Como ya estamos acostumbrados, las propuestas de reformas que impulsa la agenda del gobierno en turno nos sorprenden con las letras chiquitas que ponen a temblar a los ciudadanos.
En las reformas anteriores, propuestas y aprobadas en su totalidad, no hubo un análisis profundo ni se mantuvo una línea democrática que priorizara un Estado libre. En cambio, se ha dado continuidad a la agenda de la llamada Cuarta Transformación. Ahora se presenta una nueva propuesta de reforma que, a pesar de incluir puntos importantes a considerar, nuevamente adopta un tono de control y una peligrosa tendencia a limitar las libertades de expresión. En este análisis, abordaremos los pros y contras que encontramos en dicha reforma.
Debemos tener muy claro el valor que representan para nuestro país las telecomunicaciones. Estos datos ayudan a dimensionarlo: la radiodifusión y las telecomunicaciones no solo constituyen sectores productivos con un valor anual superior a los 35 mil millones de dólares, sino que también generan empleo directo para más de 302 mil familias en México.
México debe evolucionar en línea con las necesidades tecnológicas globales, mediante una estrategia nacional más clara que aproveche el nearshoring, el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y otras innovaciones que conforman el ecosistema digital alrededor de la tecnología 5G.
Lo que generó la polémica fue que la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada el 23 de abril —justo cinco meses después de la desaparición del IFT—, planteaba que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) asumiera las funciones del organismo extinto. Esta nueva entidad, casualmente, tendría la facultad de bloquear plataformas digitales a solicitud de autoridades competentes —no definidas— “en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”. Esta redacción, similar a lo que ocurre en países como Venezuela y Cuba, abre la puerta a restricciones extremas de la libertad de expresión en Internet, sin requerir una orden judicial que determine la ilegalidad o gravedad del contenido para justificar dicha medida. Es una vez más una muestra de autoritarismo y concentración de poder por parte del Estado.
Por fortuna, el 14 de mayo de 2025, el titular de la ATDT confirmó la eliminación del artículo 109 del proyecto, como parte de un nuevo marco normativo que busca garantizar la conectividad de al menos 15 millones de personas que hoy no tienen acceso efectivo a Internet.
La conclusión, luego de este importante freno al oficialismo, es que la ciudadanía se movilizó e informó al respecto. Eso es precisamente lo que debemos hacer ante cada propuesta que atente contra nuestras libertades: no dejarnos vencer por el desánimo ante la concentración de poder que ejerce hoy el gobierno. Estemos muy atentos a ver cuáles serán aquellos elementos secundarios que de verdad puedan potenciar a México en estas áreas de oportunidad a nivel mundial.