El gobierno de López Obrador –más allá del discurso– parece tener una convicción genuina sobre la necesidad de atender, por medio de programas sociales, las que se consideran causas estructurales de la criminalidad, en particular entre la población joven. Una prueba de ello es que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, constantemente recorre el país para promover el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que, entre otras medidas, se ha utilizado para dar becas y capacitación a quienes recuperan la libertad tras estar recluidos en un penal.
Partiendo de esta convicción del gobierno, me parece que, para evaluar el éxito o fracaso en materia de seguridad, primero es necesario analizar si, efectivamente, se ha logrado evitar que los jóvenes participen en actividades delictivas o que sean reclutados por el crimen organizado. Aunque no es posible dar una respuesta concluyente a esta pregunta, pues la información que sería necesaria simplemente no se recopila, sí hay algunos datos que nos permiten, al menos, responder de manera aproximada.
Comienzo por una nota positiva. Durante el actual gobierno, a pesar de que la población penitenciaria ha aumentado, hubo una reducción significativa del número de personas recluidas que tienen entre 18 y 29 años. De acuerdo con la Encuesta de Población Privada de la Libertad del Inegi (Enpol), en 2016 había, en el conjunto de todos los penales del país, casi 70 mil jóvenes en dicho rango de edad, que constituían 32.8 por ciento de la población total en reclusión. Para julio del año pasado, cuando se levantó nuevamente la Enpol, esta cifra había caído a 56 mil (25.6 por ciento del total). Ignoro si esta disminución se deba a una menor participación de jóvenes en la comisión de delitos, o si sea el resultado de un cambio en los criterios para la persecución penal o la definición de sentencias. Esta segunda explicación me viene a la mente, pues de 2016 a 2021 hubo un cambio importante en los delitos que se imputan a la población recluida en penales, lo que me lleva a sospechar que actualmente hay menos personas en prisión por delitos que típicamente cometen los jóvenes. Muy probablemente se trata de una combinación de ambos factores, cambios en la comisión de delitos más cambios en los criterios de ministerios públicos y jueces. En cualquier caso, es una buena noticia. La cárcel no readapta a nadie, todo lo contrario. Ceteris paribus, menos jóvenes en prisión hoy, significan menos individuos y familias dentro del círculo de pobreza, delincuencia y cárcel durante las próximas dos o tres décadas.
En una nota menos optimista, las cosas no parecen haber mejorado cuando evaluamos otros datos, sobre todo en lo relacionado con pertenencia a organizaciones criminales y violencia homicida. En este caso, podemos utilizar la edad de las víctimas como un indicador estadístico válido, asumiendo que un alto porcentaje de los homicidios en México ocurre en el contexto de conflictos entre grupos criminales.
Hasta el primer semestre de 2021, que es el último periodo que cubren las cifras publicadas de defunciones por homicidio, el número absoluto de menores de 30 años asesinados había permanecido más o menos constante, y constituía un porcentaje similar al observado en años previos del total de víctimas de homicidio (alrededor de 37 por ciento). Al utilizar datos del monitoreo que yo coordino, que se refiere exclusivamente a asesinatos perpetrados por el crimen organizado, se observa que, a partir del segundo semestre de 2021, sí ha habido una disminución significativa de esta forma de violencia criminal. Sin embargo, la disminución ha sido pareja. Es decir, los asesinatos por parte del crimen organizado de jóvenes menores de 30 han disminuido al mismo ritmo que los asesinatos de mayores de 30.
A partir de estos datos, mi hipótesis es que el gasto social durante el gobierno de AMLO –con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, en cuya instrumentación la secretaria Rosa Icela Rodríguez ha sido una figura clave– probablemente ha propiciado que menos jóvenes cometan robos y otros delitos menores, e ingresen como consecuencia al sistema penitenciario (aunque hay otras posibles explicaciones, como alteraciones vinculadas con la pandemia). Por otro lado, mi análisis preliminar sugiere que el impacto de los programas sociales durante este sexenio ha sido prácticamente nulo en lo que concierne al reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Se trata de un tema fascinante y de la mayor importancia, tanto desde una perspectiva política, como desde una perspectiva de Estado. En una futura entrega buscaré aportar datos adicionales al respecto.