Conforme pasan las semanas, se delinea cada vez con mayor claridad la ambiciosa y agresiva estrategia de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. A través de amenazas periódicas relativas a la imposición de elevadas tarifas arancelarias, el gobierno de Donald Trump ha sido capaz de moldear el comportamiento de México en varias dimensiones de su política de seguridad.
Eventos aparentemente inconexos adquieren sentido pleno cuando los contemplamos a distancia como componentes de una estrategia de combate al crimen. Hasta ahora, por ejemplo, a partir de las acciones que han sucedido en las últimas semanas, se divisan nítidamente las siguientes vertientes de acción:
1. Capacitación y provisión de inteligencia para que las fuerzas mexicanas realicen detenciones colectivas que inutilicen redes criminales altamente relevantes.
2. Detención de funcionarios o exfuncionarios mexicanos corruptos que colaboren estrechamente con los grupos criminales.
3. Retiro de visas a autoridades políticas o administrativas de México que posean ligas con grupos criminales o con organizaciones designadas recientemente como terroristas.
4. Entrega a Estados Unidos de exlíderes criminales encarcelados, que puedan brindar información valiosa sobre el modus operandi de las mafias mexicanas.
5. Incremento de la infraestructura, tecnología y personal militar en la frontera para frenar el tráfico de drogas, personas, armas y dinero.
6. Despliegue de aviones y drones, especialmente no armados, para vigilar el territorio mexicano e identificar áreas de operación de los cárteles.
7. Imposición de sanciones a instituciones financieras que sean utilizadas para lavado de dinero.
México ha mostrado disposición y eficacia para colaborar en varias de estas acciones. Sin embargo, casi todas ellas son resultado, en mayor o menor medida, de las presiones de Estados Unidos. Esto nos indica que hace falta que México tome también la iniciativa para impulsar una serie de acciones para combatir a los cárteles mexicanos, más allá de las numerosas detenciones y decomisos que realizan cotidianamente nuestras autoridades. Es decir, México debe tambien colocar en la mesa una serie de medidas que eventualmente puedan ser revisadas con nuestro vecino del norte e incorporadas en una estrategia bilateral que trascienda la agenda unilateral que ha prevalecido hasta ahora.
¿Cuáles serían aquellas áreas clave en las que México podría realizar propuestas, y que probablemente transformarán un mero esquema de cooperación bilateral en un auténtica alianza binacional que sea capaz de construir nuevas capacidades institucionales que nos permitan cumplir metas específicas y fortalecer la seguridad binacional?
Una primera área en la que podemos hacer aportaciones es la relativa a inteligencia dirigida a operaciones de alto impacto. Aquí resultaría indispensable la creación de un centro binacional de inteligencia con instancias de intercambio en una sede binacional. Todo intercambio sería regido por protocolos para proteger fuentes, métodos y la cadena de custodia, con revisiones periódicas. Esto mejoraría la coordinación operacional, evitaría filtraciones y operaciones redundantes.
Un segundo ámbito en el que México podría colocar propuestas en la mesa es el relativo a la cooperación judicial. Aquí lo que necesitamos, en primer lugar, es un procedimiento expedito de asistencia legal recíproca y extradiciones: calendario y requisitos claros (incluido el compromiso de EU de no solicitar pena de muerte en casos designados por México). También resulta indispensable la creación de una unidad binacional anticorrupción que investigue los vínculos entre funcionarios/empresarios con las redes criminales, la cual sería financiada por ambos países con mecanismos protección a denunciantes.
Una tercera zona en la que México debe abanderar propuestas es la relativa a la inteligencia financiera y el combate al lavado de dinero. Aquí sería funcional la creación de una fuerza de tarea conjunta para seguimiento de flujos, congelamiento de activos, y coordinación con entidades financieras. Aquí la meta sería impulsar acciones coordinadas y judicializadas que respeten la normatividad local y las mejores prácticas internacionales, y que el intercambio de inteligencia financiera se realice bajo estrictos acuerdos de confidencialidad.
Una cuarta esfera en la que México debe empujar iniciativas es la relativa al control de precursores. Aquí sería pertinente armar una propuesta conjunta México-EU que aglutine a varias naciones, entre ellas a China e India, para avanzar en la elaboración de una regulación internacional que contemple licencias de exportación, inspecciones y sanciones a fabricantes negligentes. Este sería un eje clave para combatir la producción de fentanilo.
Finalmente, en quinto lugar, México debe proponer acciones en materia de salud pública, especialmente en lo relativo a reducir la demanda: intercambio de buenas prácticas, financiamiento conjunto para tratamientos (buprenorfina/metadona), y campañas informativas en ambos países.
México podría ofrecer información epidemiológica y programas piloto en estados fronterizos para evaluar el impacto.
Sólo así, con propuestas pertinentes y realistas, México podría convertirse en un aliado clave de Estados Unidos para fortalecer la seguridad de América del Norte.