El senador republicano de Texas, Ted Cruz, comparte con muchos mexicanos atemorizados por la inseguridad la idea de que el Gobierno de México debe aceptar la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles criminales.
Trump ha insistido en ello, pero ahora el legislador texano identifica al Plan Colombia como el modelo de la oferta de “ayuda”. “Mi mensaje al Gobierno de México —dijo el senador tras reunirse con el canciller Juan Ramón de la Fuente— es que acepten nuestro ofrecimiento como amigos, justo como lo hizo Colombia”.
La reiterada respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sido que la atención al problema del narcotráfico es una responsabilidad compartida que exige cooperación y pleno respeto a la soberanía y a la legislación de cada país, no subordinación.
Esa posición aparece tal cual en la declaración conjunta que siguió a la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, a la presidenta de México.
Sin embargo, el Plan Colombia conlleva injerencia directa; algunos críticos internos de nuestro gobierno piensan que invocar la soberanía ante un poder militar, económico y político muy superior es una visión del Estado rudimentaria que no hace más que empeorar las cosas.
Acompaña esa idea la creencia de que la intervención estadounidense resolvería, o por lo menos atenuaría a niveles tolerables, el poder de la delincuencia que atemoriza y sojuzga, extorsiona, secuestra y mata a miles de ciudadanos.
Falso; ¿recuerda usted el Plan Mérida, que luego se renombró como Iniciativa Mérida, diseñado en Washington con el gobierno de Felipe Calderón y suscrito en junio de 2008, cuando la guerra al narcotráfico ya tenía 18 meses desatada en nuestro territorio?
A diferencia del plan colombiano, la Iniciativa Mérida —cancelada por el gobierno de López Obrador— no incluía la participación activa de fuerzas militares estadounidenses; el modelo ofrecido por Trump incluye la intervención militar y política.
Colombia ya lo vivió; tras la intervención estadounidense quedaron 8 bases militares permanentes, que operan bajo acuerdos bilaterales. Vivió también la elección de Álvaro Uribe en 2002, quien encabezó un régimen autoritario, económicamente liberal, militarista, que fue causante de mayores desigualdades y de innumerables violaciones a derechos humanos.
Ni la presencia militar estadounidense ni el autoritarismo del régimen político acabaron con el negocio del narcotráfico, ni fueron motivo de tranquilidad para la ciudadanía.
No eran esos los propósitos de la intervención estadounidense; si hubieran sido, no se habría promovido la elección de Álvaro Uribe, a quien instituciones estadounidenses enlistaban como presunto colaborador del Cártel de Medellín desde 1991.
La National Security Archive (NSA), una organización civil con sede en la Universidad George Washington, de la capital estadounidense, dedicada a “recopilar, desclasificar y difundir documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos”, ha publicado oficios de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EU que incluyen a Uribe en una lista de los narcotraficantes más importantes de Colombia, colaborador del Cártel de Medellín, aunque fueron descartados por el Departamento de Estado por falta de la “verificación final requerida”.
En 1992, la embajada de EU en Bogotá identificó a Uribe como un “político posiblemente vinculado al narcotráfico”, y otros documentos revelados por la NSA se refieren a presuntos vínculos suyos —ya como presidente— con paramilitares y con responsabilidad en la intensificación de los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros.
Uribe fue el hombre fuerte del régimen colombiano durante 20 años hasta que en 2022 Gustavo Petro fue electo presidente; disminuido en su poder, fue enjuiciado y condenado el 29 de julio de 2025 por delitos relacionados con soborno y fraude procesal en juicios entablados para determinar sus nexos con grupos paramilitares.
Por la acción de la justicia colombiana, el gobierno de Trump protestó y amenazó ruidosamente al gobierno de Petro. Uribe pasó algunos días bajo arresto, pero en agosto fue amparado por el Poder Judicial.
La injerencia militar y política estadounidense conforme al Plan Colombia, ¿de qué sirvió?
No acabó con la producción y tráfico de cocaína, solo hizo que cambiara de dueños al pasar del cártel típico a una red atomizada de grupos regionales; según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia es hoy por hoy el mayor productor de cocaína en el mundo, la cual llega a Estados Unidos por intermediación de los cárteles mexicanos.
La fragmentación de narcotraficantes multiplicó los grupos armados y diversificó las dinámicas de violencia criminal ligadas al microtráfico, como la extorsión, los secuestros y los cobros de protección a negocios. Parecido a lo que provocó la guerra de Calderón en México.
Cualquier balance que se lea del Plan Colombia coincide en que fortaleció la capacidad del Estado para afrontar a la guerrilla y en que desarticuló a los grandes cárteles que disputaban una tajada grande de las ganancias del negocio, pero no estableció una seguridad ciudadana duradera porque el narcotráfico mutó, los grupos armados ilegales se multiplicaron y la violencia contra la población civil continuó bajo nuevas formas. Hoy por hoy, el 86% de los colombianos declara que vive con miedo por la inseguridad.
Así los resultados de la ayuda estadounidense para «controlar» el negocio del narcotráfico.