En una democracia liberal, que además promueve la economía de mercado como el método privilegiado para la prosperidad económica, un sistema de contrataciones públicas por parte del Estado que sea transparente, eficiente y justo es la mejor manera para que se realicen servicios y obra pública en beneficio de la ciudadanía.
Al respecto digamos que la contratación de obra pública en la historia de México siempre ha adolecido de diversas insuficiencias que no han permitido que la infraestructura económica del país se encuentre entre las más adelantadas del mundo.
El sexenio pasado no fue la excepción e incluso se puede decir que hubo retrocesos en la materia, a pesar de que en el 2018 se adicionaron y derogaron varias disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el supuesto fin de combatir la corrupción en las contrataciones públicas.
Como sabemos muy bien, por una serie de reportajes y de estudios que se han realizado, en el gobierno pasado muchas empresas fueron contratadas por el Estado sin haber participado en concursos imparciales y competitivos.
No obstante, recientemente la presidenta de la República turnó a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Los cambios que se contemplan incluyen avances, pero también desafíos importantes.
Entre los avances se encuentran la sustitución del Sistema Compranet por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, con lo que se busca estandarizar digitalmente las contrataciones, aumentar la transparencia y mejorar la vigilancia de los recursos públicos. El desafío es que se garantice una transición entre las plataformas de manera exitosa y que ya no se dependa de un proveedor del software.
También se establece que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la de Hacienda y Crédito Público realizarán la planeación estratégica y la ejecución de las compras consolidadas para ciertos bienes y servicios. Como parte de esto, se planea realizar investigaciones de mercado obligatorias para conocer las condiciones de los bienes y precios prevalecientes. Un desafío mayor será la manera en que se podrán coordinar ambas secretarías, pues una realizará la planeación y la otra ejecutará las compras consolidadas.
Otra parte de la iniciativa que podría ser beneficiosa es la de establecer diversos mecanismos de comunicación con proveedores para establecer un diálogo competitivo que permita una negociación en beneficio del público. El reto aquí será evitar que la cercanía entre proveedores y gobierno lleve a situaciones de corrupción. Por ello deberá haber mecanismos de control y supervisión ética que contengan penalidades adecuadas a quienes abusen de la buena voluntad pública.
A pesar de todo esto, la iniciativa deja lagunas y contiene contradicciones sobre las obras y servicios que se derivan de programas prioritarios y proyectos estratégicos que ejecutan las Fuerzas Armadas y podrían violar el principio de generalidad de la ley. Lo mismo se puede decir de las adjudicaciones de contratos públicos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Estas tres excepciones son inexplicables y significan dejar una parte importante de las adjudicaciones públicas a la discreción de los gobiernos, lo que conlleva a que no se contraten a los mejores proveedores. Todo lo cual constituye una traición al bien público.
No es buena idea dar un paso adelante y un paso atrás cuando se pueden dar pasos hacia adelante de una buena vez.
