La semana pasada, el gobierno de México publicó por fin un documento de casi 50 páginas titulado Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2024-2030), en el que elabora sobre los cuatro ejes estratégicos en materia de seguridad, difundidos públicamente el pasado 8 de octubre en una breve presentación. Al análisis de este nuevo documento dedicaré mi columna en las próximas dos semanas, pero en esta ocasión reflexionaré sobre lo que me parece la omisión más notoria en este documento: el nuevo e importante papel de Estados Unidos en nuestra política de seguridad. Y es que si algo ha quedado evidenciado desde el primer día de la nueva administración Trump es que, tanto en el ámbito de su política doméstica, como en la esfera de su política exterior, México ocupará, en los próximos años, un lugar de extraordinaria prominencia.
Dada esta nueva condición, que representa claramente un parteaguas en nuestra relación de seguridad con el Tío Sam, con repercusiones de gran escala en el diseño y operación de nuestra política pública de seguridad, me parece preocupante que este nuevo e importante factor sea pasado por alto a lo largo del documento (con excepción de un párrafo en la p. 45). Me preocupa, pero no me sorprende. Aunque en los hechos nuestra relación con Estados Unidos, en el renglón de la seguridad, ha adquirido cada vez más relevancia, nuestra retórica oficial sobre la relación con Estados Unidos sigue arrastrando los tabúes y atavismos de siempre.
A decir verdad, durante los últimos meses, nuestra política y, por ende, nuestra estrategia de seguridad han experimentado cambios trascendentales. No sólo se ha intensificado la contención del flujo migratorio hacia Estados Unidos, instrumentada por México a solicitud de Trump durante su primera administración (2017-2021), sino que otros dos elementos, relacionados con el combate a la producción y tráfico de fentanilo y con el debilitamiento sistemático de los principales cárteles mexicanos (designados ya por el gobierno de Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras), se han convertido ahora en componentes esenciales de nuestra estrategia.
Vale la pena ilustrar, por ejemplo, algunas de las implicaciones de la reciente designación de seis organizaciones criminales trasnacionales que operan en México, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Estas designaciones implican, de entrada, que cualquier entidad financiera, empresa de cualquier tipo que opere en territorio mexicano o persona física que resida en nuestro país, y que a juicio de las autoridades estadounidenses brinde algún tipo de apoyo, directo o indirecto, a alguna organización terrorista, podría hacerse acreedor a sanciones que van desde multas millonarias y congelamiento de activos, hasta la prohibición para realizar transacciones y el retiro de visas para visitar o trabajar en Estados Unidos.
Ahora bien, así como Estados Unidos ha dejado en claro, con diversas órdenes ejecutivas y pronunciamientos de sus máximas autoridades de seguridad, cómo se relacionará con México en materia de seguridad, así México debe también ir poniendo en claro cuáles de nuestros grandes problemas y desafíos en materia de seguridad están relacionados con políticas, estrategias y decisiones del gobierno norteamericano. Tal es el caso con la estabilidad en la demanda y el consumo crónico de drogas, con la venta masiva de armas a grupos terroristas foráneos en suelo estadounidense, así como con su oneroso intervencionismo (ejemplificado con la reciente extracción de Ismael El Mayo Zambada, la cual desencadenó una intensa y prolongada guerra criminal en Culiacán), entre otros temas. Estos asuntos y otros donde la cooperación de Estados Unidos haría una gran diferencia, como el acceso a inteligencia que ellos poseen sobre el modus operandi de los cárteles mexicanos, o a armamento más moderno y a las nuevas tecnologías para la recolección de inteligencia, así como acceder a entrenamiento y capacitación para nuestros policías y soldados de mayor rango, entre otros, deben ser colocados por México también en la mesa de diálogo y negociación, para que, cuando menos, sean revisados y sopesados periódicamente.
Si México desea que Estados Unidos lo trate como a un igual, y que la relación se base en una lógica de colaboración y respeto, y ‘no de subordinación’ como ha reiterado la presidenta Sheinbaum, entonces México debe comportarse como un aliado serio y confiable, que instrumenta una estrategia robusta y ambiciosa que arroja resultados incuestionables. Y esto también implica que México, eventualmente, se atreva a solicitar una mayor cooperación y apoyo por parte de Estados Unidos, para lo cual tendremos que sortear una serie de evaluaciones, para las cuales deberemos prepararnos. Hasta hoy, México no ha sido claro ni preciso acerca del tipo de apoyo y colaboración que requerimos de Estados Unidos en materia de seguridad. Esto debe cambiar tan pronto sea posible.
Mientras tanto, es fundamental que México incorpore a Estados Unidos en sus cálculos estratégicos de corto, mediano y largo plazo. No sólo como un factor que determina varios atributos de nuestra propia política de seguridad, sino también como un actor con el que tendremos que construir una relación de cooperación y confianza cada vez mayor en el largo plazo, de modo que Estados Unidos se convierta en un gran aliado de la seguridad mexicana.