La semana pasada, el INEGI publicó el PIB del segundo trimestre de este año (‘estimación preliminar’). La actividad económica de nuestro país registró un crecimiento trimestral del 0.7 por ciento, significativamente por encima del consenso en 0.4 por ciento, pero en línea con el 0.7 por ciento que pronosticaba un servidor. Esto se explicó principalmente por un crecimiento trimestral de 0.8 por ciento de la producción industrial y un aumento de 0.7 por ciento en las actividades de servicios, a pesar de una caída de 1.3 por ciento en la producción agropecuaria, atribuida principalmente a la sequía y a la enfermedad del gusano barrenador que ha afectado la producción de carne de res. Una gran cantidad de estimaciones de crecimiento para este trimestre reflejaban que la actividad económica se desaceleraría en el segundo trimestre de este año debido a tres factores: (1) Adelanto de las exportaciones a los Estados Unidos antes de que entraran en vigor los aranceles durante el primer trimestre; (2) la consolidación fiscal que está llevando a cabo el Gobierno mexicano para disminuir el déficit de 5.7 por ciento en 2024 a 3.9 por ciento este año (métrica amplia de déficit que incluye Pemex y CFE); y (3) una desaceleración típica de un primer año de gobierno. Sin embargo, estos factores no han tenido un impacto negativo tan significativo.
La economía mexicana está mostrando un desempeño superior al que habitualmente se observa en el primer año de una nueva administración. Si tomáramos en cuenta las regularidades estadísticas de un primer año de gobierno, habríamos estimado una contracción de 1.0 por ciento para este año, en lugar del pronóstico de 0.7 por ciento de un servidor, no solo para el segundo trimestre, sino para todo el año. Además, sospecho que la mayoría de los analistas consideran que la consolidación fiscal de 1.8 puntos porcentuales del PIB que el gobierno está instrumentando este año está teniendo un efecto en la actividad económica. No obstante lo anterior, como he comentado en este espacio con anterioridad, el hecho de que la contabilidad fiscal en México se registre con base en el flujo de efectivo y no de manera devengada —como en la mayoría de los países—, crea una causalidad aparentemente inusual: La consolidación fiscal que el gobierno está llevando a cabo este año en realidad se reflejó en la actividad económica desde el año pasado. Esto se debe a que el aumento en el gasto público en 2024 —derivado del incremento del déficit de 4.3 por ciento del PIB en 2024 a 5.7 por ciento en 2024—, se destinó a pagar a los contratistas ese mismo año (2024) por los proyectos de infraestructura que concluyeron en 2023. Como resultado, los efectos de la consolidación fiscal de 2025 ya se observaron en la actividad económica desde 2024 y no deberían tener efecto en 2025 (“¿Quo vádis crecimiento?”, 24 de junio y “Descifrando el PIB”, 25 de febrero).
No cabe duda que la economía se ha desacelerado este año. En mi opinión, esto se debe principalmente debido al impacto negativo en la confianza empresarial ante las elecciones del año pasado, tanto en México, como en los Estados Unidos, así como la incertidumbre persistente sobre la política comercial estadounidense y la agenda de reformas heredada del expresidente López Obrador, incluyendo la reforma judicial (“¿Puede la reforma del presidente mejorar el Poder Judicial de nuestro país?”, 2 de julio, 2024). Sin embargo, la confianza empresarial ha empezado a mejorar (utilizando el subíndice “momento para invertir” en la encuesta del INEGI sobre inversión en construcción). Un cierre anticipado de la revisión del T-MEC, como ha solicitado el presidente de EU, Trump, podría también respaldar esta visión. Además, la sólida recaudación fiscal en la primera mitad del año refuerza este panorama optimista. Considero que varios de mis colegas van a empezar a revisar sus pronósticos de crecimiento para 2025 al alza en los próximos días, tal como ya lo empezó a hacer el staff del FMI, que la semana pasada revisó su proyección de -0.3 a +0.2 por ciento para este año.
Por su parte, el Banco de México llevará a cabo su junta programada de política monetaria esta semana y la Junta de Gobierno anunciará la decisión sobre el nivel de la tasa de interés pasado mañana. Anticipo que Banxico recortará la tasa de referencia en 25 puntos base (0.25 puntos porcentuales) a 7.75 por ciento. En mi opinión, el recorte por sí mismo, así como el resultado de la votación y el tono del comunicado reflejarán una postura menos acomodaticia para decisiones futuras. Un recorte de 25 puntos base es de facto una desaceleración en el ritmo de baja de tasas a partir de los 50 puntos base de las reuniones anteriores. Asimismo, también anticipo que el resultado de la votación vuelva a no ser unánime. En cuanto al comunicado que acompaña la decisión, considero que una forma en la que la Junta de Gobierno podría mandar un mensaje muy claro sería simplemente modificar la frase “recortes adicionales” a “recorte adicional”, indicando que solo quedaría un recorte más por llevar a cabo en la decisión del 25 de septiembre.
También considero que tal vez la Junta de Gobierno no quisiera “atarse las manos” y entonces podría dejar la frase en plural, pero añadir un mensaje condicional que limite los recortes en función de si la trayectoria de la inflación continúa observando una tendencia a la baja o si el banco central, en sus propias proyecciones, no tiene que postergar la convergencia de la inflación más allá del tercer trimestre de 2026, donde se encuentra actualmente. Así, de esta manera anticipo que Banxico llevará a cabo dos recortes de 25 puntos base, uno el 7 de agosto y el otro el 25 de septiembre, llevando la tasa de referencia a 7.50 por ciento, donde considero que permanecerá por el resto del año. Claramente reconozco que el riesgo es que Banxico pudiera llevar el nivel de la tasa a un nivel inferior, pero considero que esto solo sería posible si el Banco de la Reserva Federal de EU (Fed) relaja su política monetaria.