El calor extremo en México será el próximo campo fértil para abogados, sindicatos y jueces de la 4T. Independientemente de lo que se opine sobre la reforma al Poder Judicial, hay algo que es un hecho: tanto el sector público como el sector privado han mostrado escaso o nulo interés en atender el impacto del calor extremo sobre la salud de sus trabajadores. La indiferencia ha sido la norma. No se han financiado estudios serios, ni se han diseñado protocolos empresariales que reconozcan esta nueva realidad.
El incremento de la temperatura ya está dejando huellas físicas, médicas, económicas y pronto lo hará también en los tribunales. En México, las muertes asociadas al calor están altamente subregistradas. En 2023 se reportaron 419 muertes oficiales. En Italia con la mitad de la población de México, se reportaron 12,743 muertes.
Con una nueva realidad política y judicial, aumenta la probabilidad, (especialmente con el sector privado) que cuando un sindicato o una familia decidan demandar por la muerte o enfermedad de un trabajador expuesto a calor extremo sin protección adecuada, el caso ya no sea archivado ni relegado al limbo procesal.
Los nuevos jueces responderán a una lógica política distinta a la que existía anteriormente con las empresas. Estarán bajo presión social para “proteger al pueblo” y seguramente fallarán en favor del trabajador o sus deudos. Reconocerán que no se trató de un “accidente fortuito”, o una “muerte por infarto”, sino de una omisión patronal sistemática: falta de protocolos, ausencia de infraestructura, negligencia térmica. Con estudios internacionales, registros públicos de salud y alertas climáticas oficiales, la falta de previsión se convertirá en evidencia de responsabilidad legal.
Aquí es donde comenzará un nuevo capítulo, no solo jurídico, sino político y reputacional. Porque una sentencia favorable a una familia afectada por el calor extremo en el trabajo no solo implicará una indemnización millonaria, será también una bandera que muchos querrán ondear. Sindicatos, legisladores, activistas, jueces y medios alineados con la narrativa del “rescate del pueblo” y no sin razón, verán en esos casos una oportunidad para amplificar su legitimidad, visibilidad y fuerza institucional. Lo que hoy parece un problema climático, mañana será un terreno de lucha simbólica.
Así como en varias de mis columnas anteriores he hecho predicciones, como el impuesto a las remesas que ya se materializó, ahora agrego esta: no falta mucho para ver los primeros fallos judiciales que establezcan que el calor extremo fue una condición de riesgo no mitigada por el patrón, y que por tanto hay responsabilidad económica e incluso penal. Ese día, muchos empresarios entenderán que haber ignorado el tema de la adaptación al calor, fue un gran error.
Este fenómeno no es solo un tema de salud pública ni de derechos laborales. Es un tema de estrategia empresarial y de gestión de riesgo. Empresas que no se preparen no solo arriesgan litigios, sino también rotación de personal, ausentismo, conflictividad sindical y daño reputacional. Ignorar el problema es, en el fondo, un acto de miopía económica y política.
Las empresas no quieren “gastar” en diagnósticos o en la aplicación de medidas ya probadas para proteger a sus trabajadores del calor extremo. Alegan que es caro, que los hará menos competitivos. Dicen que implica alterar rutinas o modificar infraestructuras, y que eso representa una carga que “no todos pueden asumir”. Pero ahí está la paradoja: en nombre de preservar la competitividad de corto plazo, muchas empresas están comprometiendo su viabilidad futura.
En un mundo que se está calentando, no adaptar las condiciones laborales no es una estrategia de ahorro. No invertir hoy en estudios, ventilación, reestructurar horarios, descansos térmicos, hidratación sistemática o en rediseño de entornos de trabajo es simplemente posponer lo inevitable. Cuando esa cuenta llegue, vendrá cargada con demandas, presión sindical, notas de prensa y, en algunos casos, sentencias judiciales.
Las empresas que ven en la prevención térmica una amenaza a sus márgenes están confundiendo eficiencia con omisión. El verdadero costo no está en adaptarse, sino en no hacerlo. Cuando un trabajador enferme o muera, cuando un sindicato decida litigar, cuando un juez de nueva generación reconozca la negligencia, habrá que pagar y rendir cuentas. No adaptar las condiciones de trabajo, dejará abierta la puerta a que el tribunal y no la empresa, dicte el futuro de su reputación y su rentabilidad.