“La administración de López Obrador destruyó la cooperación con Estados Unidos y le dio carta blanca a los cárteles”, palabras de Vanda Felbab-Brown, la semana pasada, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense. Felbab-Brown, dicho sea de paso, no es de esas figuras escandalosas, radicales e improvisadas que han escalado posiciones en el segundo gobierno de Donald Trump. Ella es, desde hace años, una de las expertas más reconocidas y consultadas por el Congreso de Estados Unidos en lo que concierne a los cárteles mexicanos. En su intervención reconoció que, desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, se ha observado una reactivación del combate al crimen organizado. Sin embargo, también advirtió sobre las limitaciones del enfoque que se ha seguido hasta ahora. Actualmente ya no basta con hacer operativos, ni con ir contra los grandes ‘capos’. Mucho menos con arrestar a diestra y siniestra dealers, sicarios y otros delincuentes de bajo perfil. La prioridad en los próximos años, dice Felbab-Brown, debe estar en los socios de los cárteles, incluyendo aquellos que les brindan apoyo desde el ámbito empresarial y protección desde el gobierno.
Este diagnóstico va en sintonía con lo que parecen ser los planes de las agencias de Estados Unidos: enfocar las sanciones –y las presiones sobre la presidenta Sheinbaum– a golpear la estructura de apoyo que los cárteles tienen en el sector privado y entre autoridades. En este sentido, la suspensión de visas a políticos y personalidades, y las investigaciones contra instituciones financieras, son sólo la punta del iceberg de lo que se viene.
No sé si yo iría tan lejos como para afirmar que en tiempos de AMLO se les dio ‘carta blanca’ a los cárteles. Pero me queda claro que el primer gobierno de la ‘4T’ optó, igual que en su momento hicieron los panistas y priistas, por mirar para otro lado. Figuras como las de los exgobernadores Roberto Borge, Javier Duarte y Roberto Sandoval ilustran el trágico ciclo de la complicidad entre política y delincuencia. Mientras estuvieron en la cúspide del poder fueron intocables. A pesar de los indicios, ningún fiscal quiso ver, ni averiguar. Sólo después de que terminaron sus periodos, cuando el daño ya estaba hecho, se convirtió en escándalo nacional lo que era vox populi en sus estados: el enriquecimiento inexplicable, las propiedades millonarias y las amistades inconvenientes. Se encarceló a los exgobernadores y a uno que otro funcionario de sus equipos, pero la red de protección criminal en el aparato de gobierno quedó en esencia impune. Too little too late. En 2018 hubo alternancia del partido en el poder, pero los hábitos y la mentalidad siguieron siendo los mismos, como evidencia ahora la penosa situación de Adán Augusto López y su secretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena.
El tema hoy en día ya no debería ser si se abrió en México una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena. El tema tampoco debería ser Adán Augusto López, quien al parecer –finalmente– ya es visto como un lastre, en Palacio Nacional y hasta en Palenque. El tema de hoy deberían ser los gobernadores y alcaldes en funciones contra los que hay señalamientos reiterados y creíbles de vínculos con el crimen organizado.
Con la ‘4T’ se mantuvieron las prácticas del pasado. La diferencia es que las presiones del Tío Sam, y el hartazgo de las víctimas en México hacen que la estrategia de mirar para otro lado sea cada vez menos sostenible. La probabilidad de que Morena pierda las próximas elecciones parece más bien remota. A menos, claro, que haya una fractura interna. El contubernio entre figuras destacadas del movimiento y los cárteles, que se solapó en tiempos de AMLO, se vislumbra como una de las rutas más obvias para reventar la unidad del partido oficial.
Purgar al partido de la influencia criminal, sin destruirlo por dentro, a eso se resume la difícil tarea que le tocará encabezar a Sheinbaum. El desafío será todavía mayor si los señalamientos tocan a miembros de la familia del expresidente López Obrador, como han sugerido últimamente las malas lenguas. Lo mejor que podría hacer la presidenta, por el bien de México, es subirse a la ola, tomar la amarga medicina y promover con toda convicción que los vínculos entre el mundo criminal y la política se investiguen hasta sus últimas consecuencias. Se trata, en primer término, de un tema de voluntad. Sin embargo, es igualmente indispensable tener método. Para poner orden en casa, y evitar una rebelión generalizada en las filas de Morena, será indispensable que Sheinbaum demuestre que tiene buena información. Suficientemente buena para sortear las patadas de ahogado y salir airosa de la guerra de lodo. También actuar como estadista, con un mínimo de neutralidad, y no sólo como defensora de los intereses de Washington, ni de Palenque, ni de su propia facción al interior de la ‘4T’.