La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán provocó la reacción previsible. Andy asegura que no existe prueba alguna en su contra y atribuye la decisión a razones políticas. Claudia Sheinbaum la calificó como una injerencia en la política mexicana y un asunto de soberanía.
Para cancelar una visa, el gobierno de EU no necesita una condena ni una acusación penal. El Departamento de Estado puede revocarla cuando sospecha una causal de inadmisibilidad o recibe información adversa de agencias de inteligencia o autoridades policiales, sin hacerla pública. México tampoco exige una condena para adoptar medidas administrativas severas. La UIF puede incluir personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan “indicios suficientes” de relación con lavado de dinero u otros delitos. México acepta indicios cuando congela una cuenta, pero exige pruebas cuando Estados Unidos cancela una visa.
El Manual de Asuntos Exteriores de EU advierte que revocar la visa de una figura pública puede tener consecuencias políticas y diplomáticas. Washington sabía las consecuencias de quitársela al hijo de López Obrador y, aun así, lo hizo. Estados Unidos mantuvo la decisión en silencio durante meses. Fue Andy quien decidió hacerla pública y convertirla en un tema político.
La FGR informó que no cuenta con datos suficientes para iniciar una investigación contra Andy por huachicol fiscal y negó tener testigos protegidos que lo hayan señalado. Tampoco lo puede investigar por enriquecimiento ilícito porque no ha sido servidor público. Estados Unidos sí.
Investigar corrupción suele comenzar siguiendo el dinero. Se comparan los ingresos conocidos con el patrimonio y nivel de gasto. Propiedades, viajes o gastos que no corresponden con esos ingresos plantean una pregunta inevitable: ¿de dónde salieron los recursos? El nivel de gastos y viajes de Andrés López Beltrán es públicamente conocido.
Investigar toma meses o años. Estos casos se construyen pieza por pieza: testimonios, registros bancarios, declaraciones fiscales, sociedades, propiedades y transferencias. Al final, la pregunta es la misma: ¿de dónde salió el dinero? Al Capone es el ejemplo clásico. Años de perseguir sus actividades criminales terminaron en una condena por evasión fiscal. Seguir el dinero permitió construir el caso.
El caso de Genaro García Luna también lo muestra. Los testimonios de testigos protegidos dieron contexto a las acusaciones y, a partir de ahí, la investigación pudo examinar sus finanzas y el patrimonio de millones de dólares que había acumulado.
Seguir el dinero no significa buscar cuentas a nombre del investigado. Se reconstruye la red: sociedades, socios, familiares, intermediarios, posibles prestanombres y beneficiarios finales. Una operación de un tercero puede ser relevante si otros elementos permiten relacionarla con el investigado. De ahí la importancia de la Sección 7031(c): “directa o indirectamente”.
Estados Unidos tiene una enorme ventaja. Buena parte de las operaciones internacionales, incluyendo las de huachicol fiscal, pasan por su sistema financiero. Sus bancos reportan operaciones sospechosas y las autoridades pueden cruzarlas con registros de empresas y propiedades, investigaciones policiales e inteligencia.
Hay otra pregunta. Si EU mantuvo durante meses la revocación fuera del debate público, ¿por qué fue el propio Andy quien decidió revelarla ahora, denunciar una persecución política y convertirla en un asunto de soberanía? ¿Por qué adelantarse a una explicación que Washington ni siquiera había hecho pública?
La pregunta adquiere otra dimensión por el momento político. ¿Qué relación tiene este episodio con el caso de Rubén Rocha Moya y con las señales que Washington ha enviado sobre corrupción, crimen organizado y flujos financieros vinculados con México? En medio de una relación bilateral particularmente tensa, ¿estamos viendo episodios aislados o las sombras de conversaciones y negociaciones mucho más delicadas entre ambos gobiernos?
¿Por qué rasgarse las vestiduras antes de conocer públicamente de qué se le acusa? Tal vez la pregunta ya no sea solamente qué sabe Washington sobre Andy, sino qué sabe Andy que Washington sabe. ¿Su reacción busca desacreditar preventivamente cualquier información que EU pudiera presentar después? ¿Estamos ante una defensa frente a una acusación inexistente o ante la construcción anticipada de una narrativa para responder a pruebas que todavía no conocemos?