El director de temas económicos del Wall Street Journal, Greg Ip, publicó en ese diario (12 de agosto, 2025) su opinión sobre los avances de Estados Unidos hacia un capitalismo de Estado, “asemejándose a China”.
Ni el T-MEC ni Norteamérica como región económica son temas de su consideración, porque no son prioridad del proyecto de «hacer otra vez grande a América» mediante una decidida intervención del Estado; la prioridad es repatriar capacidad productiva y conducir el desarrollo de sectores estratégicos, como semiconductores, farmacéutica y lo que tenga aplicación militar.
Los impulsos a profundizar la injerencia del Estado en la economía arrancarían después de la crisis financiera de 2008-09, que fue la mayor recesión mundial desde 1929, a la que luego se sumó la provocada por la pandemia en 2020.
Por ambos eventos, gobierno y congreso estadounidenses se convencieron de que el capitalismo de libre mercado —el neoliberalismo— había convertido a la economía de EU en dependiente de suministros clave de China, había reducido la actividad manufacturera en el país y había detenido la innovación tecnológica que surge, precisamente, del dinamismo de la planta productiva.
En 2009, el gobierno y el congreso estadounidenses se vieron forzados a afrontar las circunstancias y a rescatar bancos y armadoras con recursos que no tenían contemplados, pero tal improvisación no debía volver a ocurrir; aunque el artículo de Greg lo omite, es importante recordar que fue el expresidente Joe Biden quien decidió ir más allá de una intervención circunstancial del Estado y quien tomó medidas —antes que Trump— para reindustrializar a EU.
Biden elaboró su plan Made in America (2020), que destinó cerca de 400 mil millones de dólares a créditos e incentivos fiscales al «reshoring», estrategia para llevar la producción de vuelta a su territorio y protegerla del comercio exterior.
Con Biden se promulgaron en agosto de 2022 dos leyes de gran incidencia del Estado en la evolución de varias ramas industriales.
Una fue la Ley de Reducción de la Inflación, que dedicó 369 mil millones de dólares a financiar el desarrollo e incorporación de energías limpias a la industria, edificios y transportes; otra fue la Ley de Chips y Ciencia, que destinó 53 mil millones de dólares en subsidios a la fabricación nacional de semiconductores, actividad que quedaba enmarcada en un programa industrial y un plan de política científica con los que se pretende enfrentar la competencia tecnológica de China.
Trump ha seguido por esa línea política, que implica forzar decisiones de las corporaciones privadas a que sigan el proyecto y objetivos del Estado; el artículo de Greg Ip ofrece ejemplos específicos, pero no toca lo que a México nos interesa, que es la política del Estado para forzar, ahora más agresiva, la repatriación de su planta manufacturera y asumir el control de ciertos sectores clave.
Esa política de «hacer grande a América» tiene toda la forma de un proyecto de Estado, para el cual se dispone de subsidios, baja de impuestos, compras de gobierno y otras canonjías a las corporaciones que regresen sus plantas industriales a territorio estadounidense, y con la imposición arbitraria de cargas arancelarias si no lo hacen; a los «socios» comerciales extranjeros, como México, se les somete a presiones políticas para que no obstaculicen o colaboren con el proyecto.
La repatriación a territorio estadounidense de capacidad industrial tiene el propósito general de aumentar el empleo, y el particular de asegurar ventajas tecnológicas frente a China en semiconductores, baterías, acero y productos farmacéuticos.
La integración de México y Canadá en un conglomerado regional norteamericano no tiene prioridad semejante y lo veremos y padeceremos durante la revisión del T-MEC. La prioridad de tal integración la estableció el gobierno de Carlos Salinas y, desde entonces, ha regido la posición económica internacional de nuestro país la idea de que no tenemos otro destino que la integración a la economía de Estados Unidos, y digo ha regido porque ni el expresidente AMLO ni la presidenta Sheinbaum se han deslindado de ella.
La diferencia económica (política y social) sustantiva entre el periodo neoliberal y la 4T es la reducción efectiva de la pobreza, como lo anunció el INEGI el 13 de agosto; reducir la pobreza —además de contribuir a la justicia social y a la estabilidad política— es fortalecer el mercado interno, principal estímulo al aumento de inversiones productivas y empleos.
Pero ahora, ante el viraje estadounidense tratando de reindustrializarse, hace falta mucho más para que se cumpliera el paradigma neoliberal de la plena integración de nuestra economía a la estadounidense o a la región norteamericana, que es que en nuestra economía privada el empresariado hubiera sido un promotor de innovaciones tecnológicas y tuviera algo que aportar en esas capacidades que le interesaran a Estados Unidos. Pero de eso tenemos muy poco.
Es hora de mirar hacia los potenciales internos de desarrollo con un mercado interno en creciente capacidad de consumo para que sea socialmente compartido y económicamente estimulante.