Una semana más de olvido para la 4T y sus allegados. A los ciudadanos nos tocó nuevamente ser testigos de eventos que parecerían sacados de una novela de ciencia ficción.
Iniciamos la semana con un supuesto decomiso de huachicol, encabezado por el muy activo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien anunció un operativo “histórico” en el que se aseguraron 38 millones de litros en un periodo de cuatro meses, cabe señalar que no hubo ningún detenido. Esta nota contrasta con los informes y dichos emitidos desde la mañanera, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba haber erradicado el robo de combustible. Claramente, esta práctica se incrementó durante su administración. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró con bombo y platillo este operativo, cuando en realidad han solapado durante más de un sexenio a varios miembros del círculo cercano del expresidente.
En paralelo, el gobierno del presidente Donald Trump logró en menos de seis meses lo que México no ha podido hacer en los últimos ocho años. El 20 de enero de 2025 firmó la Orden Ejecutiva 14157, que declara una emergencia nacional frente a los cárteles y establece un proceso para designarlos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Con esta decisión, se califica a los cárteles como una amenaza excepcional para la seguridad nacional, al nivel de insurgencias violentas.
Esta orden cimbró a los miembros más cercanos y representativos de la llamada Cuarta Transformación. Como respuesta inmediata, el gobierno mexicano envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional: propone modificar el artículo 40 para blindar la soberanía bajo el principio de “no aceptar intervenciones extranjeras bajo ninguna circunstancia”, y el artículo 19 para prever prisión preventiva oficiosa y pena máxima para traficantes de armas extranjeros y quienes atenten contra la soberanía.
Esta decisión de Washington empieza a dar frutos. La semana pasada, se dio a conocer el acuerdo judicial de Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable en la Corte del Distrito Norte de Illinois por cuatro cargos federales: dos por conspiración para distribuir drogas y dos por participación en una empresa criminal continua. ¿Qué implica esto? Que Ovidio, a cambio de su declaración de culpabilidad, debe colaborar en casos federales mediante declaraciones, pruebas documentales y testimonio contra otros miembros del crimen organizado. Evita así un juicio público, lo cual impide revelar vínculos con funcionarios o redes de complicidad. Como señaló un experto: “Estados Unidos no comparte sus juguetes”. México pierde así el acceso a información clave que solo EE.UU. podría aprovechar. Y aquí viene inevitablemente a la memoria aquella imagen: el saludo amistoso y deferente de AMLO a la madre de Joaquín Guzmán, abuela de Ovidio; o aquella célebre frase: “Yo ordené liberarlo”, tras el Culiacanazo.
En resumen, todo esto refleja lo rebasado —y probablemente involucrado— que está el gobierno mexicano con el crimen organizado. La realidad es que el oficialismo tiene muy clara su narrativa: decir lo que el tlatoani indique, tapar las verdades con escándalos, incluso si contradicen sus propias cifras o discursos. Lo más importante para este gobierno es defender, a toda costa, al líder moral y espiritual de la tristemente célebre Cuarta Transformación.
Me costó mucho comenzar este artículo, porque la agenda pública es la misma semana tras semana: corrupción, narcotráfico, asesinatos, pan y circo, un gobierno ineficiente y, sobre todo, una ciudadanía cada vez más apática y resignada a vivir bajo un régimen que erosiona el tejido social, la economía, las instituciones y crea organismos a modo. No obstante, por algo hay que empezar. Quizá sea momento de transformar aquella frase de AMLO, “Abrazos, no balazos”, en algo más realista: “Sin narcos, no hay abrazos.” Busquemos perfiles preparados, personas con trayectoria y convicción, y recuperemos, poco a poco, los espacios que nos permitan construir un mejor país. Tardará, sin duda, pero no podemos darnos el lujo de no empezar.