El reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a los bancos comerciales para que reduzcan las tasas de interés, tras la baja decretada por el Banco de México (Banxico), ha generado reacciones divididas.
Para algunos, se trata de una exhortación legítima desde el Poder Ejecutivo para impulsar el crédito y dinamizar la economía. Para otros, la solicitud exhibe una comprensión limitada de cómo funciona realmente el sistema financiero mexicano y podría poner en entredicho uno de los pilares institucionales más relevantes: la autonomía del banco central.
Lo primero que debe entenderse es que las tasas que pagan los usuarios finales del sistema financiero no dependen únicamente de la tasa de referencia que fija Banxico.
Aunque esta –actualmente en 9 por ciento tras su más reciente ajuste a la baja– es un referente esencial para el costo del dinero, las tasas activas que aplican los bancos incorporan otros factores igual o más relevantes.
Entre ellos destacan los costos administrativos, que no son menores en un entorno regulado y competitivo, pero sobre todo, el componente de riesgo: el margen adicional que los bancos incluyen para compensar la posibilidad de impago. En economías como la mexicana, con alta informalidad, escasa profundidad financiera y marcos legales poco eficaces para recuperar cartera vencida, ese margen se vuelve considerable. Por ello, la sola reducción de la tasa objetivo del banco central no garantiza automáticamente tasas más bajas para los consumidores.
Además, existe un riesgo institucional que no debe ignorarse. Aunque la presidenta puede externar preocupaciones y proponer mecanismos para mejorar el acceso al crédito, el tono de su mensaje puede interpretarse como presión política sobre los actores del sistema financiero, incluido Banxico.
La autonomía del banco central, consagrada en la Constitución, implica que sus decisiones deben estar blindadas ante presiones coyunturales, sustentadas únicamente en criterios técnicos y de estabilidad.
Cualquier insinuación de que la política monetaria debe alinearse con los objetivos del Ejecutivo puede enviar señales negativas a los mercados, en especial cuando la inflación, aunque en descenso, aún no ha sido plenamente controlada.
También hay factores estructurales que limitan la capacidad de acción. En México, la banca de desarrollo tiene una participación reducida en el financiamiento al sector privado. Datos recientes muestran que estos bancos representan menos del 10 por ciento del crédito directo al consumo o a las pequeñas empresas.
Esta baja participación restringe su capacidad para influir en las tasas del mercado, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde las instituciones públicas sí marcan pauta en segmentos estratégicos.
En ausencia de un sistema robusto de financiamiento público, la banca comercial carga con toda la responsabilidad, y su comportamiento responde a criterios de rentabilidad y prudencia.
Pedirle que reduzca tasas sin modificar el entorno de riesgo, sin reformar el marco legal de garantías o sin ampliar los canales para mitigar impagos, es pedir que asuma pérdidas o adopte decisiones que comprometen su estabilidad financiera.
Tal vez la presidenta no valoró que su propuesta, en este contexto, podría ser un autogol para la gestión de las políticas públicas.
Más que exhortaciones públicas, se requiere una estrategia integral: fortalecer la banca de desarrollo, crear coberturas más eficaces contra riesgos, mejorar la eficiencia del sistema judicial en la recuperación de créditos, y sobre todo, avanzar en la formalización de la economía. Solo así será posible construir un entorno donde las tasas bajen de manera sostenible.
La baja en la tasa de referencia de Banxico es un paso correcto, pero la política monetaria no puede ni debe cargar con toda la responsabilidad del crecimiento económico.
Las decisiones de inversión, crédito y financiamiento operan dentro de un ecosistema complejo, que incluye desde la estabilidad macroeconómica y la regulación financiera hasta la certeza jurídica y la dinámica internacional.
Entender esa complejidad es fundamental para formular propuestas eficaces y sostenibles.
De lo contrario, todo queda en declaraciones políticamente rentables, pero con posibles costos significativos en el largo plazo.