El plan que hace falta en Michoacán (y en otros estados)

Carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum

Presidenta:

He reconocido en este espacio los logros en materia de seguridad alcanzados durante el primer tramo de su gestión, así como los aciertos de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sin embargo, el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, obliga a una reflexión profunda sobre los temas pendientes. El cobarde ataque en el que Manzo perdió la vida no es sólo un recordatorio de los riesgos que enfrentan los gobiernos locales, también revela una debilidad estructural en el movimiento político que usted encabeza. Una debilidad que no se resolverá con otro plan más, como los que ya han existido en Michoacán y en otros estados.

Los asesinatos de figuras con la talla de Carlos Manzo sacuden a la opinión pública. Pero cada día se registran hechos similares que pasan inadvertidos y que muestran el asedio criminal al que están sometidos los gobiernos municipales. Comparto un dato derivado del monitoreo de medios que coordino y que resulta elocuente: en el primer año de su gobierno, el crimen organizado asesinó, por lo menos, a 262 policías. Estos asesinatos se distribuyeron en 111 municipios de 26 estados. Culiacán, donde fueron ultimados 21 uniformados, encabeza la lista. Sin embargo, los criminales se ensañan sobre todo con ciudades pequeñas: las corporaciones municipales o comunitarias de lugares como Ayutla, Guerrero, o Teocaltiche, Jalisco, son las más golpeadas. Los delincuentes insisten en estas agresiones porque saben que son eficaces y que casi siempre quedan impunes.

No es casual que sea precisamente en Michoacán donde la violencia criminal haya detonado uno de los movimientos de protesta más potentes de su administración. Michoacán no es el estado con más homicidios. En el último trimestre fue superado por Sinaloa, Guanajuato y Chihuahua. Pero desde hace años las organizaciones asentadas allí –Los Caballeros Templarios, el CJNG, Los Viagras y los Cárteles Unidos– han perfeccionado un modelo particularmente odioso de negocio criminal.

Primero, buscan a toda costa imponer su voluntad en los ayuntamientos: promueven a sus propios candidatos o, cuando eso falla, recurren a la intimidación y a la violencia. Asesinar policías es una de sus tácticas más socorridas. En casos excepcionales se van contra el alcalde. En el primer año de su gobierno, las corporaciones policiales de 11 municipios michoacanos fueron blanco de ataques letales. No sorprende que Uruapan esté entre ellos: el último registro de un policía asesinado en ese municipio data del 14 de septiembre. Una vez que los criminales doblegan al palacio municipal, pueden ejercer tranquilamente el negocio más rentable de todos: cobrar sus propios impuestos. En Michoacán, la riqueza está en el campo, y las extorsiones se concentran en los productores de aguacate, limón y berries, aunque se extienden a casi cualquier negocio.

Ante esta realidad, el Plan para Michoacán no puede limitarse a lo de siempre: reforzar el despliegue militar, ampliar el gasto social o incrementar la obra pública. Tampoco bastará con capturar a El Plumas, al Tío Laco, a El Migueladas, ni siquiera al mismísimo Mencho. Lo indispensable es mandar un mensaje claro, respaldado con acciones, a todas las autoridades del estado. Se les debe garantizar que su seguridad personal, así como la de sus familias, está siendo protegida, ya sean alcaldes, regidores o policías. Pero también se debe demostrar que están en la mira y que ya no habrá tolerancia hacia quienes operen a favor de los criminales (que no son pocos). No se trata de empezar una cacería de brujas, que no tendría fin, pero sí de poner un alto.

Finalmente, advierto sobre el riesgo de posponer la tarea de blindar los ayuntamientos –y muchas otras instituciones del Estado mexicano– frente a la influencia criminal. Hasta ahora, hemos sido inmunes a la ola de populismo de extrema derecha que ha arrasado en otros países. Pero esa inmunidad no está garantizada en el futuro próximo

Carlos Manzo fue valiente al denunciar la colusión entre autoridades y criminales, y al buscar la depuración de la policía municipal de Uruapan. Pagó con la vida. Sin embargo, su discurso, por momentos, también tenía tintes preocupantes. Algunos lo llamaban el “Bukele mexicano”. No es la primera figura justiciera que surge del comprensible hartazgo de la sociedad michoacana. Mientras la gente se sienta indefensa y los criminales sigan teniendo cómplices en los ayuntamientos, Michoacán será terreno fértil para el surgimiento de movimientos paramilitares, lo mismo que para liderazgos que promuevan soluciones de “mano dura”, contrarias a la agenda humanista que su gobierno dice defender.

Con respeto, pero con urgencia, le invito, presidenta, a mirar de frente esta realidad. Porque de la fortaleza y buen tino de sus decisiones en Michoacán dependerá, en buena medida, la credibilidad de su proyecto de paz y de justicia para todo México.