Estamos a un día de volver a constatar el costo de haber legitimado la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que presentará mañana una iniciativa para modificar el artículo 35 constitucional y con ello adelantar el ejercicio de revocación de mandato previsto para 2028 y empatarlo con las elecciones intermedias del 2027.
¿Por qué tendríamos que prestar especial atención a esto?
Para responder, hay que recordar la deliberación que se dio en 2019 cuando se aprobó este ejercicio y se acordó que se realizaría después de haber concluido los tres años del periodo presidencial.
La razón de ello era evitar que López Obrador estuviera directamente involucrado en las boletas de las elecciones del 2021 y desde ahí influir directamente en el electorado so pretexto de su continuidad, pero realmente incidiendo en todos los procesos electorales involucrados.
Lo anterior, en virtud de que el artículo 134 constitucional prohíbe expresamente a los funcionarios utilizar su cargo y los recursos públicos para incidir en los procesos electorales.
Cuestión que López Obrador, siendo oposición, propugnó para que esa prohibición quedara expresa en el texto constitucional.
Al aprobarse la revocación de mandato, se abría la posibilidad para que el presidente en turno se volviera un actor directamente involucrado en los procesos electorales, de ahí que este ejercicio se haya desfasado de cualquier elección para evitar que el peso de la autoridad y recursos presidenciales contaminaran cualquier otra elección.
Los ejercicios de revocación de mandato nunca me han parecido, ya que, desde mi punto de vista, atentan contra la institucionalidad democrática, pues si el resultado de una elección fue contratar a un funcionario por un periodo determinado, el mismo debe respetarse, y en todo caso, la reprobación a un mal ejercicio se presentará en las urnas en la siguiente elección.
Lo anterior supone construir equilibrios de poder y un fuerte Estado de derecho que pueda intervenir en casos extremos como traición a la patria o delitos de orden criminal del funcionario en turno.
De aquí mi convicción de que estos ejercicios pueden más bien contribuir a fortalecer las tendencias autoritarias de gobiernos populistas antes que a fortalecer la ciudadanización de la política.
Sobre todo, cuando el origen de la revocación de mandato debe surgir de la ciudadanía inconforme con el gobierno y no del funcionario que promueve su ratificación, como es el caso.
La iniciativa que anunció Ramírez Cuéllar es un muy buen ejemplo de la intención de perpetuarse en el poder.
No se trata de cualquier diputado, sino de uno de los vicecoordinadores de la bancada de Morena y, según todos los dichos, el diputado de mayor confianza de la actual presidenta.
De manera tal que no es una ocurrencia cualquiera, sino una iniciativa que cuenta con la venia de quien, so pretexto de ser evaluada y ratificada por “el pueblo”, lo que busca es usar su influencia, su poder y los recursos del Estado para incidir en las elecciones del 2027.
Ese año se convocará a las elecciones más grandes y complejas que hayamos vivido.
Se renovará la Cámara de Diputados, habrá elecciones para gobernador en 17 estados, se renovarán 30 Congresos locales, cerca de mil presidencias municipales en 30 entidades federativas y, además, elección de jueces y magistrados federales y locales. Y a esto, quieren sumarle una más, la de revocación de mandato.
Habrá electores que tendrán en sus manos 14 o más boletas, para lo cual requerirán de acordeones para “guiarse” al estar en la mampara, cuestión que ha sido legitimada por la actual Sala Superior del Tribunal Electoral, que no solo validó la sobrerrepresentación que hoy le permite a Morena hacer reformas constitucionales a su medida y sin contrapesos, sino además utilizar recursos públicos y claras herramientas de incidencia en la voluntad ciudadana.
Las elecciones del 2027 serán cruciales para el futuro de nuestra democracia y de la República.
Se abre la posibilidad de quitarle a Morena y sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y frenar con esto el cambio de régimen que está destruyendo la democracia, el equilibrio de poderes, el Estado de derecho y el federalismo.
Esto implica el fortalecimiento de la oposición y la urgente y convencida participación de la ciudadanía para la constitución de nuevas alternativas.
Pasa también por no hacerle el juego a la pretendida revocación del mandato y a la polarización que va a significar.
De la misma manera, no podemos dejar de señalar los riesgos que la reforma electoral en proceso traerá consigo para restringir derechos y perpetuar el Estado autoritario que ya estamos viviendo.
Revocación de mandato y reforma electoral son piezas clave de la 4T para hacer de las elecciones del 2027 un punto de no retorno en su pretensión de perpetuarse y, por lo tanto, un punto de quiebre para la libertad y la democracia en nuestro país.