Ante la inminencia de una propuesta de reforma electoral promovida por la presidenta Sheinbaum, con Morena y aliados detrás, surgió esta semana una contrapropuesta del Instituto de Estudios de la Transición Democrática (IETD) que le permitiría al nuevo régimen recuperar cierta legitimidad.
Es de todos conocido que el partido en el poder se ha hecho del control del INE y del Tribunal Electoral, como quedó evidenciado (una vez más) en la elección del nuevo Poder Judicial el pasado 1 de junio. El INE dio por válida la elección con un apretado margen de 6 a 5 votos, desechando las fallas del proceso y la inducción al voto, principalmente a través de los acordeones que circularon profusamente. Como resultó, estos tuvieron un acierto del 100% en los puestos a ministros de la Suprema Corte, en los magistrados del Consejo Disciplinario y en las vacantes del Tribunal Electoral de la Federación. A su vez, el Tribunal Electoral, otra vez con una mayoría de 3 a 2, le dio la razón al INE de Guadalupe Taddei. Un fuerte golpe a la legitimidad de la presidenta Sheinbaum.
La propuesta anunciada por la presidencia llama a disminuir el financiamiento público, eliminar los representantes plurinominales y elegir a los consejeros del INE de manera parecida a como se “eligieron” los ministros de la Corte y los más altos puestos del Poder Judicial. Es evidente que con ello se le da todavía más ventaja al partido en el poder, pues en las condiciones actuales acallaría la oposición minoritaria, disminuiría los recursos a los partidos para operar y financiar campañas, y terminaría por asegurar el sentido de las votaciones del INE y del Tribunal Electoral en favor del partido en el poder. Aprobar una reforma electoral en este sentido eliminaría por completo la legitimidad de Morena y de la presidenta Sheinbaum, ya de por sí muy mermada por los problemas adicionales de las acusaciones de ser un narco-régimen, corrupto y poco eficaz.
¿Qué proponen expresidentes y exconsejeros del INE, y los miembros del IETD? Una serie de principios muy claros y sencillos que mantendrían un mínimo de suelo parejo para la competencia electoral, a sabiendas que es un piso exiguo, pues no tocan el financiamiento ilegal de las campañas ni el papel electoral de los programas sociales y demás manipulaciones. La propuesta inicia porque debe ser una reforma con el más amplio consenso posible, en que los diversos jugadores estén de acuerdo en las reglas del juego. Segundo, que el nuevo sistema sea uno “que nos acerque por fin al ideal democrático y representativo: tanto porcentaje de la votación, tantos escaños en el Congreso, lo mismo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores como en los Congresos locales”. Es decir, minimizar la sobrerrepresentación y la subrepresentación que se ha vivido hasta ahora gracias al bochornoso y repugnante chantaje y compra de algunos diputados y senadores que así lo permitieron. “En concreto, nos pronunciamos por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa. En otras palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional”. Tercero, reforzar la garantía de autonomía e imparcialidad de las autoridades electorales: el INE y el Tribunal Electoral. Para ello, el IETD propone que los nombramientos los realice el Senado a propuesta también de diversas organizaciones profesionales y con el 75% de voto afirmativo, para que haya el mayor consenso posible en la elección de los árbitros electorales. Queda fuera su “elección popular”. Finalmente, propone que el financiamiento público se divida en dos partes: que el 50% se reparta según la votación de cada partido y el otro 50% por igual a cada fuerza política.
Esta propuesta considera que la pluralidad y el consenso en la aplicación de las reglas de la competencia electoral sea lo más pareja posible, simplemente para que haya un mínimo de legitimidad en el proceso. Sin duda es relevante, pues de seguir su tendencia avasalladora basada en una sobrerrepresentación que no le otorgaron las urnas y se ganaron mediante el agandalle, la mayoría de Morena y sus aliados podrán seguir acumulando poder, pero cada vez con menos legitimidad. Vean ustedes la situación de Venezuela, en donde fue claro el triunfo de la oposición, pero el gobierno simplemente decidió no acatar los resultados. El árbitro electoral se plegó a los deseos del presidente Maduro y, con el respaldo militar, simplemente quedó claro el grado de tiranía que existe en Venezuela. México está tocando la puerta para incorporarse a ese club.
Esta es una oportunidad para que la presidenta Sheinbaum comience a recuperar la legitimidad que los treinta millones de votos le dieron en 2024, pero que ha perdido por los abusos de poder al eliminar los contrapesos democráticos y hacerse del Poder Judicial. Más pronto que tarde, a la presidenta le va a hacer mucha falta cierta legitimidad para dialogar con sus contrapartes internacionales con un mínimo de dignidad, que representa un país medianamente democrático, y que sea capaz de gobernar. Este podría ser un buen inicio.