A pocas semanas de tomar protesta, Claudia Sheinbaum ejecutó un operativo quirúrgico: el operativo “Enjambre”, en coordinación con autoridades del Estado de México, en el que detuvieron a funcionarios en al menos 10 municipios, entre ellos, a la alcaldesa de Amanalco.
Aunque los blancos no fueron figuras del más alto perfil, el operativo “Enjambre” tuvo una importancia simbólica: representó un golpe directo a las redes de protección política que La Nueva Familia Michoacana, el CJNG y otras organizaciones mantienen en los gobiernos municipales. En Chiapas se impulsó una estrategia similar, el operativo “Pakal”, que también dio como resultado detenciones de alcaldes y policías en varios municipios de este estado.
Se podría decir que Sheinbaum ha seguido una política más agresiva de combate al crimen organizado que López Obrador. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Intelligence, de octubre a abril el gobierno federal realizó, en promedio, 127 arrestos mensuales de miembros de grupos criminales de alta peligrosidad. Esta es una cifra 23% superior al promedio registrado en el último año de AMLO. Sin embargo, este giro ha sido acotado.
En Michoacán, por ejemplo, no se han registrado acciones similares al operativo “Enjambre”, a pesar del descarado contubernio entre el CJNG y algunos ayuntamientos. También cabe señalar que con Sheinbaum, la violencia criminal ha seguido desatada. Los homicidios vinculados con el crimen organizado han bajado, pero apenas 4% (si se toma como referencia el promedio mensual del último año de AMLO).
El ritmo de avance parece lento, al menos en comparación con lo que se logró tras el nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad de la CDMX, en octubre de 2019. En los 12 meses siguientes las autoridades capitalinas arrasaron con la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, y los homicidios vinculados al crimen organizado cayeron 22%.
En contraste, en el ámbito federal, la presidenta y su secretario de Seguridad han ido paso a pasito.
La agenda de la administración federal es romper con los pactos de impunidad entre los gobiernos locales y el crimen organizado, pero en los hechos, se han hecho operativos importantes sólo en los casos excepcionales en los que hay sintonía con el gobernador o gobernadora para actuar contra los alcaldes coludidos (o bien, cuando la presión mediática ha sido insostenible, como ocurrió en Jalisco una vez que estalló el escándalo por el campo de exterminio en Teuchitlán). Veo al menos dos explicaciones del gradualismo del gobierno federal.
La primera tiene que ver con las capacidades de investigación. En el gobierno de Felipe Calderón se intentó romper de golpe con las redes de protección que La Familia Michoacán había logrado establecer. En mayo de 2009, en el operativo que sería conocido como “Michoacanazo”, fueron detenidos 38 funcionarios públicos, incluidos presidentes municipales, autoridades estatales y un juez. El operativo fue una pifia; prácticamente todos los detenidos fueron liberados por falta de pruebas. El “Michoacanazo” dejó una estela de desconfianza y alimentó la percepción de que el combate al crimen podía ser usado con fines partidistas.
Sheinbaum ha optado por evitar un fiasco de este tipo. Se ha enfocado en acciones más modestas y ha decidido primero invertir en capacidades, en particular la creación del Sistema Nacional de Inteligencia y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
La segunda explicación de la aparente cautela de Sheinbaum y García Harfuch tiene que ver con el contexto político. En cierto sentido, ambos están entre la espada y la pared. El hartazgo ciudadano por la inseguridad, los hechos escandalosos de violencia y los chantajes de la administración Trump orillan a Palacio Nacional a buscar dar algunos resultados de corto plazo. Las clases políticas locales, en cambio, naturalmente se van a oponer a los operativos de ‘depuración’ de los ayuntamientos (y estas clases políticas locales están dispuestas, como ya se vio en el caso de la reforma constitucional contra el nepotismo, a rebelarse en contra de la presidenta).
Por lo tanto, no creo que el golpe de timón llegue pronto. En la primera mitad del sexenio, Sheinbaum seguirá apostándole al gradualismo, a no agitar demasiado el avispero, y evitar así una confrontación que pudiera romper la unidad de la ‘4T’. El cambio drástico podría venir en la segunda mitad del sexenio, una vez que maduren las nuevas estructuras de investigación e inteligencia a cargo de García Harfuch, y que hayan expirado los tiempos para la revocación de mandato.
Aunque tampoco hay que descartar alguna sorpresa. Sobre todo, si desde Washington le suben a las presiones con los aranceles y las investigaciones en contra de líderes morenistas. Entonces sí, como ocurrió en el caso de los 29 líderes criminales “trasladados” a Estados Unidos, la presidenta podría optar por soluciones drásticas.
Al respecto, habrá que estar atentos a lo que se defina en los próximos días, durante la visita de Marco Rubio a nuestro país, sobre la que la presidenta Sheinbaum ha declarado que será aprovechada para buscar un “acuerdo global para establecer con claridad los términos de la relación bilateral en materia de seguridad, migración y comercio”. Ojalá el trabajo de ambos gobiernos (al que podría sumarse Canadá) camine pronto en esta ruta prometedora.