Lo que sucede en el INE es más que lamentable. Las sospechas sobre posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios deben esclarecerse, acreditarse y sancionarse. Sería un grave error reducir esta crisis a un problema simplemente administrativo o a la conducta de algunos funcionarios.
Lo que está en juego es mucho más, la credibilidad de las instituciones electorales y con ella la confianza en que los resultados de las elecciones expresen cabalmente la voluntad ciudadana.
Durante décadas se construyó un sistema electoral que permitió superar la desconfianza que caracterizó nuestra historia. La autonomía del árbitro electoral, su independencia frente al gobierno, la profesionalización de sus estructuras y la existencia de una autoridad jurisdiccional fueron conquistas de la sociedad mexicana. No fueron concesiones del poder; hoy ese patrimonio se está perdiendo.
Los gobiernos con vocación autoritaria buscan asegurar su permanencia mediante la concentración del poder y la eliminación de los contrapesos. Morena ha seguido a pie juntillas esa ruta, como cuando usaron al Tribunal Electoral para convertir 54% de los votos en 74% de las curules de la Cámara de Diputados, cuestión fundamental, ya que con esa mayoría impulsaron reformas de enorme trascendencia, entre ellas la que transformó al Poder Judicial.
Pero no bastó con controlar el Legislativo y avanzar sobre el Judicial; era necesario intervenir también en las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones. La captura del árbitro electoral no ocurrió de un día para otro; ha sido un proceso gradual, mediante la renovación de las consejerías del INE y las decisiones legislativas que han modificado las reglas que garantizaban su funcionamiento colegiado.
La reforma electoral de 2025 constituye un ejemplo particularmente grave. Se otorgó a la presidencia del INE la facultad de designar, unilateralmente, a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, atribución que anteriormente correspondía al Consejo General mediante una mayoría calificada.
No fue un simple ajuste administrativo; se alteró uno de los principios fundamentales sobre los que se construyó la institución, la colegialidad. Las decisiones de quienes conducen áreas estratégicas para la organización electoral y la administración dejaron de requerir el acuerdo de la mayoría de las consejerías. La concentración del poder administrativo acompañó a la concentración del poder político.
Las consecuencias no se limitan a los nombramientos; el Consejo General del INE ha adoptado decisiones que ponen en cuestión estándares de certeza construidos durante décadas; el caso de las llamadas boletas planchadas es ilustrativo.
A ello se suman modificaciones en los procedimientos de selección y capacitación de quienes integrarán las mesas directivas de casilla; la imparcialidad de esos ciudadanos es una condición indispensable para garantizar la autenticidad del sufragio. Relajar los controles que buscan asegurarla significa abrir espacios a la desconfianza sobre el cómputo de los votos.
A la vista está también el Tribunal Electoral, cuyas resoluciones sobre la sobrerrepresentación y otros asuntos fundamentales suscitan serios cuestionamientos sobre su independencia y su papel como garante último de la legalidad electoral.
Vistos en conjunto, estos acontecimientos revelan un proceso de deterioro institucional que no puede explicarse como una sucesión de decisiones aisladas, y es en ese contexto en el que deben analizarse las denuncias recientes sobre el manejo de los recursos del INE.
El INE desarrolló mecanismos rigurosos de transparencia y supervisión administrativa. Las licitaciones públicas constituían el instrumento privilegiado de contratación. A la vigilancia del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sumaba la participación de testigos sociales de reconocido prestigio que acompañaban los procedimientos desde su planeación hasta la adjudicación y el cumplimiento de los contratos.
El propio Consejo General, mediante sus comisiones, intervenía en la definición y supervisión de las actividades institucionales; era un entramado de controles diseñado para impedir la discrecionalidad.
¿En qué medida subsisten y funcionan efectivamente esos controles?
¿Se mantiene la licitación pública como regla general?
¿Qué papel desempeñan hoy las comisiones del Consejo General en la supervisión administrativa?
La investigación iniciada por la ASF ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y triangulación de recursos hace indispensable una revisión exhaustiva. No corresponde anticipar responsabilidades, pero tampoco minimizar la gravedad de los señalamientos.
Cuando se debilitan los contrapesos políticos, también se generan condiciones para relajar los controles administrativos y, cuando una institución pierde independencia y transparencia, termina perdiendo aquello que constituye su principal capital: la confianza pública.
No estamos solamente frente a cuestionamientos sobre la presidencia del INE o determinados contratos. Estamos ante el riesgo de que las autoridades electorales dejen de ser reconocidas como un árbitro imparcial por quienes participan en la competencia política y para la ciudadanía, cuyos votos debe proteger.
La paradoja es que este deterioro tampoco beneficia a quienes hoy ejercen el poder. Si Morena presume contar con el respaldo mayoritario, ¿por qué insistir en debilitar la independencia de las instituciones encargadas de verificarlo?