Como lo apunté en mi texto de la semana pasada, la violencia letal del crimen organizado ha disminuido recientemente de manera significativa a lo largo del país. Sin embargo, como el mismo gobierno federal lo reconoce, la extorsión presencial, en su modalidad de ‘cobro de derecho de piso’, ha continuado aumentando durante los últimos años. Sin embargo, cuando la epidemia nacional de violencia apareció a mediados de 2008, la relación entre la violencia y la extorsión era positiva, es decir, a mayores niveles de violencia, mayores niveles de extorsión. ¿Por qué exisitía en aquel entonces esta relación? Por una sencilla razón: cuando los niveles de violencia rebasaban ciertos límites, y las capacidades de contención de las autoridades locales eran rebasadas, entonces las mafias extorsivas aparecían espontáneamente por todas partes para responder a la demanda de protección y solicitaban una cuota a cambio de mayor seguridad para su círculo familiar, sus empresas, protección que ya en aquellos momentos las autoridades locales no podían brindar.
¿Qué ha sucedido ahora, 17 años después, cuando la violencia da visos de ceder, mientras que las extorsiones escalan a paso galopante? Todo parece indicar que en numerosos estados a lo largo del país se ha institucionalizado la práctica de conceder a cientos de bandas criminales el ‘derecho’ de cobrar impuestos ilícitos, a cambio de que estas bandas respeten algunas reglas o límites. ¿Cuáles son estos límites?
Primero, el grupo criminal deberá limitar sus operaciones a un espacio terrirorial previamente acordado con los autoridades. Segundo, las células criminales que operen en ese territorio deberán evitar a toda costa enfrentamientos que generen víctimas letales deliberadas o colaterales. Tercero, en caso de que la célula criminal necesite ejercer la violencia internamente por indisciplinas, o externamente por desafíos de otras mafias o desobediencia de potenciales víctimas (como, por ejemplo, impago de cuota), entonces la célula criminal se limitará a ‘levantarlos y desaparecerlos’ discretamente. En cuarto lugar, el nivel de la cuota de piso que cobren los delincuentes no deberá ubicarse fuera de rangos previamente acordados con la autoridad.
En reciprocidad al respeto de estas reglas, las autoridades estatales y municipales se harán de la vista gorda frente a denuncias por extorsión y desaparición, entre otras. Por lo tanto, los grupos criminales podrán hacer y deshacer, siempre y cuando la violencia no escale. Sólo en caso de que, en circunstancias extraordinarias, los grupos criminales no acaten las ‘sugerencias’ de las autoridades estatales, entonces éstas podrán solicitar el apoyo de las autoridades federales para que éstas acudan, pongan orden y, si es necesario, reorganicen o (si fuera posible) supriman el mercado criminal en cuestión.
Con este conjunto de reglas, entre otras, varios estados han logrado reducir o estabilizar sus niveles de homicidio pero, en contrapartida, han experimentado un escalamiento alarmante de sus niveles de extorsión y, en algunos casos, de desapariciones. Sobran ejemplos de lo anterior: Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Colima, Guanajuato, Morelos, Jalisco y Michoacán, entre otros. Este último estado, Michoacán, nos ha mostrado en las últimas semanas, cómo las autoridades han sido capaces de cimentar acuerdos con y entre los grupos criminales para reducir la violencia regional. Al parecer, la Iglesia católica fue un intermediario útil en el afianzamiento de tales acuerdos.
Después de los frecuentes enfrentamientos ocurridos durante mayo y junio, principalmente en los municipios de Tuzantla, Ocampo, Zitácuaro y Huetamo, una serie de acuerdos probablemente cobraron vigencia entre CJNG y la Nueva Familia Michoacana (NFM) en las zonas Oriente y Tierra Caliente de Michoacán (colindante con Guerrero y Edomex) para suspender las hostilidades. Al parecer, este pacto contempla que ‘se respeten’ los territorios que ahora están bajo el control de diversas mafias regionales. Los rumores sobre la concreción de este supuesto pacto han circulado ampliamente en redes sociales y algunos medios impresos durante los últimos días. Células de ambos grupos encabezadas por (a) El Barbas del CJNG y de (a) El Pez y El Fresa de la NFM, generaron caos y terror en la región con múltiples asesinatos y víctimas colaterales. Ante lo anterior, probablemente las autoridades del gobierno de Michoacán y de la Iglesia católica desempeñaron papeles clave para fraguar este acuerdo de no agresión. El gobierno del estado lanzó, por ejemplo, una recompensa inédita contra el líder regional del CJNG que fomentó los enfrentamientos, y desde entonces ya no se han registrado acciones criminales de alto impacto. Incluso se ha comentado en fuentes abiertas que este jefe regional fue retirado por el propio CJNG como parte de los acuerdos. Este pacto no necesariamente podría extenderse a otras regiones de Michoacán, pues operan grupos diferentes, pero en caso de que parezca funcional para reducir la violencia, es probable que estos acuerdos formen parte de un plan más amplio de pacificación para reducir los constantes enfrentamientos registrados en las últimas semanas entre CJNG, Cárteles Unidos y Ejército en la zona limítrofe con Jalisco y Colima (Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Coalcomán y Coahuayana).
Sin embargo, es evidente que este tipo de pactos representarán una prueba de fuego para la estrategia antiextorsión que ha sido planteada recientemente por el gobierno federal.