“Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia; lo bueno es que el pueblo de México está muy informado”: presidenta Claudia Sheinbaum.
A un mes de estrenarse las urnas para jueces, el país se encuentra ante un experimento sin precedentes en su historia —y prácticamente sin parangón en el mundo—. La elección masiva de juzgadores ocurrirá aquí como una innovación muy propia. La promesa es hacer de la justicia un poder verdaderamente del pueblo, limpiarlo de vicios y lograr que responda al interés social. Sin embargo, puede concluir como un ejercicio de simulación participativa porque, ¿qué puede salir mal cuando se llama al voto popular en condiciones de casi completa desinformación? Yo digo que todo.
Una de las críticas más fuertes hacia la elección judicial es precisamente esa: se está convocando a la población a votar sin información suficiente, creando condiciones que ni siquiera permiten el “low-information voting” (voto con información mínima) con el que solemos acudir al llamado de las urnas. Diversas encuestas revelan que el público no está preparado: según un estudio publicado en marzo de 2025, 56% de los mexicanos dicen apoyar en abstracto la reforma judicial, pero más de la mitad se siente mal informada sobre cómo funcionarán estas elecciones y qué implicaciones tienen. Es decir, hay un apoyo superficial a la idea de “elegir jueces”, pero un desconocimiento generalizado de los detalles.
En este contexto, resulta útil recuperar un concepto poderoso en la ciencia política: el low-information voting. El término, acuñado por autores como Anthony Downs, Samuel Popkin y Lupia & McCubbins, se refiere al comportamiento electoral de personas que votan sin contar con información suficiente sobre los candidatos, las propuestas o incluso sobre el contexto institucional de la elección. No se trata de apatía ni de irracionalidad. De hecho, como argumentó Downs en An Economic Theory of Democracy, los votantes actúan racionalmente al elegir no invertir tiempo en informarse sobre un proceso que perciben complejo, técnico o poco relevante, dado que el costo de hacerlo supera, en su percepción, el posible beneficio individual. Hay diversos mecanismos que empaquetan información de manera que la información completa se sustituye por señales, identidades partidistas y otros mecanismos.
Popkin sostiene, por ejemplo, que los votantes no necesitan conocer todos los detalles para tomar decisiones razonables: se apoyan en heurísticas —atajos mentales como el partido político, el carisma del candidato o el respaldo de figuras públicas— que les permiten navegar elecciones con un conocimiento limitado. Estas estrategias permiten tomar decisiones relativamente coherentes con sus intereses, sin necesidad de información exhaustiva.
Lupia y McCubbins, en The Democratic Dilemma, advierten que los votantes pueden tomar decisiones acertadas con poca información si las señales y la información disponibles son claras y confiables. En estas elecciones judiciales, sin embargo, estas señales no existen.
México se enfrenta a una elección donde la ciudadanía no tiene elementos para evaluar a quienes quieren ser jueces, ni siquiera bajo los supuestos de los autores a los que menciono. No hay trayectoria pública, no hay debates, no hay mecanismos para el escrutinio de esos perfiles. Tampoco hay campañas ni partidos postulando a candidatos. No hay atajos para la información.
Estudios sobre elecciones judiciales en Bolivia muestran que mucha gente optó por anular su voto ante la falta de información, y los que votaron lo hicieron guiados por factores accidentales (como el orden alfabético de los candidatos en la boleta, o si algún nombre les sonaba familiar por otras razones). Se ha planteado que en México podría ocurrir algo similar: candidatos cuyos apellidos empiecen con “A” podrían recibir más votos simplemente por aparecer primeros en la lista; o candidatos con nombres similares a celebridades podrían captar sufragios de manera fortuita.
El 1 de junio hay que observar cómo se desarrolla la elección. Pero el día siguiente hay que empezar a arreglar el desorden. No habrá de otra, más que reformar la reforma. Para corregir el rumbo, se requiere revisar los mecanismos de postulación, de selección, los requisitos mínimos de los perfiles de los candidatos. Modificar profundamente el proceso electoral mismo y los mecanismos para que los ciudadanos puedan informarse y encontrar esos elementos que los lleven a las urnas con un juicio elaborado.
También es importante; necesitamos impedir que procesos así se normalicen. Que llamemos democracia a simulaciones y que emerjan de ahí resultados que debilitan la institucionalidad del país. No sé si usted, estimado lector, acudirá a las urnas. Haga magia para hacerlo bien.