Durante las últimas semanas, diversas acciones y declaraciones de las autoridades de Estados Unidos (e.g., la inclusión de México en una lista de países considerados adversarios, las sanciones contra instituciones financieras, el retiro de la visa americana a una gobernadora y varios alcaldes, entre otras) dejan ver algunas de las características que tendrá la dura y ambiciosa estrategia que implementarán para empujar un cambio estructural en México. Este cambio tendrá por objeto debilitar gradualmente los sólidos vínculos de colaboración existentes entre las grandes corporaciones criminales con numerosas redes políticas, burocráticas y empresariales de gran influencia a lo largo del país.
Las autoridades del norte parecen haber trazado un plan maestro de gran escala para poner contra las cuerdas al alto crimen mexicano. En este plan, el ámbito donde se dará la cooperación de EU con nuestras autoridades será uno de alcances y límites claros. Sin duda las agencias de seguridad de EU podrán avanzar en los siguientes años con sus contrapartes mexicanas en el combate al control territorial mafioso, y con ello reducir algunos delitos de alto impacto. Sin embargo, este trabajo de carácter operativo representará tan sólo una dimensión (al parecer, secundaria) del plan maestro.
Este plan es singularmente ambicioso, de carácter multidimensional, e intentará dañar a los cárteles en la esfera de sus capacidades bélicas (aquí colaborando estrechamente con el gobierno de Sheinbaum), pero también en sus frentes de acompañamiento político y operación financiera (aquí donde la colaboración de nuestro gobierno no está contemplada ni será requerida por ahora). Lo que parece venir desde Washington es un paquete de sanciones de carácter diverso e impacto gradual, dirigidas a mermar las capacidades de los cárteles para operar en el sistema financiero internacional y en el sistema nervioso de nuestra clase política.
¿Por qué México no participará, al menos ahora, en este proyecto de transformación desde EU? Actualmente el crimen organizado es un componente esencial de nuestro sistema político y económico con lazos estrechos de solidaridad y cooperación con otros grupos de interés de primer orden. Obviamente un Estado con este rasgo estructural es considerado más un estorbo que un activo para el tipo de transformación que EU pretende impulsar próximamente. En segundo lugar, la gran asimetría entre las capacidades de México y EU en los ámbitos de la inteligencia financiera y la ciberseguridad impide que en el corto plazo México pueda brindar algún tipo de apoyo significativo. No obstante, México podría incorporarse eventualmente en estos esfuerzos.
Las capacidades de nuestros vecinos en el ámbito de la seguridad les brindan un margen amplio para intervenir agresivamente contra varios stakeholders que brinden, presumiblemente, algún tipo de ‘apoyo material’ a los ‘grupos terroristas designados’. En el procesamiento y ejecución de estas intervenciones, por cierto, es improbable que EU entregue algún tipo de evidencia que las sustente. Las autoridades de EU harán simplemente lo que les recomienden sus agencias de inteligencia. Se tratará de acciones justificadas por ‘razones de seguridad nacional’, así de genérico.
Lo que se aproxima, entonces, es una ofensiva institucional foránea, de escala nunca antes vista en México, contra el narco-establishment mexicano, cuyos rasgos principales han sido definidos por el conflicto entre Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa durante la última década. Dado el avance registrado por estos dos cárteles y otros más, EU ha empezado a considerar a México una amenaza a su seguridad nacional –análoga en escala a la que representan China y Rusia–.
¿Qué hará Estados Unidos a fin de cuentas? Algo extremadamente complejo y sencillo a la vez. Primero, harán pronunciamientos o emitirán sanciones oficiales que darán al traste con las reputaciones, credibilidad, patrimonio y confianza de políticos, funcionarios públicos, instituciones financieras y grandes empresarios. Al mismo tiempo, continuarán entregando inteligencia valiosa al Estado mexicano en su lucha contra los cárteles. Y muy probablemente sigan realizando acciones heterodoxas y sorpresivas, como lo fue la operación para extraer a El Mayo Zambada de suelo mexicano. En este sentido, un próximo blanco prioritario para EU podría ser la cúpula del CJNG. Dada esta circunstancia, por cierto, sería indispensable que el nuevo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, arme una estrategia preventiva en caso de que una acción ofensiva de EU dejara acéfalo al CJNG. La situación por la que hoy atraviesan Sinaloa y Culiacán no debe ser un escenario ni probable ni posible para Jalisco y Guadalajara.
Ante lo que viene, entonces, lo mejor que podrían hacer individuos o empresas que escuchen pasos en la azotea será ejecutar un programa de acciones que los protejan, en caso de que ocurra algún tipo de sanción o cuestionamiento por parte de las autoridades de EU. Sólo tendrán alguna oportunidad de salvarse quienes demuestren que sus actividades nunca han estado dirigidas a colaborar con alguna organización terrorista o criminal. De modo que ahora es el momento de poner orden en pronunciamientos políticos, decisiones administrativas o transacciones financieras que puedan dar lugar a sospechas. Mañana podría ser demasiado tarde.