Sin ambages, con inusitada franqueza, la «Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos» firmada por Trump el jueves pasado perfila una política casi monárquica sobre nuestra América Latina, a la que integra como elemento indispensable en su confrontación económica y geopolítica con China.
Para volver a ser grande, la Casa Blanca considera imperativo “restaurar el predominio estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave de toda la región”, lo que implica la revisión de su presencia militar para “establecer o ampliar el acceso en lugares estratégicamente importantes”.
La insistencia de Trump para que la presidenta Sheinbaum le abra la puerta de nuestro territorio al ejército estadounidense —como lo han hecho en el pasado Centro y Sudamérica en el suyo—, con el pretexto de combatir a los cárteles “terroristas” de la droga, es muy fuerte.
Para conseguir sus propósitos en América Latina, EU reafirmará la Doctrina Monroe: “Negaremos a los competidores no hemisféricos (China, obviamente) la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos (económicos) estratégicamente vitales, en «nuestro hemisferio»” ...
“Los términos de nuestras alianzas, y los términos sobre los que proporcionamos cualquier tipo de ayuda (a países de la región), deben depender de reducir la influencia externa adversaria (en Sudamérica ya es grande), desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras clave, hasta la compra de activos estratégicos en un sentido amplio”.
Es una vuelta a los siglos XVI y XVII del mercantilismo, cuando las monarquías de estirpe anglosajona hicieron de la expansión mercantil privada más allá de sus fronteras un asunto de Estado, lo que dio lugar al colonialismo de Asia y África, entre otras cosas.
En 2025, Washington pretende, “para el hemisferio occidental, expandirse cultivando y fortaleciendo nuevos socios (gobiernos), mientras reforzamos el atractivo de nuestra propia nación como socio económico.
“Un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio e inversión estadounidenses”.
Y para asegurar ese mercado, “El Gobierno de EU identificará oportunidades estratégicas de adquisición e inversión para las empresas estadounidenses de la región (…). Todas nuestras embajadas deben estar al tanto de las grandes oportunidades de negocio en su país, especialmente los contratos gubernamentales importantes”.
No hay manera más clara de decirlo que en sus propias palabras: “Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con aquellos países que más dependen de nosotros y sobre los que tenemos más influencia, deben ser contratos (gubernamentales) de fuente única para nuestras empresas. Nada de sociedades con capitales del país en cuestión.
Tales contratos han sido instrumentos de animación de inversiones de capital nacional, y así están considerados en el Plan México del actual gobierno. ¿Qué pensará al respecto el Consejo Mexicano de Negocios?
No pasa por alto el desacuerdo preliminar con regulaciones de cada país, ante lo cual “Estados Unidos debe resistir y revertir medidas como la fiscalidad selectiva, la regulación injusta y la expropiación que perjudican a las empresas estadounidenses”.
Es previsible que en la revisión del T-MEC, EU planteará la exigencia de revertir, entre otras, la Ley de Inversión Extranjera de México que establece los sectores en los que no pueden participar inversionistas extranjeros, como petróleo y electricidad, y otros reservados a inversionistas mexicanos en los que puede tener una participación menor, como radiodifusión, autotransportes o manejo portuario; son preceptos de una legislación que se presume soberana.
La riqueza de América Latina en recursos estratégicos será identificada por el Consejo de Seguridad Nacional y “el brazo analítico de nuestra Comunidad de Inteligencia (…) con vistas a su protección y desarrollo conjunto con socios regionales”.
El acceso a minerales críticos (como el litio en Sonora, ya reservado para explotación a LitioMx, empresa pública) se plantea en asociación con “gobiernos regionales y empresas”.
La seguridad de Estados Unidos depende, además de la revisión de sus más de setenta posiciones militares en el hemisferio, de la rentabilidad de sus corporaciones privadas en el Continente y de su acceso a recursos naturales críticos, también —o básicamente— de su predominio político entre nuestros países; esa es “una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región”.
Para asegurar esa condición, Estados Unidos intervendrá tratando de moldear los regímenes de gobierno latinoamericanos: “Premiaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que estén en líneas generales con nuestros principios y estrategia”.
Y seguramente hostilizará a los gobiernos que, por seguir un proyecto propio de desarrollo, no se alinean con los esfuerzos por hacer “grande a América otra vez” o, peor aún, que estén comprometidos con otros intereses geopolíticos, como es el caso del gobierno de Venezuela.
Como a virreinatos en el pasado, a los gobiernos latinoamericanos se les encomienda mantener una “estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de sus fronteras” para que así ayuden a “detener la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar cárteles y desarrollar economías privadas locales, entre otras cosas”.
Empresarios mexicanos que parecen tener visión histórica más allá de la rentabilidad inmediata de sus negocios, como Slim, Chico Pardo o Antonio del Valle, harían un gran servicio explorando con sus homólogos estadounidenses la posibilidad de construir otra visión hemisférica de la Casa Blanca.