El sistema financiero mexicano sigue sacudido tras el señalamiento por parte del gobierno de Estados Unidos a tres importantes instituciones financieras por presunto lavado de dinero, seguido de su intervención gerencial por las autoridades mexicanas.
Se trata de un hecho inédito en la historia financiera del país, que ha generado una profunda inquietud y un clima de incertidumbre. Es como si algunos estuvieran ya infectados por el virus, pero nadie supiera cuántos más podrían estarlo.
Veamos algunos episodios de esta historia para entender sus implicaciones.
Desde hace semanas existía incertidumbre sobre los alcances de la legislación recientemente aprobada en Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo. La Fentanyl Eradication and Narcotics Deterrence Off Fentanyl Act (Ley FEND Off Fentanyl Act) fue promulgada en junio de 2024, aún bajo la administración Biden.
Subrayo este punto porque se ha difundido la idea equivocada de que las decisiones del Departamento del Tesoro están basadas en una ley impulsada por el presidente Trump. No es así.
La ley en cuestión otorga al Departamento del Tesoro la facultad de designar a cualquier institución extranjera como una “preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Lo más delicado es que la autoridad estadounidense no requiere llevar el caso ante un tribunal. Basta con su propio juicio para emitir una sanción unilateral, con base en la información que posee. El plazo para aplicar sanciones es de solo 21 días desde la designación.
La parte más crítica de la sanción consiste en prohibir a todas las instituciones financieras estadounidenses realizar operaciones con los señalados. Para muchas instituciones mexicanas, eso equivaldría a una condena a muerte. No hay forma de que entidades como CI Banco o Intercam sobrevivan si esa restricción se aplica en su totalidad.
La Secretaría de Hacienda intentó minimizar el impacto la semana pasada, señalando que se trata de bancos muy pequeños y que ni siquiera concentran el 1 por ciento del ahorro nacional. Pero esa declaración omite al menos tres aspectos clave que evidencian la magnitud del problema.
Primero, la propia Secretaría, a través de un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló lo siguiente:
“La UIF encontró transacciones a dichas empresas chinas (las señaladas por el Departamento del Tesoro) realizadas por 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales”.
Es decir, no fueron tres bancos, podrían ser diez. Lo que la UIF le está diciendo a la autoridad estadounidense es que su lista se quedó corta. Y dado que el criterio del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) es ambiguo, crece la incertidumbre sobre si las otras instituciones “balconeadas” serán también sancionadas en el corto plazo.
Segundo, aunque no manejan grandes volúmenes de ahorro, estas instituciones cumplen un rol estratégico en el comercio exterior. El impacto ya comenzó a sentirse y se agravará en las próximas semanas.
Tercero, en el caso específico de CI Banco, estamos hablando de una de las instituciones fiduciarias más relevantes del país. Diversos fondos de entidades públicas tienen fideicomisos en esa entidad, incluyendo la Fibra E de la CFE, otras Fibras, fondos de Afores, entre muchos más.
Algunos expertos estiman que la intervención se decidió principalmente por el riesgo sistémico en materia fiduciaria que representa CI Banco. Pero al no poder hacer una excepción legal, la medida incluyó a las tres instituciones.
No cabe duda: estamos en un momento delicado. Y el gobierno de Estados Unidos ha demostrado con claridad el poder que puede ejercer sobre el sistema financiero mexicano.
Supongo —o al menos lo espero— que esta misma semana el secretario de Hacienda viaje a Washington, acompañado de una representación del sistema bancario nacional, para tratar de alcanzar un arreglo diplomático y operativo.
De no lograrse un mensaje contundente que disipe la incertidumbre, el sistema financiero mexicano podría estar bajo la amenaza del llamado ‘efecto dominó’ ante el temor de que hay otras instituciones señaladas por Estados Unidos.