Esta semana el gobierno federal presentó su Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se trata de un paquete ambicioso: inteligencia para desarticular redes criminales, unidades estatales especializadas, campañas de prevención, congelamiento de cuentas, bloqueo de líneas telefónicas, operativos en penales y una línea nacional de denuncia. Todo muy bien en el papel. Pero, como suele ocurrir en México, el problema no es de intención, sino de estructura y de capacidades. Y esa estructura —aunque no se diga abiertamente— está colapsada en el país.
Porque la extorsión, en todas sus formas, es el síntoma de un Estado que ha dejado de proteger. El “derecho de piso” —esa cuota que comerciantes, transportistas o vecinos deben pagar para seguir trabajando o simplemente vivir sin ser atacados— solo florece donde el Estado es muy débil, o peor aún, donde está capturado.
Quien cobra no es simplemente un delincuente: es un sustituto del Estado. Amenaza, sanciona, cobra y, en algunos casos, incluso “protege” —todo a cambio de una cuota—. Es una soberanía criminal perfectamente adaptada a la ausencia institucional.
El fracaso del centralismo. El nuevo plan contra la extorsión reproduce un vicio antiguo: pretende resolver desde el centro, desde lo federal, lo que ocurre en lo local. Se anuncia desde Palacio Nacional, pero no reconoce que la extorsión no se combate con decretos, ni en el púlpito de cada mañanera: se combate con presencia estatal efectiva, confiable y cercana.
¿Dónde están las policías municipales funcionales que pueden aplicar esta estrategia? ¿Dónde están las fiscalías locales con capacidad de investigar? ¿Dónde está la coordinación real entre niveles de gobierno?
La respuesta es clara: no están. Y no están porque tenemos un problema profundo de gobernanza que nadie quiere nombrar.
Gobernanza rota. La estructura que alguna vez sostuvo al país —centralista, clientelar y autoritaria, pero eficaz en términos de control— desapareció con el PRI. El partido hegemónico operaba como una maquinaria de coordinación vertical: disciplinaba gobernadores, alineaba policías, activaba fiscalías. Hoy, sin esa arquitectura, el Estado se ha fragmentado.
En su lugar no hemos construido mecanismos reales de coordinación. Seguimos actuando como si el presidente pudiera, por decreto, ordenar a las policías estatales ser efectivas o corregir la corrupción de una fiscalía local. Pero la realidad es otra: el Estado mexicano está desconectado entre sus partes, que ya de por sí son débiles.
El resultado es un Estado que habla desde la tribuna, pero no gobierna en el territorio. Y ahí es donde la extorsión encuentra su espacio.
Lo que dice la evidencia. Estudios recientes —como el de Beatriz Magaloni y otros autores (Living in Fear. The Dynamics of Extortion in Mexico´s Drug War)— muestran que la extorsión se intensifica precisamente en los municipios con disputa territorial entre grupos criminales y donde la intervención federal ocurre sin coordinación local.
En lugar de resolver, esa intervención puede agravar: los grupos criminales, sabiendo que serán desplazados, intensifican la extracción de recursos (cobros, amenazas, saqueos). Es decir, más operativos federales no equivalen a más seguridad si no hay instituciones locales que sostengan la intervención.
Claudio Lomnitz lo sintetiza con contundencia: lo que vemos en muchas regiones del país es una forma de gobernanza criminal, donde los grupos delincuenciales llenan el vacío del Estado y construyen su propia soberanía extractiva.
Un paquete de buenos deseos. La Estrategia Nacional contra la Extorsión, sin cambios reales en la gobernanza, es eso: un paquete de buenos deseos. No basta con más inteligencia o con líneas de denuncia. Se necesita reconstruir el Estado desde abajo, fortalecer las capacidades locales, articular una verdadera coordinación entre niveles de gobierno y dotar de recursos y autonomía a quienes deben enfrentar la extorsión en primera línea.
Sin eso, lo único que lograremos es repetir el ciclo: anuncio —intervención— control relativo —retiro— resurgimiento del problema.
Los mexicanos nos estamos acostumbrando a vivir bajo extorsión. A pagar por trabajar. A intentar protegernos a nosotros mismos.
Si el Estado no recupera su papel como garante de vida y patrimonio, la normalización del miedo será irreversible.
La solución no está en centralizar más poder, sino en reconstruir el pacto institucional entre centro, estados y municipios. Construir Estado desde la base.
Si no lo hacemos, el Estado seguirá retrocediendo, y con él, la democracia, la ley y la posibilidad de vivir sin miedo.