En México, la corrupción no se explica por unas cuantas manzanas podridas, sino por redes. El caso del huachicol fiscal lo ilustra con claridad: un entramado de empresarios, funcionarios y operadores portuarios que permitió introducir combustible disfrazado de aditivos o lubricantes para evadir el IEPS. No fueron omisiones aisladas, sino una operación compleja que conectó aduanas, puertos, agentes y empresas con pérdidas fiscales multimillonarias. Este mecanismo revela la esencia de la corrupción en contextos donde los candados institucionales fallan de manera simultánea. El huachicol fiscal es, en realidad, un espejo de nuestra fragilidad institucional.
De aquí surge la pregunta incómoda: ¿cómo controlar la corrupción en un entorno de instituciones debilitadas deliberadamente desde el poder? México transita hacia un esquema que abandona los resortes que sostienen a una democracia liberal (división de poderes, controles al poder). En un régimen que concentra poder, la lucha anticorrupción deja de ser institucional y se convierte en un instrumento político.
El dilema no es nuevo. Bajo el viejo régimen priista, la corrupción no se erradicaba, se administraba. El partido hegemónico ejercía una suerte de monopolio sobre la distribución de rentas ilícitas y mantenía la disciplina con castigos internos. Era un sistema de “corrupción autorizada”: el control político sustituía al Estado de derecho, y lo que importaba no era la legalidad de los actos, sino la lealtad al partido y al presidente en turno. Esa arquitectura, que sostuvo décadas de estabilidad, se vino abajo con la pluralidad política. Pero el tránsito a la democracia liberal no alcanzó para construir instituciones capaces de enfrentar a las redes de corrupción. El resultado es un vacío: sin la mano dura centralizada del PRI, pero sin órganos autónomos eficaces que tomen su lugar.
Hoy se abren dos rutas posibles. La primera es la ruta autoritaria: acciones verticales que dependen de la decisión presidencial, castigando a unos y tolerando a otros. La segunda es la ruta institucional-liberal: reconstruir capacidades, profesionalizar ministerios públicos, auditorías y tribunales, blindar autonomías y garantizar que la sanción funcione para cualquiera, sin importar filiación política.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta este dilema de manera frontal. Ha enviado señales ambiguas: por un lado, propuestas de recentralización que diluyen contrapesos; por el otro, compromisos en contra de la impunidad. El caso del huachicol fiscal es una prueba inmediata: si se procesa como una red —empresas, puertos, aduanas, mandos intermedios— con procesos abiertos y trazables, habrá indicios de que el país camina hacia la reconstrucción institucional. Si, en cambio, se resuelve con unos cuantos castigos ejemplares, sin tocar las estructuras que lo hicieron posible, México estaría confirmando la ruta autoritaria.
Lo que se prefigura es más que un debate técnico: es un cambio de época. El viejo régimen priista controlaba la corrupción a través de disciplina política; nuestra etapa (intento) de democracia liberal buscó hacerlo a través de instituciones y contrapesos. Hoy, el país oscila entre las dos opciones, pero con un agravante: las instituciones han sido debilitadas deliberadamente.
México es un Estado vulnerable, y la corrupción que lo atraviesa no proviene de individuos aislados, sino de redes que aprovechan la debilidad de las instituciones. La pregunta que hoy se formula a la presidenta es si está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias: reconstruir contrapesos, devolver autonomía a las instancias de vigilancia y fortalecer un sistema de sanción que no dependa de la voluntad del poder, sino de reglas claras. Esa es la diferencia entre administrar la corrupción como antes o desmontar las redes que la sostienen. El futuro de la integridad pública en México depende de esa decisión.