Desde hace unas semanas en Washington ya no se habla de “guerra contra el narco”, sino de guerra a secas. Donald Trump notificó al Capitolio que Estados Unidos se encuentra en conflicto armado contra los cárteles mexicanos y venezolanos, los declaró combatientes ilegales y asumió facultades para ordenar operaciones letales en todo el continente. No es una declaración retórica, sino que es la señal de que el combate al crimen organizado dejó de ser un asunto policial y se transformó en un frente bélico.
Este giro marca un antes y un después, no solo en la relación entre México y Estados Unidos, sino también en la naturaleza del crimen organizado mexicano. Durante décadas, la cooperación bilateral giró en torno a decomisos, extradiciones y trabajo con la DEA. Ahora el escenario es otro. Washington no solo perseguirá cargamentos o capos, sino que también se reserva el derecho de intervenir militarmente donde lo considere necesario. Venezuela ya funciona como caso de prueba con empleo de fuerza letal.
Los cárteles mexicanos ya no son únicamente narcos. Hace años que se convirtieron en conglomerados criminales. Cobran derecho de piso a comercios, transportistas y productores, participan en el huachicol de agua y combustibles, explotan minas ilegales y trafican personas. Capturan municipios, colocan funcionarios y lavan dinero con empresas fachada y plataformas digitales. También se infiltran en negocios lícitos. Recientemente nos hemos enterado, por ejemplo, de que Hernán Bermúdez Requena, líder de la Barredora, operaba tres constructoras en Tabasco. El modelo multiproducto de los carteles mexicanos los vuelve más resistentes a los golpes sobre una sola fuente de ingresos.
Si Trump logra reducir de manera significativa el flujo de drogas hacia Estados Unidos, la incógnita no será si los cárteles desaparecerán, sino cómo mutarán. Los escenarios están a la vista: redirigir envíos hacia Europa y Asia, fomentar el consumo interno en México y otros países latinoamericanos, reforzar su poder territorial con más extorsión, secuestro y control de policías y ayuntamientos o profundizar la captura institucional para blindar ingresos. Cada ruta puede detonar nuevas disputas y episodios de violencia por territorios y rentas.
Aquí aparece la asimetría que pocos quieren discutir. Si Washington cierra la llave del narcotráfico, su interés estratégico se agotará ahí. Le dará lo mismo si los cárteles sobreviven dedicándose al huachicol, a la trata o a la extorsión de agricultores. La métrica de éxito será una sola: que la droga no llegue a sus calles. Punto. Lo demás quedará del lado mexicano. Si esto sucede, Washington ya no tendrá interés en seguir combatiendo al crimen organizado mexicano.
En la práctica, esto significa que Estados Unidos difícilmente invertirá capital político para frenar el flujo de armas hacia el sur ni sostendrá programas de cooperación más allá de lo estrictamente necesario. El éxito, para ellos, se medirá en menos sobredosis en Ohio, Pensilvania o Nueva York, no en Michoacán, Guerrero, Cancún o la CDMX.
Para México, el resultado probable es más extorsión a negocios y productores, mayor vulnerabilidad para migrantes y un avance sostenido del control criminal sobre policías, ayuntamientos y presupuestos municipales. El Índice de Paz México 2023 indica que la tasa nacional de delitos vinculados con delincuencia organizada ha aumentado 64.2% en los últimos ocho años, siendo los mayores incrementos en extorsión y narcomenudeo. En síntesis, el costo social se desplazará del consumidor estadounidense al ciudadano mexicano. La factura no será solo en seguridad, también lo será en inversión, empleo y confianza, porque ninguna economía se desarrolla bajo un sistema tributario paralelo armado.
Todo esto llega tras haber desaprovechado una oportunidad histórica. Durante años, Washington presionó para cooperar a fondo contra los cárteles. La respuesta mexicana fue una defensa retórica de la soberanía, mientras los conglomerados criminales consolidaban territorios y mercados. Ahora, con el combate asumido de manera directa por Trump, México queda relegado a ser espectador de una estrategia que no controla ni define. Cuando Estados Unidos reduzca el flujo de drogas, su incentivo para involucrarse en la seguridad mexicana se diluirá rápidamente.
La pregunta, entonces, no es si los cárteles sobrevivirán, sino de qué manera lo harán y cuánto costará a México. De esa respuesta depende el futuro de la seguridad, la gobernabilidad y la vida diaria en amplias regiones del país. Trump busca que llegue menos droga a Estados Unidos. El riesgo es que, al lograrlo, México termine con más crimen en sus calles y menos herramientas para contenerlo. Esta vez no habrá pretextos, o se construye un Estado capaz de recaudar, regular y proteger, o lo hará con eficiencia, el crimen organizado.