La hostilidad del presidente Trump hacia México tiene como precedente más cercano en la historia de las relaciones entre los dos países el protagonismo del embajador Henry Lane Wilson en el derrocamiento y asesinato de Francisco I. Madero durante la Decena Trágica de la Revolución Mexicana.
El 26 de julio pasado, el presidente de EU acusó nuevamente a la presidenta Sheinbaum de estar petrificada frente a los cárteles de la droga, perorata que cerró con la intimidatoria advertencia de que “tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que eso suceda”. ¿Qué puede o qué estaría dispuesto a hacer?
Trump es impredecible y no tiene medida; clasificados los cárteles en nuestro territorio como terroristas por su gobierno, tiene la fuerza legal y material que su condición imperialista le permite. De nada vale que las detenciones e incautaciones de droga que han hecho la presidenta Sheinbaum y García Harfuch sean incomparablemente importantes con las que se hacen en EU.
Las descalificaciones del gobierno mexicano forman parte de una estrategia de comunicación para crear la sensación de que hay que salvar al país del dominio de los cárteles en amplias regiones del territorio, crisis de la que se culpa al gobierno con descargas de desinformación.
De lo que se trata es de preparar el ánimo social favorable a considerar la injerencia o intervención disfrazada estadounidense como una solución necesaria para someter al «narcoestado» mexicano y restablecer la seguridad interna en nuestro país.
Gran parte de la prensa y noticieros en México hacen eco de esa campaña, cuya audiencia son los sectores de ingresos medios y altos, entre los que se difunde el miedo de que Morena está destruyendo al país, que no puede con la delincuencia y que está instaurando una dictadura.
Para quien quiera ver y comprender lo que implica esta campaña contra el gobierno mexicano, hay evidencias empíricas de que lo que persigue EU al intervenir, de cualquier manera, no es algo a favor de los intereses del país intervenido.
Es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde se impuso el Plan con el nombre de ese país a partir del año 2000 para combatir la producción y el tráfico de cocaína, y a ciertos grupos de guerrillas que azolaban gran parte del territorio.
La intervención estadounidense incluyó la instalación de bases militares que siguen operando bajo acuerdos bilaterales, lo que no ha impedido, sino quizás ha favorecido, que Colombia sea hoy por hoy el mayor productor de cocaína en el mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Tampoco ha servido para tranquilidad de la vida ciudadana, porque el 86% de los colombianos declara que vive con miedo por la inseguridad; la tasa nacional de homicidios este año es de 25 por cada 100 mil habitantes, mayor que la de México, que, según el INEGI, fue de 24 por cada 100 mil habitantes en 2023, “el nivel más bajo desde 2016”.
En lo que sí se ha notado la presencia estadounidense en Colombia es en el perfil políticamente conservador, autoritario, económicamente liberal, militarista y antiizquierdista radical que ha caracterizado al régimen desde que Álvaro Uribe asumió la presidencia en 2002.
Tras 20 años del maximato de Uribe a través de la suya y dos presidencias posteriores, la indignación por la desigualdad, los abusos policiales, el desempleo juvenil y la falta de oportunidades estalló en inmensas manifestaciones de protesta a lo largo y ancho de Colombia que duraron desde 2019 hasta 2021.
Álvaro Uribe es a quien este pasado lunes se le declaró culpable por los delitos de fraude procesal y soborno, lo cual no debería llamar la atención, pero es el caso que el mismísimo secretario de Estado de EU, Marco Rubio, declaró al día siguiente que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
Ante el profundo descontento social colombiano, Gustavo Petro ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia del país, pero desde que Trump es presidente ha mantenido a ese gobierno bajo amenazas de aranceles, campañas de desprestigio y descarados contactos alentando a sus opositores de derecha.
Se parece mucho al asedio al gobierno de Sheinbaum; recién llegado a México, el embajador Ronald Johnson se reunió con Eduardo Verástegui, destacada figura de la ultraderecha nacional, en la cena de bienvenida que le ofreció la American Society of Mexico, y en el brindis lo distinguió llamándolo “mi hermano”. ¿Más claro para saber cuál es su misión en nuestro país?
También el gobierno progresista de Brasil fue objeto de presiones por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de haber encabezado una asonada para tratar de impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de enero de 2023 en Brasilia. Trump, usando los aranceles como instrumento para obligar a gobiernos a obedecer sus dictados, amenaza con imponer un impuesto del 50% a Brasil a menos que se detenga el enjuiciamiento de Bolsonaro.
Es claro que Trump pretende dar seguridades de respaldo a gobiernos de extrema derecha y así ir conformando una red internacional en esa línea ideológica.
No le será tan fácil; el presidente Lula rechazó las amenazas de Trump como un “chantaje inaceptable”, lo que le atrajo una amplia unidad nacional en torno suyo. Él tiene un margen de acción mayor que Sheinbaum para actuar ante el asedio de Trump.