El monitoreo de incidentes de violencia criminal que coordino confirma, al menos en parte, lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum viene anunciando desde hace algún tiempo: la violencia en el país muestra una tendencia de disminución significativa.
En el caso de las cifras de mi consultora, que se generan de forma independiente a partir de la captura de incidentes reportados en medios de comunicación, el segundo trimestre de 2025 cerró con un total de tres mil 855 víctimas letales del crimen organizado. Lo anterior supone una caída de 19 por ciento en relación con el segundo trimestre de 2024.
La caída es de 40 por ciento en relación con el tercer trimestre de 2020, el más violento en la historia del país. Más elocuente todavía, la cifra del segundo trimestre de 2025 es la menor en más de ocho años. No se puede cantar victoria todavía. Sin embargo, me atrevo a afirmar que estamos ya ante un proceso de franca pacificación y que este proceso tiene probabilidades de éxito.
Juega a favor del gobierno la misma naturaleza ‘cíclica’ de la violencia, que es similar a la de las epidemias sanitarias. Cuando se produce una disminución incipiente en el número de homicidios hay una alta probabilidad de que esta tendencia tome ‘impulso’ y que se extienda por varios meses o años. En este contexto, además, las autoridades cuentan con márgenes para concentrar recursos de forma estratégica, lo que tiende a acelerar más la tendencia de disminución.
¿Podrían las cosas salir mal nuevamente? Sí.
Veo al menos dos escenarios de riesgo, que podrían revertir el incipiente proceso de pacificación y dar lugar a una nueva crisis de violencia y a un nuevo sexenio perdido en materia de seguridad.
El primer escenario tiene que ver con la eventual captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y de los otros miembros de la cúpula del CJNG. Como señalaba en este espacio hace un par de semanas, este panorama es altamente probable, pues la captura de Oseguera es el siguiente paso lógico dentro de la agresiva estrategia de Washington en contra de los cárteles mexicanos.
El descabezamiento del CJNG daría lugar, casi con toda certeza, a un nuevo conflicto entre facciones criminales con alto poder de fuego, similar al que se detonó el año pasado en Sinaloa tras el arresto de El Mayo Zambada, pero esta vez con epicentro en la zona metropolitana de Guadalajara.
El segundo escenario tiene que ver con el combate al cobro de piso. De forma acertada, la presidenta y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han identificado este delito como una prioridad y la semana pasada presentaron una estrategia nacional para atenderlo.
La estrategia va por el camino correcto: la creación de unidades especializadas en cada estado (de forma similar a como se hizo hace una década, con buenos resultados, para combatir el secuestro). También se habla de una campaña preventiva y de un protocolo de atención, que podrían servir para evitar que los mexicanos seamos víctimas de simples engaños por parte de supuestos extorsionadores que ni siquiera forman parte de una organización criminal con capacidad operativa. La buena noticia, sobre todo, es el planteamiento de que el cobro de piso se investigará por oficio.
Sin embargo, desarticular las mafias dedicadas al cobro de piso será una tarea de mucho mayor riesgo que el combate al secuestro, o que los operativos contra el huachicol que se han anunciado en días recientes.
El cobro de piso es una práctica de amplio alcance, con millones de víctimas, que van desde grandes empresas del sector extractivo, hasta los más modestos comerciantes, pasando por buena parte de las personas dedicadas a cultivos de exportación. Las redes criminales dedicadas al cobro de piso generan una renta gigantesca, tienen una relación de abierto contubernio con las autoridades locales y cuentan con una base social numerosa.
En algunas regiones, como la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, son una estructura paralela de gobierno. En algunos municipios, los ayuntamientos son un mero apéndice de estas mafias. El día que el gobierno ponga en marcha acciones que de verdad busquen acabar con el cobro de piso van a surgir, como por arte de magia, decenas de grupos de ‘autodefensa’ dedicados a hacerle la vida imposible a la Guardia Nacional y a las unidades estatales de combate a la extorsión.
El combate al cobro de piso será la batalla crítica de los próximos años. Si se gana, entonces sí podremos hablar de una pacificación duradera, pues las mafias ya no contarán con el ‘impuesto criminal’ que actualmente es un ingreso fundamental para financiar sus poderosos brazos armados. Hay que dar la batalla, pero el gobierno no la tendrá nada fácil. Ojalá que se contemplen recursos proporcionales a la magnitud del desafío.