Contracorriente

Golpe de estado

La soberanía territorial de México está bajo amenaza por las fuertes presiones del gobierno de Donald Trump para que la presidenta Claudia Sheinbaum le solicite la intervención militar estadounidense con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga.

Al final de una extensa presentación por video de Grandeza, su más reciente libro, Andrés Manuel López Obrador lanzó mensajes políticos a morenistas y a círculos de la elite económica, sin omitir al trumpismo estadounidense en boga.

Llamó a Morena a apoyar a la presidenta Sheinbaum como continuadora fiel de la 4T apegada, según él, a tres principios que enunció: la paz como fruto de la justicia. Sí, pero por lo que ha hecho Sheinbaum, ella debe considerar que la justicia también es fruto de la inteligencia investigativa de actividades criminales para combatirlas.

El Estado con responsabilidad social, subrayó el expresidente, que es lo que le da sustancia a la democracia que le interesa a los pobres; para cubrir ese interés, la responsabilidad del Estado tendría que ser, primero, con sistemas públicos de salud y educación de calidad, mientras que las subvenciones deberían ser circunstanciales, aunque la 4T las convirtió en materia constitucional.

El tercer principio es que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Sí, pero mientras prevalezca la economía de mercado, sin crecimiento económico no hay empleos ni mejoras salariales que son, más que cualquiera otros instrumentos, las fuentes primarias de la distribución del ingreso social cuya equidad, sería el sustento básico del bienestar.

En su acercamiento al empresariado, Sheinbaum reconoce que nada se logrará sin la participación de inversionistas emprendedores. Sin embargo, el discurso y varias reformas sustanciales de la 4T ha generado divergencias entre el poder político y el poder económico, empezando por la intencionada disminución de influencia de éste último en el poder legislativo y en el ejecutivo.

Además del acotamiento del poder político de las elites económicas, las desavenencias también tienen que ver con el cambio de rumbo del crecimiento; el de insertarse en la globalización ofreciendo mano de obra barata y disciplinada para limitarse a maquilar o ensamblar partes importadas ya no es viable, tiene que cambiar.

Las inversiones privadas que el país requiere ya no son las vinculadas al sector externo de la economía, en el que el proteccionismo seguirá afirmándose, sino las orientadas a fortalecer capacidades internas, tanto de producción como de consumo. Es el propósito medular del Plan México.

El desafío es lograr una mejor distribución del ingreso que sirva de estímulo a mayores inversiones privadas que, al crecer, lo hagan mejorando el reparto de los ingresos entre capital y trabajo.

Es una imbricación virtuosa, es la fórmula elemental de que para crecer hay que distribuir y para distribuir hay que crecer, que ningún país próspero ha evitado.

Sin embargo, en las expectativas del sector privado nacional prevalece la desconfianza y en consecuencia, la baja sostenida de sus inversiones desde hace 12 meses.

Las cifras que dio a conocer el INEGI evidencian una disminución de 7.3 por ciento en la inversión total de enero a agosto de este 2025 con respecto al mismo periodo de 2024. De esa caída, 5.4 por ciento corresponde a las inversiones del sector privado.

Con ese comportamiento, la economía no va a generar las oportunidades de empleo que el país necesita. El bajo crecimiento crea una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que ocurra un golpe de Estado; dijo López Obrador que él “saldría” para defender al gobierno de intentos de dar un golpe de Estado.

Por los casos de caída de gobiernos mediante procedimientos judiciales habidos en los pasados 50 años en Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Ecuador, Venezuela y Honduras, no parece que estén dadas las condiciones para que algo así ocurriera en México.

La destitución de gobiernos como el de Dilma Rousseff en Brasil no se originó en “la ley”, aunque así se hizo aparecer, sino en un equilibrio de poder desfavorable al reformismo y favorable al conservadurismo, en el que el procedimiento judicial operó como la herramienta formal para resolver el conflicto político.

A todo movimiento de esa envergadura le ha antecedido una crisis de legitimidad del gobierno, animada por medios de comunicación adversos y un poder judicial con la Suprema Corte activamente opuesta al gobierno; (esta segunda condición quedó suprimida en México).

La clave no es el “debido proceso judicial”, sino el momento político en que se activa, que es cuando la población y las élites responsabilizan al gobierno del bajo crecimiento, alta inflación y desempleo que se atribuyen a la desconfianza de los empresarios para invertir. ¿Le suenan a usted estas voces?

Esa narrativa deben respaldarla movilizaciones juveniles, sindicales o de gremios empresariales -transportistas, docentes- con la intención de restarle apoyo de sectores populares al gobierno. Quizás haya habido ensayos de movilizaciones dirigidas a generar la sensación de que el gobierno de Sheinbaum no gobierna (Trump lo ha dicho), pero el apoyo popular a la presidenta sigue siendo alto y sólido.

El otro asunto por el que López Obrador saldría es en defensa de la soberanía nacional. Muchos comentarios sostienen que México no tiene de qué preocuparse mientras la beligerancia imperialista de Trump esté entretenida en amenazar y eventualmente, en invadir Venezuela y después Colombia.

Se equivocan, también la soberanía territorial de México (además de otras de índole distinta), está bajo amenaza por las fuertes presiones del gobierno de Trump para que la presidenta Sheinbaum le solicite la intervención militar estadounidense con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga. Sheinbaum no sólo se ha negado con firmeza, sino que consiguió que no haya ataques aéreos a lanchas sospechosas de narcotráfico en el Caribe cercano a México.

Colombia es ejemplo del intervencionismo militar estadounidense para “combatir” narcotraficantes; en 1999 los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton acordaron el Plan Colombia, que duró 15 años tras el cual, Colombia es, hoy el principal productor de cocaína en el mundo, mientras que las calles y carreteras no son más seguras, pero Estados Unidos dejó instaladas en territorio colombiano 9 bases militares al servicio de su influencia en la región andina y de sus estrategias geopolíticas.

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