En las sociedades modernas, las telecomunicaciones son esenciales para ampliar el diálogo entre los seres humanos más allá de su entorno próximo. Estas han sido la causa para que la el planeta actualmente tenga una consciencia de aquello que nos une. Sin este prodigio del ingenio humano no podrían existir los Estados-Nación como hoy los concebimos, pues no habría posibilidad del desarrollo de una identidad nacional.
Siendo central también para el despliegue de la expresión individual y colectiva de las personas, las telecomunicaciones tienen que ser reguladas con el concurso de la sociedad que las utiliza. Que los Estados no deben dictar unilateralmente quién puede utilizar y cómo han de usarse los medios de comunicación, es un canon de toda sociedad auténticamente democrática, en el sentido moderno.
Con el arribo de un nuevo grupo al gobierno de México que ha pretendido acaparar el poder, hubieron varias señales ominosas de que el régimen ampliaría dramáticamente su capacidad de censurar la expresión de las ideas, de espiar a disidentes, de invadir la privacidad de las personas y de impedir el uso democrático de los medios de comunicación. Quienes hablaban de la instauración de un Big Brother orwelliano no estaban lejos de tener razón, toda vez que desde el gobierno se propuso lo que el genio popular denominó la Ley Censura. En un primer momento, las perspectivas eran realmente preocupantes.
Afortunadamente, la indignación ciudadana permitió que el Congreso de la Unión abriera las puertas a la opinión de expertos y a la sociedad civil en general, cuya participación fue nodal para corregir la Ley originalmente propuesta por el oficialismo. Los cambios que se introdujeron como resultado de esta presión de la sociedad son sumamente relevantes.
Se eliminó el artículo 109, que inicialmente había propuesto el régimen, que habría permitido censurar a las plataformas digitales. Una reforma con este artículo incluído habría sido inadmisible. También se acotaron las facultades de lo que iba a ser una super agencia de transformación digital. Tal como está consignado en la reforma finalmente aprobada, la agencia sólo tendrá jurisdicción en lo que respecta a la formulación de políticas públicas pero no en la parte regulatoria del sector, que será potestad de un organismo colegiado, cuyos miembros serán nombrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado. Su encargo será por siete años y no pueden ser removidos a discreción.
Hay que añadir a esto el hecho de que se le retiró a la Secretaría de Gobernación el poder de aprobar cualquier material proveniente del extranjero. La Ley también garantiza explícitamente proteger a diversas comunidades.
Estos y otros cambios hacen muy difícil que los gobiernos accedan a los teléfonos de los ciudadanos, a espiar sus conversaciones o a localizar su ubicación en tiempo real.
Se habla del peligro de la geolocalización, una tecnología que permitiría al gobierno conocer dónde se encuentra un ciudadano. Hay que decir que esto representa un desafío para todas las sociedades del mundo y requiere de una conversación más amplia.
Sin embargo, en lo que respecta a esta parte de la Ley, se dejó intacta lo que existía antes, una redacción que, en su momento, apoyaron el PRI y el PAN. Esto incluye la obligación de las autoridades de sólo geolocalizar a alguien con una previa autorización de un juez a petición del Ministerio Público.
Otras medidas positivas que se incluyeron fueron la obligación de recurrir a consultas sobre la regulación, lo que mejora el principio de transparencia. También se benefician medios de comunicación sociales, lo cual democratiza el acceso a las telecomunicaciones. No sólo esto, sino que se reintegran los derechos de las audiencias, que habían desaparecido en 2017. En todo esto se consideran de una manera progresista los derechos de los discapacitados. En cuanto a la neutralidad del internet, la redacción de la Ley aprobada mejoró el texto original, aunque hay que decir que habrá que estar muy al pendiente de cómo la define la Ley secundaria.
Respecto al T-MEC, se logró que la Ley estuviera mucho más acorde respecto a lo estipulado en el tratado comercial. Quizás el hecho de que no haya una completa armonización entre el T-MEC y la Ley sea una de las limitaciones de esta última.
Para decirlo en pocas palabras: aunque dista de ser perfecta, la nueva Ley en materia de telecomunicaciones contiene avances fundamentales que la hacen valiosa, con la condición de que legisladores y ciudadanos continuemos vigilando su correcta aplicación y pugnando por los cambios necesarios que se quedaron en el tintero.
