Otra semana compleja para las estructuras cercanas a Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de la Cuarta Transformación. En esta ocasión, el golpe provino del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que emitió sanciones civiles contra tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en el lavado de dinero para cuatro cárteles del narcotráfico. Estas operaciones habrían facilitado la compra de precursores químicos para la producción de fentanilo.
Las instituciones señaladas son Vector, Intercam y CI Banco. Llama la atención que Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fuera el hombre más cercano al expresidente López Obrador durante los primeros años de su gobierno: jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con el sector empresarial.
Aunque el caso de Vector asciende a 2 millones de dólares, según el Departamento del Tesoro, todos sabemos que esta cantidad no es representativa frente al gran flujo de dinero del narcotráfico. Lo importante de ello, es el mensaje político: el gobierno de Donald Trump vuelve a incomodar a la Cuarta Transformación.
El 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respondió ordenando la intervención temporal de las tres instituciones implicadas, removiendo a sus directivos para proteger a clientes e inversionistas. Vector maneja más de 44 mil millones de pesos, por lo que la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) apoyó la medida y pidió certeza para los inversionistas.
Aquí comienza nuestro Debate Puntual de esta semana: ¿Tiene el gobierno de Estados Unidos más información, y estas sanciones son apenas el inicio de una ofensiva contra funcionarios de alto nivel ligados al obradorismo? ¿Se trata de una estrategia política para negociar otros temas espinosos como los aranceles, el T-MEC, los adeudos de agua y energía? ¿Le avisaron a la presidenta Claudia Sheinbaum de estas acciones durante la visita del subsecretario de Estado, el pasado 11 de junio?
Este suceso, claramente impulsado con una intención política desde Washington, busca exhibir a personajes de alto perfil ligados al narcotráfico, y esa es la verdadera alarma: el grado de infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano no solo es preocupante para nosotros como ciudadanos, sino que comienza a generar consecuencias a nivel internacional.
Durante el sexenio de López Obrador fue un tema recurrente la opacidad gubernamental frente al descontrol en materia de seguridad, exacerbado por el crecimiento de los cárteles. A esto se suma una cifra histórica de asesinatos de candidatos y presidentes municipales, muchos de ellos a manos del crimen organizado.
Por su parte, la política antidrogas del presidente Trump ha sido clara y agresiva. Sin embargo, deja abierta una gran incógnita: ¿hasta dónde llegará este embate? ¿Veremos a más funcionarios del primer círculo de AMLO vinculados directa o indirectamente con el crimen organizado?
Este episodio nos recuerda con crudeza que los retos de México no se resuelven desde la indiferencia ni desde la resignación. El señalamiento a instituciones vinculadas —directa o indirectamente— con figuras del poder es una llamada de atención sobre el nivel de descomposición institucional que enfrentamos, aunque la narrativa oficialista constantemente logra desviar la atención del tema. Pero también representa una oportunidad para reconocer que el verdadero contrapeso no siempre vendrá de las esferas internacionales o de los partidos políticos, sino de una ciudadanía más activa, informada y exigente.
Hoy más que nunca, necesitamos reconstruir el tejido cívico y recuperar, poco a poco, los espacios públicos: los municipios, los congresos locales, las escuelas, las calles y las decisiones que se toman en nuestro nombre. Y esa reconstrucción solo será posible si nos aseguramos de que quienes aspiren a gobernar cuenten con la preparación, la ética y la visión necesarias para hacerlo con responsabilidad.
La transformación que México necesita no puede seguir en manos de los mismos intereses ni bajo lógicas clientelares. Requiere una sociedad que ya no tolere la impunidad como normalidad y que entienda que un país mejor no se hereda: se construye desde abajo, con participación, con convicción y con la firme intención de que nuestros hijos vivan en un país donde el crimen no gobierne y donde el poder no se confunda con complicidad.