La Cámara de Representantes de los Estados Unidos recientemente aprobó una reforma fiscal que incluye un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas de los inmigrantes. De ser aprobada por el Senado, la reforma establece un ‘impuesto especial’ que se instrumentará a partir del 1 de enero de 2026 y lo enfrentarán quienes no sean ciudadanos de los Estados Unidos cuando lleven a cabo una transferencia de dinero a otro país. Cabe señalar que este impuesto afecta tanto a indocumentados, como a residentes y a quienes tienen visa de trabajo.
De acuerdo con datos del Banco de México, en 2024 el flujo de remesas hacia México fue cercano a 64 mil 750 millones de dólares (mdd), monto récord histórico que representa 3.5 por ciento del PIB de nuestro país. En lo que va del año de enero a marzo se han recibido cerca de 14 mil 270 mdd. El 99 por ciento de estas transacciones se lleva a cabo por transferencias electrónicas, que promedian cerca de 13 mil 800 operaciones al año, con un monto promedio de alrededor de 390 dólares por operación. El 96 por ciento de las remesas que recibe México provienen de los Estados Unidos, seguido por Canadá. Por su parte, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México son los estados que más remesas reciben, concentrando poco más del 40 por ciento de las que recibe el país. Sin embargo, aunque algunos estados no se encuentran entre los que más reciben remesas, éstas representan un alto porcentaje de su PIB. Tal es el caso de Chiapas y Guerrero, con cerca del 15 por ciento de su PIB, así como Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, con alrededor de 10 por ciento. Cabe destacar que el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) tiene una gran cantidad de documentos de análisis al respecto.
En 2017, el Banco Mundial publicó un documento titulado “Why taxing remittances is a bad idea?”, que incluye nueve razones relevantes por las cuales las remesas de los trabajadores no deberían ser gravadas, ya que las distorsiones que causa suelen ser significativamente mayores en comparación con el leve aumento en la recaudación fiscal: (1) Más que un problema macroeconómico o de balanza de pagos, para México sería un problema redistributivo que impactaría a las familias más pobres, quienes son la mayoría de los que reciben remesas, además de que en varios casos podrían implicar doble tributación; (2) los ingresos esperados por impuestos a las remesas son mínimos, como han demostrado tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EU; de hecho (3) ejemplos históricos en Gabón (2008) y Palau (2013) muestran una recaudación adicional insignificante al haber gravado las remesas; (4) los trabajadores migrantes podrían recurrir a canales informales (e.g. criptomonedas), reduciendo los ingresos fiscales, aumentando los costos de fiscalización y elevando los riesgos de seguridad, debido a la alta sensibilidad que tienen quienes envían remesas a los costos de enviar transferencias; (5) puede impactar negativamente el comercio, el turismo, la inversión y las transferencias filantrópicas; (6) la aplicación selectiva podría desviar los flujos a través de terceros países, duplicando las comisiones; (7) podría reducir el volumen de negocio de los proveedores de servicios de remesas y sus contribuciones fiscales; (8) podría llevar a expatriados y emprendedores a países con menos impuestos; y además (9) contradice los objetivos del G20 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al aumentar los costos de las remesas y disminuir la inclusión financiera.
Una pregunta es cuánto podría llegar a recaudar el gobierno de los Estados Unidos por las remesas a México. Para estimar el monto, voy a hacer el supuesto de que los migrantes continúan enviando remesas de la misma manera que lo hicieron en 2024, en el que se asume intrínsecamente que no buscarán canales alternativos. Asimismo, voy a tomar en cuenta que el Center for Strategic and International Studies (CSIS) estima que 40 por ciento de los que envían remesas son indocumentados y asumiré que alrededor de la mitad del 60 por ciento que se encuentran legalmente son ciudadanos y que no enfrentarán el impuesto. Así, la recaudación de cerca de 65 mil millones de dólares de remesas totales que llegan a México, multiplicada por el 96 por ciento que vienen de los Estados Unidos, así también multiplicada por el 70 por ciento de las personas que las envían que no son ciudadanos y por el 3.5 por ciento de impuesto, da como resultado cerca de mil 523 millones de dólares al año, que representa solo el 0.005 por ciento del PIB de los Estados Unidos (sí, con dos ceros). Este es un impuesto que afecta a quienes menos tienen (i.e. impuesto regresivo) y que aumenta las tensiones geopolíticas que actualmente enfrenta este país, solo para recaudar 0.005 por ciento del PIB, de parte de las remesas que se envían a México. Un aspecto que pudiera llegar a ser relevante para nuestro país es el régimen de tipo de cambio flexible con el que cuenta México. El peso podría depreciarse 3.5 por ciento frente al dólar y neutralizar automáticamente el impuesto, debido a que quienes reciben las remesas recibirían lo mismo en pesos que antes del impuesto. Lo malo es que la dinámica del tipo de cambio es sensible a muchos factores, que hacen que no necesariamente veamos esa depreciación solamente y al final quienes se benefician de las remesas tengan que pagar dicho impuesto.
Mando un fuerte abrazo y mi más sentido pésame a mi amigo Carlos Guisa Cardona por el fallecimiento de su papá José Luis Guisa Torres (1945-2025). Deseo que el recuerdo de una vida plena ayude a hacer llegar la paz a amigos y familiares que sienten su pérdida.