El arribo del actual régimen al poder en 2018 no significó el triunfo de la socialdemocracia, una de cuyas ideas significativas es fundar el desarrollo a partir de una alta carga fiscal.
Sin embargo, aunque el régimen no elevó los impuestos de manera importante a través de una reforma fiscal, sí hubo un intento de captar más ingresos por la vía de ampliar la base fiscal. También se ha intentado forzar a quienes no pagan sus impuestos a hacerlo.
Con el alto endeudamiento, la ineficiencia de los grandes proyectos del sexenio anterior, la virtual falta de crecimiento económico, así como los crecientes problemas sociales, muchos consideran que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, buscará hacerse de mayores ingresos a través de la aplicación de diversos instrumentos fiscales.
Esto ha sido el caso ya en lo que corresponde al aumento de aranceles a varios países con los que México no tiene suscrito tratados de libre comercio, incluyendo a China.
Hay una idea redistributiva en la política fiscal que es parte de los objetivos de las sociedades modernas. Sin embargo, el dispendio, la corrupción y los gastos ineficientes muchas veces se han convertido en el destino de los ingresos que los ciudadanos canalizan a los gobiernos.
Como quiera que sea, es fundamental que la carga fiscal no inhiba el crecimiento de las empresas. Cuando así sucede se impide el desarrollo económico y, en última instancia, el bienestar de las sociedades.
Por todo esto, es muy preocupante que el Paquete Económico 2026 incluya modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación de acuerdo con el cual habría retenciones de impuestos por las plataformas de mercadeo a sus vendedores por operaciones realizadas.
Se plantean nuevas retenciones a personas morales de 4 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un incremento de la retención del 1 a 2.5 por ciento del ISR y del 8 por ciento de IVA a personas físicas.
Con esto se busca aumentar la recaudación pero por otro lado la medida podría afectar negativamente la formalización de la economía, la competitividad de las medianas y pequeñas empresas, así como la atracción de la inversión.
El problema es que las retenciones planteadas se aplican sobre los ingresos brutos, es decir, las ventas, y no sobre las utilidades. Esto quiere decir que se descuentan recursos antes de que las empresas cubran costos fijos, nómina, inventario o inversión. El resultado de esto es que muchas empresas medianas y pequeñas podrían perder más de la mitad de su rentabilidad, con efectos tremendos en el flujo de caja y la capacidad de reinversión.
Diversas empresas de comercio electrónico sufrirán ya que tendrán menos liquidez y no podrán contratar más empleados, con lo que más gente podría gravitar hacia la informalidad. Es posible también que muchas mujeres y muchos jóvenes que laboran en el comercio electrónico sean conducidos al desempleo. Pero quienes probablemente serán más afectados son los consumidores finales de los productos que tendrán que pagar un mayor precio por ellos. El efecto global será una disminución de la inversión y la competitividad del país.
Es necesario, por tanto, que está parte del Paquete Económico sea revisada para que se consideren las diversas aristas y, en último término, se impida un daño grande a un sector fundamental de la economía mexicana.
