La semana pasada comentamos la decisión de Moody’s de quitar la calificación AAA que tenía asignada a los bonos del Tesoro estadounidense por una Aa1, con lo que Estados Unidos perdió la última calificación máxima que le quedaba por parte de las calificadoras. Al mismo tiempo se ha estado advirtiendo por algunos analistas, la posibilidad de que México pierda el grado de inversión, mientras que las autoridades hacendarias afirman que no existe ese riesgo. Que la fortaleza de las finanzas públicas, el nivel del endeudamiento respecto al PIB, el tamaño de las reserva internacionaless, y el T-MEC son factores que favorecen la calificación de la deuda soberana.
El grado de inversión requiere en la práctica que por lo menos dos calificadoras otorguen esa calidad, ya que la mayoría de los fondos de inversión institucionales internacionales tienen en sus reglas para poder invertir en algún papel, que por lo menos dos calificadoras tengan otorgado este nivel de calificación al emisor de los valores. Hoy en día México tiene asignada la calificación de grado de inversión por parte de las 3 principales agencias de calificación internacionales, con perspectiva estable. La calificación que nos asignan S&P y Moody´s es equivalente entre sí, y esta a dos escalones por arriba de la calidad especulativa. Fitch nos ha puesto en el borde del precipicio desde el 2020.
La perspectiva “estable” supone que las agencias no contemplan realizar ni una degradación, ni una mejoría en la calificación asignada en un plazo de entre 12 a 18 meses desde que se emite el último comunicado. En el reporte más reciente de S&P de diciembre del 2024 se menciona el porque se mantiene la misma calificación asignada desde el 2022. Resaltó el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal, el buen manejo macroeconómico y la prudencia en las políticas fiscal y monetaria, lo que permite asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, mantener la confianza de los inversionistas y el buen acceso a los mercados globales de capital.
S&P destacó que las posibles controversias entre México y Estados Unidos sobre comercio, migración y otros asuntos se manejarán de manera pragmática, lo que sostendrá la estabilidad económica y mantendrá la profunda integración económica de ambos países. S&P prevé continuidad en las políticas sociales y económicas durante la presente administración. También anticipa una mayor participación de la inversión privada en sectores clave como el eléctrico, gracias al Plan de Energía presentado por la Secretaría de Energía que podría dinamizar el crecimiento económico, que reabre de manera atractiva la participación del sector privado en el sector.
La calificadora reconoció que los recientes cambios constitucionales al Poder Judicial han generado controversia, pero su análisis se centrará en las implicaciones que estos cambios puedan tener en las instituciones, en la inversión y en el desempeño económico a largo plazo. La agencia también destacó que la calificación se sustenta en la democracia y en el marco institucional de México, que han proporcionado estabilidad política; así como en políticas macroeconómicas prudentes respaldadas por un régimen de tipo de cambio flotante, un sector bancario bien capitalizado y un portafolio de deuda local diversificado.
En Bursamétrica contemplamos que la calificación de la deuda soberana mexicana permanecerá estable en este año, ya que se prevé una consolidación fiscal que implicaría un déficit público de 3.9% del PIB (RFSP), así como un superávit primario y un costo financiero de 0.4% y 3.5% del PIB, respectivamente. Sin embargo si el crecimiento económico se estanca o se contrae como lo prevemos en un -0.5% anual, el nivel de deuda sobre PIB (SHRFSP) sería 51.9% del PIB al cierre de este año vs. 50.8% en 2024.
Pero los retos, a futuro, en las finanzas públicas son enormes. Si México no logra garantizar condiciones claras para la inversión que permitan un mayor crecimiento, y no se concrete una reforma fiscal que genere mayores recursos e incentive el gasto y la inversión, el déficit financiero sería superior al 4% sobre el PIB en cada año, y el nivel de endeudamiento podría llegar al 58% del PIB en 2029.
El mayor riesgo que tiene México, con lo que las cosas pudieran salirse de control, y pudiéramos perder pronto el grado de inversión se encuentra en la situación financiera de Pemex. El Gobierno no puede seguir absorbiendo los vencimientos de la deuda financiera, los pasivos laborales y los pasivos vencidos a los proveedores de Pemex con la emisión de deuda soberana. Debe reorientarse el plan de negocios hacia la exploración y producción de crudo y gas, en donde prevalece un amplio margen de utilidad y no hacia la refinación.