Termina el año, terminó un sexenio e inició otro. El sexenio finalizó a tambor batiente, con reformas constitucionales al vapor, pero que han transformado nuestro régimen político respaldado por una ‘mayoría absoluta’, que más bien fue una mayoría artificial que apenas logró 54 por ciento de los votos. La incertidumbre que se percibe en lo económico, la inseguridad y el bienestar social, así como en nuestra relación con Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, contrasta con la certidumbre de que hoy, en México, algunos personajes han acumulado prácticamente todo el poder para hacer lo que deseen, sin restricciones ni contrapesos. Hay responsables de lo que estamos viviendo.
El estancamiento económico y la incertidumbre jurídica no surgen por generación espontánea. Se construyen a partir de muchas decisiones que toman quienes dirigen el gobierno, y del entorno nacional e internacional que nos impacta como consumidores (todos lo somos), como productores o proveedores de nuestro trabajo, talento y dedicación (muchos lo somos).
Así como hoy se confirma el estancamiento de la economía mexicana (PIB per cápita estancado en el sexenio de López Obrador) a pesar del aumento de los salarios mínimos, no debe extrañar que veamos diversos sectores económicos aletargados. Ello se debe a la baja inversión de los últimos años, a un superpeso que estimuló el consumo de bienes importados más que de los nacionales por ser más baratos, a proyectos gubernamentales de inversión fallidos que, lejos de incentivar la productividad, tiraron a la basura recursos muy escasos de los mexicanos. Algunos ejemplos: la cancelación del NAICM y el fracaso del AIFA (según proyecciones de la Sedena de 2018, hoy el AIFA debería estar transportando 18 millones de pasajeros y el Benito Juárez otros 50 millones, en total 68 millones de pasajeros. En 2024 apenas transportaron entre ambos poco más de 51 millones); el Tren Maya, que costó más de 20 mil millones de dólares y que tiene y seguirá teniendo pérdidas al operar; o la refinería de Dos Bocas, que desde el día uno de sus operaciones (cuando éste verdaderamente llegue) estará perdiendo dinero tras una inversión de más de 16 mil millones de dólares (el doble de la inversión frustrada en el NAICM).
La inversión privada no ha resurgido ni con las promesas del nearshoring: deterioro del Estado de derecho por las violaciones a la ley por parte del gobierno de López Obrador en el sector energético, entre otros, tasas de interés muy elevadas, escasez de energía que da lugar a apagones y estrés hídrico ahí donde se produce casi la mitad del PIB. La reforma judicial y la supremacía del Congreso sobre el Poder Judicial han de facto eliminado la división de poderes, complementado por la cooptación del INE y del Tribunal Electoral.
El letargo económico no es casual. Más bien es consecuencia de las decisiones que han tomado quienes dirigen el país y quienes tienen diversas responsabilidades en el Poder Ejecutivo y Legislativo del gobierno. Los primeros por impulsar ciertas políticas y decisiones, los segundos por renunciar a su papel de representantes populares que vean por el bien del país.
La certidumbre de la inseguridad que vivimos hoy, en donde pareciera que aparece una pequeña luz de esperanza todavía no confirmada, es también resultado de políticas y estrategias fallidas para contenerla y reducirla. No apareció de repente. Y aunque López Obrador repitió hasta el cansancio la responsabilidad de Felipe Calderón al declarar la guerra contra el narco, la realidad es que el avance de los grupos criminales de los últimos años, en buena medida causado por sus ‘abrazos, no balazos’, parece incontenible. Más aún, la evidencia de contubernio entre gobiernos estatales entrantes de Morena, como los del Estado de México, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Guerrero, entre otros, contubernio que salpica al gobierno federal, pone de manifiesto que esta realidad tampoco es de generación espontánea y tiene una larga historia.
Ni el gobierno federal de los últimos sexenios, ni algunos gobiernos estatales de la oposición como Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, han sido capaces de detener el avance del crimen. Las decisiones que tomó el presidente López Obrador en cuanto a seguridad pública que afectan a todo el país tienen graves consecuencias.
La incertidumbre por el impacto del deterioro del medio ambiente y la desatención al cambio climático tampoco han aparecido gratuitamente. La desinversión en ambos campos es tal que tenemos crisis en puerta de agua, bosques, calidad de suelo y calidad del aire. Las víctimas mortales relacionadas solo con la mala calidad del aire son tan numerosas como los homicidios. La reducción en la inversión pública y el desmantelamiento de instituciones como la Conabio son resultado de una política premeditada, en la que estos temas cruciales han quedado relegados de la agenda pública. Esta decisión tiene también responsables en el Ejecutivo y en la mayoría morenista del Legislativo. Y son problemas que nos afectan a todos.
A esta sensación de incertidumbre por nuestro futuro se agrega la que nos viene de fuera, como es la presidencia de Donald Trump. Se suma a la incertidumbre producida internamente y aumenta todavía más la complejidad de nuestra realidad.
Lo que quiero subrayar es que hay responsables con nombre y apellido, hay políticas con títulos pegajosos y hasta mercadológicos, hay ‘líderes políticos’ que han renunciado a su noble tarea de ver por el bien de todos en lugar del interés personal o de su partido. Hay también un gran número de corifeos que siguen las indicaciones de quien lidera sin chistar. Ellas y ellos son también responsables.
Debemos reconocer que como sociedad no fuimos capaces de crear las instituciones públicas con la resiliencia suficiente para aguantar los embates del autoritarismo, ni fuimos capaces de asegurarnos de que los partidos políticos jugaran su papel fundamental para la organización de la convivencia política y social. Varias personas e instituciones bajaron la cabeza y decidieron no confrontar los riesgos que significaron hechos como el plagio de Yasmín Esquivel o la persecución a periodistas y opinadores por miedo a represalias desde el poder.
En ese sentido muchos hemos fallado, pero el grado de responsabilidad es muy distinto. Hay personajes que tenían, y tienen, el encargo de dirigir los destinos del país. Ellos son quienes tienen la máxima responsabilidad de lo que estamos viviendo. El estancamiento económico, la inseguridad y avance del crimen organizado, el deterioro ambiental, la destrucción de nuestra joven democracia, la pérdida de nuestras libertades ciudadanas no surgieron de la nada. Hay responsables directos.