Uno de los pilares de la política de Donald Trump será, a partir del lunes 20 de enero, establecer un férreo control migratorio y no solo impedir la llega de indocumentados sino deportar masivamente a quienes se encuentran ya en territorio de Estados Unidos.
Su planteamiento no es nuevo. Durante su primer mandato fue parte central de su estrategia. La consigna de construir un muro en la frontera fue parte central de su campaña que lo llevó al triunfo en el 2016.
Por esta razón, se pensaría que en su primer periodo habría sido el campeón de las deportaciones.
Pues, sorpréndase. No fue así.
Hagamos un recuento de las cifras de deportación, de acuerdo con las estadísticas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, que, por cierto, no coinciden con las que ha difundido el gobierno de México.
Durante el primer mandato de Bill Clinton, la cifra de personas deportadas fue de alrededor de 150 mil. En su segundo mandato, el monto ascendió a 657 mil 617 personas. Las versiones en México hablan de más de 7 millones de deportados en la era Clinton.
En el primer periodo de George Bush, entre 2001 y 2004, las deportaciones subieron a 805 mil 957. En su segundo periodo alcanzaron 1 millón 215 mil personas.
La llegada de Obama a la Casa Blanca no significó una reducción del número de deportados. Durante sus primeros cuatro años el volumen fue de 1 millón 589 mil personas mientras que en su segundo periodo llegaron a 1 millón 160 mil 256 personas.
Sea porque las dificultades para ingresar al territorio estadounidense, sin papeles, hayan crecido, o por otras razones, durante el gobierno de Donald Trump, de 2017 a 2020, los expulsados de EU fueron menos y ascendieron a 935 mil 346 durante su mandato.
Con Biden, la cifra siguió a la baja y se estima en poco menos de 550 mil personas.
Una de las razones de la baja, durante el gobierno de Biden es que se dispararon las detenciones fronterizas.
Antes de la pandemia, en 2019, se había llegado a un máximo de 860 mil detenciones.
Sin embargo, después de que se aplicó el llamado Título 42 que permitió las expulsiones rápidas en la etapa de la pandemia, se estima una fuerte reincidencia en los intentos de cruce, por lo que en 2022 y 2023 se dieron alrededor de 2.5 millones de detenciones en cada año.
A partir de mayo de 2023, se dejó de aplicar el Título 42 y se permitieron, bajo determinadas restricciones, las nuevas solicitudes de asilo.
Se espera que, a partir del 20 de enero, en el segundo mandato de Trump se vuelva a aplicar el Título 42, para tener una cobertura legal tanto para las detenciones como para las expulsiones rápidas, sin tener que recurrir a procesos judiciales.
Es de esperarse que a la llegada de Donald Trump se proceda a realizar las expulsiones inmediatas de indocumentados que estén sujetos a procesos penales, o que ya tienen sentencia, y que sumarían algunas decenas de miles.
Hay otro grupo que se encuentra también en proceso de deportación, y que no tiene antecedentes penales, cuya expulsión podrían acelerarse.
Se estima que hay 3.5 millones de expedientes en tribunales. No sería remoto que se dieran directivas para acelerar las resoluciones y que en 2025 hubiera varios cientos de miles de deportaciones.
Para el gobierno de Donald Trump es muy relevante que se pueda verificar que está cumpliendo con sus promesas de campaña en materia de política migratoria.
Por eso, tenga la certeza de que habrá todo un despliegue para que sean difundidas ampliamente las expulsiones que tendrán lugar desde que asuma la presidencia.
Sin embargo, la fortaleza de la economía norteamericana sigue demandando un gran volumen de mano de obra.
El alcance de la política migratoria de Trump seguramente va a llegar hasta el punto en el que eventualmente pueda agravar la falta de mano de obra en sectores como la agricultura, los servicios o la construcción.
Aunque habrá mucho de show en la política migratoria de Trump, más allá del espectáculo, no dude que tengamos en este año la deportación más grande de que se tenga memoria para un solo año.
Será todo un desafío para el gobierno mexicano.
Y también aumentarán las presiones para que incluso los deportados de otras nacionalidades permanezcan en México en lo que se resuelven sus juicios.
Pero, eso será materia de otro análisis.