La conversación sobre México en casi cualquier reunión gira en torno a la persona de López Obrador, a lo que haya dicho o dejado de decir, pero esas discusiones tienen dos malas implicaciones: la de asumir que en la presidencia de la República radica un poder mayor al que realmente puede ejercer, y la de dejar de considerar el papel de otros poderes -algunos mayores al del Estado- sin cuyo concurso, simplemente, no se entiende lo que está pasando.
Un poco de historia: hasta 1980, cuando estaba llegando a su fin la etapa de prosperidad económica y social más larga de la historia capitalista, tanto internacional como mexicana, no por casualidad el presidente de la República era visto como el líder indiscutible de los destinos del país. Todo marchaba sobre rieles.
Pero la crisis internacional, que no se ha resuelto desde entonces, no la supieron leer Luis Echeverría ni José López Portillo, a causa de lo cual no sólo dejaron un desastre económico y financiero en el país, sino que la autoridad presidencial se debilitó ante el empresariado nacional y frente a los organismos financieros internacionales.
Tras la expropiación bancaria de 1982, el empresariado promovió la “democracia” a fin de que un mejor balance entre los poderes de la Unión -logrado mediante elecciones más legales- permitiera evitar que el presidente pudiera, con el «poder de su firma», volver a imponer su autoridad en un acto semejante.
Junto con esa democracia, y conforme al «Consenso de Washington» impulsado por el Banco Mundial y el FMI, se procedió a despolitizar los mercados para que éstos operaran “libremente”, lo que se interpretó en el gobierno de Carlos Salinas como que la mejor política debía ser la ausencia de política que pretendiera modificar las condiciones de inversión y desarrollo social.
El gobierno no debía trastocar las causas de los rezagos económicos ni las de la pobreza, sino que debía dejar que fueran corregidas por los mercados; tan sólo había que compadecerse con los pobres y destinarles algunas acciones asistencialistas.
Tampoco debía interferir, sino facilitar que sectores como el bancario se hiciera de un poder superior -hoy por hoy- al del propio gobierno y sociedad, y así lo hicieron los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Hoy por hoy, el poder presidencial puede menos que el de los banqueros con matrices en el extranjero.
Otro frente que acota el poder del gobierno es el Tratado de Libre Comercio vigente desde el 1 de enero de 1994, que obliga a conciliar decisiones con intereses económicos y políticos de Estados Unidos y de Canadá.
Tampoco puede medirse con ventaja el poder del presidente, con el que concentran las familias que constituyen el 1 por ciento económicamente más poderoso del país, ni López Obrador se puede imponer al Poder Judicial -que es el que tiene la posibilidad real de combatir la corrupción y la impunidad.
Si Morena logra pasar todas sus iniciativas en el Congreso hay que preguntarse por el desempeño de la oposición.
El Ejército es un poder sobre el que el presidente tiene formalmente el mando, pero esa fuerza ha acumulado capacidades inusuales lo cual sólo se puede explicar como una acumulación inversamente proporcional a la debilidad del gobierno.
La prensa comercial es otro poder que hace contrapeso al del gobierno, al ser el que forma la opinión de las clases medias y altas; el manejo que han hecho López Obrador y los formadores de opinión de su confrontación merece un análisis amplio de la manera, por demás violenta, en que se ha desarrollado.
Otras causas que inciden en la debilidad del gobierno (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federal, estatales y municipales) son la corrupción, la impunidad, la baja recaudación fiscal y por supuesto, el narcotráfico y el contrabando de armas del que son parte México y EU, aunque Washington sólo quiera ver la paja en el ojo ajeno.
El problema político de México es la debilidad institucional del gobierno y de la sociedad organizada que forma parte del Estado, al grado que no acierta a diseñar y seguir un proyecto de desarrollo que despierte un sentimiento de unidad nacional y logre restablecer la seguridad pública en las calles.