El golpeteo está fuerte. En lo que va del sexenio, en varios momentos han salido notas con encabezados como “García Harfuch ataca lo que AMLO nunca vio” u “Omar García Harfuch abandona estrategia de abrazos”. Los adversarios de la presidenta y de su secretario de seguridad, los de afuera y los de adentro de Morena, saben que este bien podría terminar por ocasionar un distanciamiento con el tabasqueño. Así que no pierden oportunidad para meter cizaña.
Sheinbaum y García Harfuch no dejan de remar en sentido contrario. En materia de seguridad, el gobierno de López Obrador fue un desastre, y en los hechos, afortunadamente, se ha optado por dar un golpe de timón, como lo demuestran las cifras presentadas por el propio secretario la semana pasada. Aun así, Sheinbaum y García Harfuch insisten una y otra vez en que en seguridad, como en todo lo demás, este gobierno se limita a construir el segundo piso, siempre sobre las bases del primero. Las amenazas de Trump les han venido, paradójicamente, como anillo al dedo.
En los últimos meses el gobierno ha golpeado fuerte a grupos e intereses que en el sexenio pasado fueron intocables, pero Palacio Nacional puede alegar que estos golpes son por causas de fuerza mayor, para evitar la catástrofe de los aranceles.
En el discurso hay que seguir con el mito de la continuidad. De eso va, en buena medida, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que comenté parcialmente la semana pasada. En esta ocasión me detengo en uno de los ejes de la citada estrategia: Atención a las causas.
En esa sección del documento se insiste una vez más en repetir la fórmula heredada. No se plantea nada muy imaginativo ni muy novedoso. Los objetivos y las líneas de acción que se enlistan parecieran corresponder a los de un país que hace frente a meros problemas de delincuencia común (carteristas y robos de celulares y bicicletas que se podrían atender desde el ámbito municipal) y no a los cárteles criminales más poderosos del mundo, con brazos armados de corte militar. Una posible excepción es que se incluyó el programa de desarme (aunque incluso en este caso, habrá que ver si el perfil de las armas recolectadas corresponde al del armamento utilizado por los grupos de mayor peligrosidad).
Se podría pensar que la continuidad en la narrativa de “atención a las causas” del gobierno es inocua. A fin de cuentas, los programas sociales universales, o de amplio espectro, han sido uno de los principales pilares de los gobiernos de Morena. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, o las becas Benito Juárez, son inmensamente populares. Es comprensible que, en el discurso, estos programas salgan a cuento en cualquier oportunidad. Sin embargo, me parece que la narrativa de atender las causas —así, de forma deliberadamente vaga— sí conlleva una desventaja importante.
Explico: la crisis de violencia a la que hacemos frente en México no es resultado de la “desigualdad social” o de la falta de oportunidades para “personas adolescentes y jóvenes”. Las causas no son así de generales. El crimen organizado tiene mecanismos de reclutamiento específicos. Aunque haya halcones, sicarios y operadores criminales de todas las edades y contextos sociales, la realidad es que los brazos armados de organizaciones como el CJNG buscan perfiles especializados: en particular hombres con adiestramiento policial y militar. Los cárteles también han invertido en construir una base social en localidades y barrios concretos, que sería necesario mapear (para entonces sí, pensar en políticas sociales focalizadas geográficamente que tuvieran un verdadero efecto preventivo). La retórica lopezobradorista de atención a las causas desvía la mirada de estos fenómenos.
Si el gobierno hiciera un esfuerzo técnico serio por afinar el diagnóstico y precisar las causas reales de la violencia, entonces se podrían desarrollar políticas de prevención orientadas a los desafíos más apremiantes en materia de seguridad. Se podría pensar, por ejemplo, en un programa orientado a prevenir el reclutamiento criminal, que es un fenómeno de dimensión masiva, que nos remite al rancho Izaguirre, así como a otros tantos lugares en la geografía mexicana del horror. Se podría pensar, también, en aprovechar la red de personal en territorio que el gobierno ya tiene (incluyendo los casi 20 mil servidores de la nación) para generar inteligencia, mapear y monitorear la presencia del crimen organizado a nivel local. Este tipo de inteligencia ya se ha usado con éxito en Colombia y otros países para desarrollar sistemas de alerta temprana, que contribuyen a prevenir situación de crisis como la que se vivió la semana pasada por los bloqueos en Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
En fin, en el papel y en el discurso el gobierno de Sheinbaum dice que habrá continuidad. Pero en materia de seguridad ya ha dado señales de que buscará un cambio. Ojalá que este cambio no se quede a medias y que incluya también una visión más aterrizada y más ambiciosa de la prevención.