La propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos por quienes no son ciudadanos estadounidenses ha encendido alarmas en países como México e India, principales receptores de estos fondos a nivel global.
Aunque el viernes fue rechazada por el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes con 21 votos contra 16, la verdadera razón del rechazo fue la percepción de algunos republicanos de que los recortes al gasto propuestos no eran suficientes.
Los representantes republicanos que votaron en contra fueron Chip Roy (Texas), Ralph Norman (Carolina del Sur), Josh Brecheen (Oklahoma), Andrew Clyde (Georgia) y Lloyd Smucker (Pennsylvania). Sin embargo, no debe interpretarse que esta decisión responda a simpatías hacia los migrantes, ya que estos congresistas pertenecen al ala más conservadora del Partido Republicano.
La propuesta de este nuevo gravamen forma parte de un paquete fiscal más amplio, que será discutido nuevamente este domingo y muy probablemente mantendrá el impuesto a las remesas.
Además, el contexto en el que se discutirá esta propuesta también considera la reciente degradación de la deuda del gobierno de Estados Unidos anunciada por la calificadora Moody’s.
Existen indicios claros de que el impuesto permanecerá, pese a las afirmaciones de legisladores mexicanos que aseguran convencerán a sus homólogos estadounidenses de detenerlo.
40 millones de afectados
El proyecto de ley, conocido como “The One Big Beautiful Bill”, contempla el gravamen a las remesas y otras transferencias enviadas por residentes no ciudadanos, incluyendo a titulares de visas como la H-1B y residentes permanentes.
Esto implica que incluso emigrantes con documentos legales de residencia deberán pagar este impuesto, afectando potencialmente a más de 40 millones de personas. Únicamente quienes cuenten con nacionalidad estadounidense estarían exentos.
México recibió casi 65 mil millones de dólares en remesas durante 2024, situándose junto con la India como una de las naciones más perjudicadas por este impuesto.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida de “arbitraria e injusta”, destacando que las remesas son producto del trabajo honesto de migrantes que aportan tanto a la economía estadounidense como a la mexicana. Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente anunció una defensa política y legal contra esta iniciativa.
Sin embargo, más allá de posiciones políticas, la realidad indica que el gobierno de Trump busca obtener recursos adicionales para reducir sus necesidades financieras.
Las declaraciones de México parecen buenos deseos destinados a chocar con la realidad política estadounidense.
Por otro lado, India es el mayor receptor mundial de remesas, con 129 mil millones de dólares en 2024, mayoritariamente provenientes de Estados Unidos. Como en el caso de México, este impuesto afectaría significativamente a las familias que dependen de estos fondos para educación, salud y gastos esenciales.
¿Qué se puede hacer?
La realidad es que existen pocas opciones.
Las autoridades mexicanas no tienen poder para cambiar una decisión soberana de Estados Unidos. La única vía posible sería desplegar una diplomacia interna en territorio estadounidense para convencer a legisladores de que este impuesto es contraproducente.
Sin embargo, dada la escasa capacidad de operación del gobierno mexicano en Estados Unidos y los márgenes limitados que existen actualmente, es probable que el país quede sujeto a las decisiones del Congreso estadounidense.
No habrá que esperar demasiado para conocer el desenlace.