
Esta disparidad no solo es una evidente incongruencia política, sino que, en este caso, también es un insulto directo al movimiento feminista en México y a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, yo me pregunto: ¿Qué mensaje se está enviando a las víctimas de violencia de género?
En fin, este gobierno federal, que prometió actuar por, para y en favor de las mujeres, está fallando en su compromiso. Ojo, esto no quiere decir que Blanco sea culpable, su desafuero es únicamente para el efecto de que éste pueda ser investigado, procesado y juzgado dentro de los parámetros del debido proceso, permitiendo que se respete el derecho humano de la víctima de acceso a la justicia, sin transgredir los derechos humanos del probable responsable, quien tendrá, fundamentalmente, derecho a una defensa.
¿Por qué no lo permitiría la Cámara de Diputados, si lo ha permitido con otros?
En tal virtud, es un hecho que la actuación de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en este caso está fuera de todos los parámetros de igualdad procesal e imparcialidad. Lejos de garantizar los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado, se han inclinado a favor de escudar a uno de los miembros de la mayoría parlamentaria.
No se puede pasar por alto que la actitud y actuar de los distintos miembros del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión es de risa, es vergonzoso, es insultante. Su comportamiento, en este caso y en general, es motivo de preocupación y refleja una evidente falta de compromiso con México, así como la inexistencia de principios éticos y morales.
Esto es que han convertido al recinto legislativo en un escenario de simulaciones y proteccionismo partidista; lo han transformado en un circo.