Este sábado el gobierno de Donald Trump atacó tres instalaciones nucleares en Irán. Arrojó media docena de bombas antibunker sobre Fordo y desde submarinos se lanzaron 30 proyectiles sobre Natanz e Isfahan. Trump justificó las agresiones diciendo que se trata de imponer la paz mediante la fuerza.
Es el momento de recordar que, como candidato y como presidente, Trump ha amenazado en varias ocasiones con arrojar misiles contra las bases de los cárteles mexicanos. En 2020, en su primer periodo presidencial, analizó con Mark Esper, su secretario de Defensa, la posibilidad de lanzar misiles sobre México para “destruir los laboratorios de drogas y aniquilar a los cárteles”. Poco antes de asumir su segundo mandato, The Economist consideró que México era el país con mayores posibilidades de sufrir ataques de Estados Unidos. En diciembre pasado, The Rolling Stone publicó el artículo “El equipo de Trump debate: ¿qué tanto deberíamos invadir a México?”. El debate no se centraba en si Estados Unidos debía invadir o no a nuestro país, sino cómo y cuándo. Ya como presidente, en varias ocasiones Trump ha comentado con Sheinbaum esa posibilidad. La presidenta se ha negado, pero la amenaza sigue latente.
Hasta ahora la contención del gobierno de Sheinbaum ha funcionado. Se han detenido miles de criminales ligados con el narcotráfico, se han destruido cientos de laboratorios de fentanilo (que el gobierno de López Obrador negó que existieran), se han extraditado decenas de capos relacionados con las drogas. Todas estas acciones México debió haberlas hecho sin que nos las exigieran y sin amenazas de por medio. No ocurrió así por el grado de complicidad o tolerancia de López Obrador con los grupos criminales. Barcos cruceros navegan las aguas del Golfo de México. Aviones espías y drones sobrevuelan nuestro espacio. Decenas de militares norteamericanos se encuentran en México capacitando a nuestras tropas. En una acción poco clara, militares de Estados Unidos participaron en la destrucción de un laboratorio en Sinaloa el mes pasado. A pesar del alto grado de colaboración del gobierno mexicano con la administración Trump, la amenaza sigue en pie. Vía telefónica, Trump sigue presionando a Sheinbaum para que permita que fuerzas norteamericanas incursionen en México o que permita que se lancen misiles a las bases de los cárteles del narco. ¿Hasta cuándo seguirá funcionando esta labor de contención? En Trump, dado su carácter cambiante, no se puede confiar.
En 2024 cayó en 20 por ciento el número de defunciones por fentanilo en Estados Unidos, situándose en 48 mil. Más de 250 mil norteamericanos murieron por sobredosis de esta droga durante la presidencia de López Obrador en México. Es una cifra que difícilmente se olvidará en Estados Unidos, sobre todo por el grado de involucramiento del crimen organizado con el gobierno mexicano. Desde el comienzo del gobierno de Trump se dejó muy claro lo intolerable que resultaba la relación del gobierno mexicano con los criminales. No basta con las detenciones, ni con los laboratorios destruidos ni con las extradiciones. Hasta el momento, el gobierno de Sheinbaum no ha realizado ni una sola detención de algún político relacionado con el narco. Ninguna investigación parece estar en curso. Repetidamente, el gobierno de Sheinbaum ha salido en defensa de los políticos que han sido señalados en Estados Unidos. Pero esa complicidad existe. No es posible que los brazos tentaculares del crimen organizado se hubieran extendido tanto sin la abierta complicidad de la clase política nacional.
Se han dado ya los primeros pasos en Estados Unidos. Se han revocado algunas visas. Medios norteamericanos han reportado la circulación de varias listas que señalan a políticos mexicanos: gobernadores, legisladores, dirigentes de Morena. Todos relacionados con López Obrador. Imposible que se olviden, más allá de las fronteras mexicanas, las deferencias que tuvo el expresidente con la madre del Chapo y con Ovidio Guzmán, a quien dejó escapar. Imposible olvidar la política de tolerancia que permitió la expansión desmesurada del narco en México —que ahora tiene presencia en todos los estados de la República— y la construcción de una base exportadora de fentanilo hacia el país del norte. Si en México no lo olvidamos, menos podrán hacerlo en Estados Unidos: 250 mil muertos costó en México la violencia desatada por el narco; en Estados Unidos, 250 mil muertos por sobredosis provocó la laxitud o complicidad del expresidente. Medio millón de muertos es el saldo en vidas del presidente humanista.
Teniendo a la vista lo sucedido con Irán, es cada día mayor la posibilidad de que Estados Unidos ataque con misiles o invada con fuerzas especiales el territorio mexicano. Más allá de los discursos nacionalistas, el gobierno de Sheinbaum está obligado —orillado por las circunstancias— a romper el pacto de complicidad con el crimen organizado. Eso incluye, por supuesto, la ruptura franca (por mera supervivencia) con su antecesor.