La guerra comercial desatada por Trump, que ya impacta a la economía mundial, y la respuesta del gobierno mexicano concretizada en el Plan México presentan una coyuntura interesante. Por un lado, ante los embates de Trump, la 4T se ha convertido en un defensor del T-MEC a pesar de su retórica de izquierda. Por otro, la respuesta de México ha sido cautelosa y se ha centrado en su programa económico anunciado hace unos meses y ratificado la semana pasada, el Plan México. Si bien es una lista de intenciones que a veces tiene poco sustento, en general el Plan se propone fortalecer el mercado interno y erradicar la pobreza, aumentar el contenido nacional de lo que producimos y reforzar la infraestructura del país que tanto lo necesita. Para fortalecer el mercado interno, el plan propone la ampliación de los programas sociales y el aumento del salario mínimo. Para producir internamente lo que ahora importamos, el gobierno se plantea promover la inversión privada e invertir en infraestructura y en el sector energético.
¿Cuáles son las premisas indispensables para que este plan tenga posibilidades de éxito? Para el sector público, aumentar el gasto en programas sociales de dispersión de dinero ha probado ser muy exitoso en el caso de los adultos mayores y desde el punto de vista electoral, pero poco conducente al objetivo de fortalecer el mercado interno. Ni siquiera el aumento histórico del salario mínimo lo ha logrado. Esos recursos de la gente se han gastado principalmente en importaciones. Entre 2018 y 2022, del aumento del consumo valuado en 582 mil millones de pesos, el 93% fue en bienes importados y sólo el 7% en productos hechos en México. No hay nada en el Plan México que atienda esta situación: los programas clientelares reparten dinero, pero se gasta en productos importados. Tampoco se resuelve el problema del crecimiento de mayor desigualdad, ya que los “apoyos” no llegan a los más pobres, de acuerdo con los reportes del ahora extinto Coneval. Si bien es cierto que el porcentaje de población en pobreza disminuyó entre 2018 y 2022, la pobreza extrema aumentó en más de 400 mil personas durante esos años.
El aumento significativo del salario mínimo fue un faro que puso el énfasis en el aumento de sueldos y salarios y fue exitoso al inicio de su implementación, pero ese ímpetu parece haber llegado a su límite. Incrementos adicionales del salario mínimo —por encima de mejoras en la productividad— están provocando aumentos de la informalidad en lugar de crear empleos formales. El mercado interno no se fortalece, sino que se debilita.
Pero, para que el Plan México sea exitoso, además de enfocar mejor el destino de los programas sociales, necesita muchos más recursos públicos. Conseguirlos en un contexto de magro crecimiento económico como el que se vislumbra será sumamente difícil. Para cumplir con el plan, el gobierno tendrá que recortar su gasto en otras áreas, como de hecho ya está ocurriendo en salud y educación, o bien recurrir al endeudamiento (el cual ya se exageró en el sexenio pasado). Ciertamente, los recursos públicos alcanzarían para más si el gobierno disminuyera el drene de dinero que generan Pemex y la CFE, y retornase a la política energética del Pacto por México. Pero ello no parece viable, pues es contrario a la 4T. Esos son algunos de los desafíos que enfrenta el gobierno de Sheinbaum para que funcione el Plan México. Quizás la presidenta tenga un as bajo la manga para obtener más recursos, pero no se conoce otra estrategia fuera de aumentar la deuda.
En cuanto al sector privado, más allá de los signos de sumisión que ha mostrado la élite empresarial, está por verse si las promesas de inversión multimillonaria que se asumen en el Plan México en efecto se materializan. No se ve claro que ello vaya a ocurrir, como no ha ocurrido en los últimos 7 años, dados los golpes al Estado de derecho. Tampoco ayuda la cooptación de los poderes Judicial y Legislativo al Poder Ejecutivo, la eliminación del acceso a la información pública (incluidos los contratos del gobierno al desaparecer Compranet), la pérdida de información pública y datos relevantes para la toma de decisiones, y un largo etcétera. Por eso, y por la inseguridad, no extraña que la inversión privada haya estado retraída por años, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Sí ayuda el notorio y positivo cambio en la política de seguridad de Sheinbaum, aunque ello difícilmente será suficiente para aumentar la inversión. Todavía es temprano para aquilatar la efectividad de la política de seguridad ante la profunda penetración del crimen en el territorio nacional y entre la población. Por ejemplo, el huachicol contamina a familias y comunidades enteras cuyo modus vivendi depende de él.
Curiosamente, la próxima renegociación del T-MEC puede ser una excelente oportunidad. Los días de crítica ácida de ciertos sectores sociales al TLCAN y ahora al T-MEC parecen haber quedado atrás. Se abre una ventana para que la presidenta, quizás con presión externa, se anime a restaurar las instituciones democráticas y la política económica y energética que hoy están explícita o implícitamente en el clausulado del T-MEC, pero que México ha violado repetidamente. Ha quedado en evidencia (y así lo ha reiterado la presidenta Sheinbaum) la importancia estratégica del tratado trinacional para el país. Es momento de que el gobierno lo reconozca explícitamente y aproveche su renegociación para darle viabilidad al Plan México.