Ante la urgencia de acrecentar las inversiones productivas y de acelerar la generación de riqueza en nuestro país, cuyo índice de crecimiento ha estado entre los más bajos del mundo durante décadas, la presidenta Sheinbaum presentó un ambicioso «Plan México» en enero de 2025 para reorientar —redirigir— la actividad industrial.
No se trata sólo de impulsar la actividad, de lograr que se generen 1.5 millones de empleos industriales, de elevar el contenido nacional de las exportaciones, de sustituir importaciones y de fortalecer el mercado interno.
Se trata —sobre todo— de articular una política propia ante la ruptura del orden económico global, marco en el que hace 40 años se adoptó en México el modelo de crecimiento basado en exportaciones y que, además de sus muy pobres resultados, ya caducó ante las políticas de Trump.
La no extensión del T-MEC es una de las evidencias de esa caducidad, de la que México seguirá padeciendo restricciones en política económica hasta 2036, algunas severas para alcanzar metas importantes del Plan México.
El Plan no se aparta del modelo de desarrollo que sigue la 4T desde 2018 para potenciar capacidades de producción nacionales, con énfasis en desarrollo regional y en el fortalecimiento del mercado interno.
Para avanzar en esa dirección, es indispensable que el Estado recupere capacidades de acción que ha perdido en consonancia con el consenso de «Washington», que, por cierto, también ha caducado.
En esta materia, la del desarrollo económico, el mayor obstáculo que ha encontrado el Plan México es la reticencia del empresariado nacional a elevar sus inversiones productivas, sin las cuales ningún propósito será asequible.
Para detectar las modificaciones necesarias al Plan que permitan destrabar las inversiones productivas, el gobierno estableció un contrato para la elaboración de un diagnóstico y recomendaciones con un equipo encabezado por Mariana Mazzucato, profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College London y fundadora del Institute for Innovation and Public Purpose.
El estudio, que fue solicitado desde octubre de 2024, fue presentado la semana pasada; se le conoce como Transformación del Estado para el Plan México: Una misión orientada a lograr una prosperidad compartida.
La primera transformación necesaria para alcanzar una prosperidad compartida en México, es la del Estado, para que no sólo regule, sino que configure aquellos mercados que sean estratégicos.
Así lo hicieron Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Finlandia, China; todos esos países tuvieron un Estado fuerte que fuera capaz de orientar la asignación de crédito, las exportaciones, la infraestructura, la educación y la innovación en apoyo a sectores identificados como estratégicos.
La pregunta central ante los desafíos contemporáneos no es si el Estado mexicano debe orientar el desarrollo, sino si el Estado tiene, hoy por hoy, las capacidades para hacerlo.
El informe Mazzucato señala algunos obstáculos estructurales que deberá superar el Plan México para tener éxito.
Uno es que México recauda apenas entre 16 y 17% del PIB en impuestos, una de las captaciones más bajas entre los países de la OCDE. Toda política industrial requiere recursos de inversión pública en infraestructura, en educación superior, en investigación científica, en compartir riesgos en innovación tecnológica.
Otros problemas a considerar —no menos importantes— son la muy extensa informalidad laboral; la escasa coordinación entre secretarías federales y de éstas con gobiernos estatales; la “insuficiente capacidad técnica” de la burocracia y funcionarios de gobiernos; una baja utilización de la banca de desarrollo.
La dependencia de Estados Unidos es otro obstáculo; el T-MEC limita el uso de instrumentos clásicos de política industrial, como el proteccionismo arancelario y los subsidios.
Derivado de su diagnóstico, el informe propone fortalecer las capacidades del Estado en cinco aspectos:
1) Adoptar un enfoque solucionador de problemas, con objetivos cuantificables; por ejemplo, fortalecer las soberanías energética, alimentaria y farmacéutica, la transición ecológica y, con énfasis, el desarrollo regional. Todo eso lo ha intentado la 4T desde hace varios años.
2) Crear mecanismos eficientes de coordinación en torno a objetivos comunes entre las dependencias federales, y entre éstas y las de los estados y municipios. Cada sexenio se ha señalado ese propósito desde hace décadas, sin resultados; a ver si ahora sí.
3) Recuperar y potenciar instrumentos que, en vez de sólo regular los mercados, permitan modelarlos; por ejemplo, el uso más amplio y eficiente de la banca de desarrollo y de las compras del gobierno (ya Trump adelantó que no permitirá que en el T-MEC revisado cada año se “discrimine” de esas compras a las corporaciones estadounidenses).
4) La cuarta recomendación es una mayor profesionalización de los servidores públicos y que su evaluación sea por resultados.
5) Por último, propone forjar “alianzas público-privadas” en torno a objetivos y riesgos compartidos.
¿Qué empresas serán las que formen esas alianzas con el gobierno? El sector privado de México es muy heterogéneo; lo forman unas cuantas corporaciones transnacionales altamente tecnificadas, algunos conglomerados nacionales grandes, varias decenas de miles de empresas medianas y millones de microempresas.
El desafío es que no sean las corporaciones globales, sino las grandes, medianas, pequeñas y microempresas mexicanas con las que el gobierno comparta propósitos y riesgos en el desarrollo de su potencial productivo, competitivo y de innovación.
Si logra materializarse así una alianza público-empresarial, México podría avanzar hacia un modelo de desarrollo económico, regional y socialmente más equilibrado.